MODALIDAD 40: ENTRE EL FRAUDE REAL Y EL DERECHO CANCELADO

*Eduardo Padilla

Miopinion .- La entrada en vigor, este 22 de octubre, de las nuevas reglas para la Modalidad 40 del IMSS ha encendido un debate que no admite matices tibios. El Consejo Técnico del organismo decidió acotar el Salario Base de Cotización para las nuevas incorporaciones: ya no se podrá cotizar con un sueldo superior al último registrado al momento de la baja, salvo un margen de una UMA, y desaparecen los pagos retroactivos. Las 798 mil personas ya pensionadas bajo este esquema, así como quienes estaban inscritos antes del decreto, conservan sus condiciones. El gobierno justifica la medida en la detección de fraudes multimillonarios; la oposición y los especialistas la califican de “decretazo” inconstitucional.

Hay un dato que incomoda a ambos bandos y que conviene poner sobre la mesa: la pensión promedio de los 798 mil pensionados por Modalidad 40 asciende a 25,694 pesos mensuales, con un salario pensionable promedio de 30,400 pesos y más de 26 años cotizados. No son “pensiones doradas” de 90 mil pesos como las que se mencionan en el debate público. Son, en muchos casos, el resultado de trabajadores que ahorraron por su cuenta para compensar los salarios raquíticos con los que fueron registrados ante el IMSS.

El argumento oficial del fraude es atendible: si existen redes que simulan empleos o venden semanas, deben ser investigadas y castigadas penalmente, no premiadas con una pensión vitalicia. Pero una cosa es perseguir al defraudador y otra muy distinta es cerrarle la puerta a quien cumple los requisitos de ley. El decreto no distingue entre el tramposo y el trabajador que, con esfuerzo, había planeado su retiro bajo reglas que el propio Estado le ofreció durante años. Eso no es combatir el fraude: es cancelar un derecho por decreto y trasladar el costo de la sospecha a miles de personas que no delinquieron.

El verdadero trasfodo, como advierten analistas, es presupuestal. El gasto en pensiones presiona unas finanzas públicas ya comprometidas, y la Modalidad 40 se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Pero si el problema es la sostenibilidad del sistema, la solución no puede ser una medida sorpresiva, sin socialización previa y con vocación de permanencia vía decreto, cuando la propia ley exige una reforma del Congreso. La improvisación legislativa de los últimos años tiene un costo: la certeza jurídica de los trabajadores.

Quienes hoy tienen 55 años y planeaban inscribirse en la Mofalidad 40 para mejorar su pensión quedan, de un día para otro, sin esa vía. Y el mensaje que reciben es contundente: ahorrar por cuenta propia para un retiro digno ya no es una opción confiable si el Estado puede cambiar las reglas a mitad del camino. Eso, más que cualquier fraude, erosiona la confianza en el sistema pensionario.

La Modalidad 40 no desaparece, pero queda irreconocible. Si el gobierno quería enviar un mensaje de combate a la corrupción, lo hizo a costa de los eslabones más débiles de la cadena: los trabajadores que jugaron con las reglas que el propio IMSS escribió. Perseguir al tramposo no debería implicar castigar al cumplido.