Dr. José Antonio Quintero Contreras

México enfrenta una paradoja presupuestal en materia de agua. El Gobierno Federal reconoce al sector hídrico como estratégico e incrementa considerablemente los recursos para determinados proyectos hidroagrícolas; sin embargo, al mismo tiempo reduce uno de los programas específicamente orientados a apoyar la rehabilitación y conservación de los sistemas de riego que ya están en operación.

La discusión es particularmente relevante porque todavía hablamos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 (PPEF). La Cámara de Diputados aún tiene oportunidad de revisar la distribución de los recursos antes de su aprobación definitiva.

Los Criterios Generales de Política Económica 2027 plantean que la inversión física del sector público crecerá 3.5% en términos reales. Entre las prioridades de inversión del PPEF 2027 se contemplan 22,761.9 millones de pesos para obras hidráulicas de CONAGUA, mientras que los nuevos proyectos ferroviarios concentran 150,875.6 millones de pesos. Esto equivale a alrededor de 6.6 pesos para nuevos trenes por cada peso destinado a obras hidráulicas. La comparación no cuestiona la importancia de los ferrocarriles; muestra la jerarquía presupuestal. En un país con sequías recurrentes, presión sobre sus fuentes de abastecimiento y grandes necesidades de modernización hidráulica, el PPEF 2027 coloca a los trenes muy por encima del agua, pese a que la seguridad hídrica condiciona la producción de alimentos, el abastecimiento urbano y la capacidad productiva del país.

En el caso específico de CONAGUA, su presupuesto ascendería a aproximadamente 39,797 millones de pesos, con un crecimiento real cercano al 2.3% respecto de 2026. Sin embargo, la composición del gasto merece atención: mientras el gasto corriente aumentaría alrededor de 8.9% real, el destinado a inversión registraría una reducción aproximada de 0.5%.

Existe, ciertamente, una señal positiva. El programa K026, Infraestructura en materia hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones, pasaría de alrededor de 4,814 millones de pesos en 2026 a 9,184.7 millones en 2027. Prácticamente duplicar esos recursos constituye un esfuerzo importante.

Pero hay que observar la otra cara del presupuesto.

El U217, Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, disminuiría de aproximadamente 1,932.9 millones a 1,514.7 millones de pesos, una reducción nominal de 21.6%. Este instrumento resulta particularmente relevante porque permite apoyar a los usuarios en acciones de rehabilitación, tecnificación, conservación, construcción y equipamiento de los sistemas hidroagrícolas.

No significa que todo el gasto federal destinado al mantenimiento del sector disminuya en esa proporción. Sería incorrecto afirmarlo, porque existen otros programas que también financian rehabilitación y modernización. Lo que sí muestran las cifras es que uno de los principales instrumentos de apoyo directo para preservar y mejorar la infraestructura existente tendrá menos recursos en 2027.

Para Sinaloa, esta discusión tiene una dimensión especial.

En 2024 se sembraron 767,965 hectáreas, de las cuales 630,988 —el 82.2%— fueron cultivadas bajo riego, en un año en que la producción agrícola rondó los 8.99 millones de toneladas. Es difícil encontrar una relación más clara entre disponibilidad de agua, infraestructura hidráulica y capacidad productiva.

Sinaloa cuenta actualmente con nueve distritos de riego federales y 13 presas. Pero su importancia no radica solamente en el número de obras, sino en la actividad económica que éstas hacen posible. En nuestro estado, mantener funcionales canales, drenes, compuertas, sistemas de medición y redes de distribución significa preservar buena parte de la plataforma que sostiene la agricultura.

Además, esa plataforma continúa creciendo. El sistema asociado a Picachos incorporó alrededor de 22,500 hectáreas al riego, mientras que el Distrito de Riego 114 Presa Santa María contempla 24,250 hectáreas regables. Son obras estratégicas para el desarrollo del sur de Sinaloa, pero representan también nuevos compromisos de operación y mantenimiento durante décadas.

Ése es precisamente el punto que debería ocupar un lugar central en la política presupuestaria: cada nueva obra hidráulica crea simultáneamente una nueva obligación de conservación.

Durante buena parte del siglo XX México construyó presas, canales y distritos que hicieron posible el desarrollo agrícola de regiones enteras. El desafío de nuestra generación consiste no solamente en ampliar esa infraestructura, sino en impedir que los activos construidos durante décadas pierdan capacidad por falta de mantenimiento oportuno, medición, automatización y modernización.

El propio CGPE reconoce que una mayor frecuencia o intensidad de fenómenos climáticos extremos puede afectar la producción agropecuaria y la infraestructura, y señala que la tecnificación y un uso más eficiente del agua pueden elevar la productividad y fortalecer la resiliencia de la economía.

El diagnóstico gubernamental, por tanto, reconoce correctamente el problema. El reto es lograr que la distribución presupuestal sea plenamente congruente con ese diagnóstico.

La Cámara de Diputados tiene todavía la oportunidad de fortalecer el U217, establecer esquemas multianuales de conservación y garantizar que las nuevas obras hidroagrícolas nazcan acompañadas de recursos suficientes para su operación, mantenimiento y modernización.

Porque la seguridad hídrica de México no debe medirse solamente por las obras que somos capaces de construir, sino también por las que somos capaces de mantener funcionando eficientemente veinte, treinta o cincuenta años después.