Por Alfredo Inzunza.

Cada año, al aproximarse diciembre, diversas universidades públicas estatales mexicanas enfrentan una situación recurrente: dificultades para cubrir nóminas, aguinaldos y prestaciones laborales. Mientras el Gobierno Federal establece como objetivos ampliar la cobertura educativa, garantizar la gratuidad e impulsar la investigación, numerosas instituciones deben gestionar recursos extraordinarios para cumplir sus obligaciones básicas.

El problema no es exclusivamente de liquidez. Es resultado de un modelo presupuestario que durante años ha acumulado desequilibrios estructurales.

Un déficit superior a 55 mil millones de pesos.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) estima un déficit financiero acumulado de 55,400 millones de pesos entre 2019 y 2026 en las universidades públicas estatales.

Entre sus principales causas destacan la diferencia entre la inflación presupuestada y la observada, el incremento de obligaciones salariales, los pasivos pensionarios y la reducción de fondos extraordinarios destinados a infraestructura e investigación.

Para enfrentar este escenario, ANUIES solicitó una ampliación de 36,800 millones de pesos, de los cuales 9,500 millones serían de aplicación inmediata en 2027 y 27,300 millones se incorporarían gradualmente para financiar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

Es importante distinguir ambos conceptos: el déficit acumulado refleja un rezago histórico, mientras que la ampliación solicitada representa una propuesta de financiamiento adicional.

El compromiso constitucional pendiente.

El artículo 3.º constitucional reconoce la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Asimismo, el artículo 119 de la Ley General de Educación establece que al menos 1% del Producto Interno Bruto debe destinarse a educación superior, investigación científica y humanística, desarrollo tecnológico e innovación en instituciones públicas.

Este porcentaje corresponde al conjunto de esas actividades, no exclusivamente a las universidades estatales.

Por su parte, el artículo 64 de la Ley General de Educación Superior contempla un fondo federal especial para garantizar progresivamente la gratuidad y obligatoriedad.

La contradicción es evidente: ¿cómo ampliar derechos educativos sin construir simultáneamente los mecanismos financieros para garantizarlos?

Sinaloa: una muestra de las desigualdades presupuestarias.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) informó que requiere aproximadamente 1,380 millones de pesos para cubrir sus compromisos laborales de fin de año: 840 millones para aguinaldos y 540 millones para las últimas dos quincenas de diciembre.

Sin embargo, el problema también comprende importantes desigualdades en la distribución de recursos.

Según información oficial de la Secretaría de Educación Pública, durante 2026 la UAS recibió un subsidio ordinario federal y estatal equivalente a aproximadamente 60,067 pesos por estudiante, mientras que la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) registró 34,443 pesos.

Aunque ambas instituciones presentan diferencias en matrícula, niveles educativos y estructura operativa, la disparidad evidencia la necesidad de revisar los criterios de asignación presupuestaria.

El financiamiento no debería depender únicamente de inercias históricas, sino de las necesidades educativas reales.

Tres propuestas para combatir el rezago.

Primera: establecer un financiamiento plurianual con actualización automática.

La Federación y los estados deberían establecer convenios presupuestarios de tres a cinco años, sujetos a aprobación legislativa anual, con reglas de actualización que consideren inflación efectiva, crecimiento de matrícula, salarios y necesidades de infraestructura.

Esto permitiría otorgar certidumbre financiera, evitando que cada diciembre se convierta en una negociación extraordinaria para cumplir obligaciones previsibles.

Segunda: crear un fondo de compensación y equidad presupuestaria.

A partir del fondo federal especial previsto en la legislación, podrían establecerse recursos destinados a disminuir progresivamente las diferencias de financiamiento por estudiante entre universidades.

La distribución debería considerar matrícula, costos por programa académico, investigación, infraestructura y condiciones socioeconómicas regionales.

Los 27,300 millones de pesos propuestos por ANUIES podrían constituir una referencia inicial para su implementación gradual, sin sustituir el subsidio ordinario.

Tercera: impulsar un programa nacional de saneamiento financiero universitario.

Se necesita atender los pasivos laborales y pensionarios mediante diagnósticos actuariales, reestructuración de obligaciones y acuerdos de corresponsabilidad entre Federación, estados e instituciones.

El acceso a recursos extraordinarios debería acompañarse de transparencia, auditorías, indicadores de desempeño y planes de sostenibilidad financiera, respetando plenamente la autonomía universitaria.

También es indispensable fortalecer los ingresos complementarios mediante investigación aplicada, educación continua, transferencia tecnológica y vinculación empresarial, sin reemplazar las obligaciones presupuestarias del Estado.

El costo de continuar posponiendo.

La insuficiencia presupuestaria afecta directamente a los estudiantes. ANUIES advierte que aproximadamente 211,000 jóvenes abandonan anualmente la educación superior pública y que 76% de esos casos se relaciona con dificultades económicas.

Sin financiamiento suficiente, las universidades limitan contrataciones, equipamiento, programas académicos y oportunidades de acceso.

Pero aumentar recursos tampoco garantiza resultados si no existen mecanismos efectivos de planeación y rendición de cuentas.

México necesita abandonar la lógica de los rescates presupuestarios de diciembre y adoptar una política de financiamiento sostenible.

Porque la verdadera interrogante no es cuánto le cuesta al Estado sostener sus universidades públicas, sino cuánto le costará al país continuar limitando su capacidad para formar profesionistas, generar conocimiento y promover movilidad social.

La educación superior no puede seguir dependiendo de negociaciones extraordinarias. Debe convertirse en una prioridad presupuestaria permanente, verificable y sostenible.