POR: EL ECONOMISTA
Eduardo Ruiz-Healy
Las dos riñas del 8 y 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, al sur de Mazatlán, dejaron 12 muertos y al menos 16 heridos. En la primera se utilizaron armas de fuego y murió un niño de dos años que visitaba a su familia. En la segunda, dos presos murieron apuñalados. La CNDH advirtió hace años sus deficiencias de seguridad, vigilancia y personal en esa cárcel.
Luego, el sábado, Omar García Harfuch anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal construirá otra cárcel en Sinaloa. El gobierno sinaloense pondrá el terreno. Se habla de Culiacán como posible sede, pero se desconocen el costo, la capacidad y el inicio de la obra. Tampoco se ha dicho quién la administrará ni qué tipo de presos estarán ahí.
Esto importa. ¿De qué sirve construir otra cárcel si no se corrigen las fallas que permitieron introducir armas a El Castillo? Un edificio nuevo no garantiza que los presos dejen de controlar lo que sucede dentro. Culiacán, además, es el centro de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, que comenzó en septiembre de 2024. Además, el 17 de octubre de 2019, durante el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, 51 presos escaparon de la cárcel de Aguaruto, en Culiacán.
También importa dónde construirla. Las zonas serranas de Badiraguato y Choix registran presencia del crimen organizado. Otras regiones presentan dificultades de acceso, abastecimiento y vigilancia. No basta con un terreno. Hay que determinar si los carceleros podrán trabajar sin amenazas y si las autoridades serán capaces de impedir que las organizaciones criminales sigan dando órdenes desde el interior.
La Constitución ofrece una alternativa. Su artículo 18 permite que los sentenciados por delincuencia organizada y quienes requieren medidas especiales de seguridad cumplan sus condenas lejos de su domicilio. No todos los presos tienen que permanecer en el estado donde cometieron sus delitos o donde operan sus organizaciones. La posibilidad de trasladarlos existe, aunque cada caso depende de su situación jurídica.
Una cárcel nueva en Sinaloa podría servir para alojar a presos del fuero común que no representen un riesgo elevado. Para ellos se necesitan instalaciones adecuadas, carceleros bien seleccionados y supervisión permanente. Otra cosa sería si alberga a integrantes de las organizaciones que llevan más de dos años enfrentándose por el control del estado. En ese caso, el gobierno correría el riesgo de gastar recursos federales en una cárcel que terminaría padeciendo los mismos problemas que pretende resolver.
En Estados Unidos funciona ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad situada en Colorado, diseñada para mantener bajo controles excepcionales a delincuentes considerados de alta peligrosidad. No se trata de copiar ese modelo, sino de entender por qué resulta importante separar a ciertos presos de las regiones donde sus organizaciones tienen mayor influencia. México necesita cárceles donde la seguridad no dependa de los acuerdos que puedan establecer los presos con los carceleros, y donde las autoridades tengan el control efectivo de lo que ocurre dentro.
El mejor lugar para encerrar delincuentes sinaloenses de alta peligrosidad no es Sinaloa.
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