Entre Veredas 

Marco Antonio Lizárraga

“Solo sé que no sé nada”, Sócrates (c. 470–399 a. C.).

FUERA MÁSCARAS

Mario Zamora Gastélum ha decidido terminar con las especulaciones. Quiere ser gobernador de Sinaloa en 2027 y lo dice sin rodeos. 

Pero detrás de esa declaración existe una discusión política mucho más amplia que su aspiración personal: la posibilidad de construir un frente opositor, la necesidad de encontrar coincidencias entre partidos que tienen intereses propios y, sobre todo, la obligación de presentar una alternativa de gobierno que responda a las condiciones que actualmente enfrenta la entidad. 

Porque una cosa es manifestar la intención de gobernar y otra, muy distinta, construir el proyecto político, social y electoral que permita disputar esa responsabilidad.

Durante su conferencia en Mazatlán, el diputado federal priista expresó una frase que merece analizarse: no busca una candidatura, busca ser gobernador. La diferencia no es menor. 

Con ese planteamiento, Zamora intenta colocar la discusión más allá de las negociaciones entre dirigencias y de la distribución de posiciones dentro de una eventual alianza. 

Sin embargo, en términos políticos y legales, cualquier aspiración de esa naturaleza requiere primero resolver el procedimiento de postulación.

Ahí aparece su primer desafío: convencer a su propio partido, construir entendimientos con otras fuerzas políticas y presentar una propuesta que pueda ser examinada por ciudadanos que no necesariamente comparten su militancia.

El contexto es particularmente interesante porque, mientras Zamora habla de un frente opositor, en Sinaloa comienzan a discutirse distintas combinaciones partidistas rumbo a 2027. PAN, PRI y Partido Sinaloense han mantenido acercamientos, mientras que entre comentaristas y analistas también se menciona la posibilidad de una alianza entre PAN, Movimiento Ciudadano y PAS. 

Son escenarios diferentes que todavía no pueden confundirse con acuerdos formales. Movimiento Ciudadano ha expresado reservas frente a las coaliciones, el PAS sostiene que cuenta con estructura para competir solo y el PAN deberá definir sus prioridades. Por su parte, el PRI tiene que establecer qué papel pretende desempeñar en una negociación donde no necesariamente todas las fuerzas compartirán los mismos intereses.

Aquí surge una pregunta que merece especial atención: ¿puede construirse una alianza alrededor de una candidatura o debe construirse primero un proyecto común? La experiencia política muestra que los acuerdos electorales requieren resolver ambas cuestiones, pero su legitimidad ante la ciudadanía depende de algo más que sumar siglas. 

Una coalición tendría que explicar qué propone hacer con la seguridad, la economía, los servicios públicos y las necesidades de los municipios. También tendría que establecer mecanismos para seleccionar candidaturas sin convertir la negociación en una disputa exclusivamente entre dirigentes. 

La aspiración de Mario Zamora se incorpora a ese escenario, pero no lo resuelve por sí misma.

Hay otro elemento que distingue su posicionamiento: el diputado ha decidido vincular su aspiración con la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. 

Y aquí conviene detenerse, porque Sinaloa enfrenta necesidades que no pueden analizarse únicamente desde la competencia electoral. 

La inseguridad ha tenido consecuencias sobre la actividad económica y la vida cotidiana, mientras que los sectores agrícola, pesquero y comercial mantienen demandas específicas. Zamora sostiene que el proyecto presupuestal no contempla recursos extraordinarios suficientes para atender esas condiciones. 

Es un señalamiento que merece revisión detallada de las partidas, sus reglas de operación y los programas existentes, antes de concluir si la entidad recibirá o no la atención que requiere.

Su llamado a los diputados federales sinaloenses para impulsar recursos destinados a la comercialización del maíz y el trigo introduce una discusión que debería superar las diferencias partidistas. 

El campo no puede depender exclusivamente de declaraciones de respaldo ni de compromisos generales. Los productores necesitan conocer qué instrumentos estarán disponibles, bajo qué condiciones podrán acceder a ellos y qué mecanismos permitirán enfrentar los problemas de precios y costos. 

En este punto, la propuesta de Zamora puede contrastarse con las posiciones de los legisladores de Morena y sus aliados, pero también con las decisiones que adopten las autoridades responsables de la política agrícola. El resultado de esa discusión tendrá consecuencias más allá de cualquier candidatura.

En materia de seguridad, el priista plantea una observación que merece una lectura institucional: la presencia de fuerzas federales no sustituye la necesidad de fortalecer a las policías estatales y municipales. 

Son responsabilidades complementarias. Los operativos pueden atender situaciones inmediatas, pero la seguridad pública también requiere corporaciones locales con capacitación, equipamiento, condiciones laborales adecuadas y mecanismos efectivos de supervisión. 

Su propuesta de incrementar la inversión en estas instituciones abre un debate necesario sobre cuánto se destina actualmente, cómo se ejerce y qué resultados produce. Porque aumentar presupuestos, sin evaluar capacidades y desempeño, tampoco garantiza por sí mismo una mejora en la seguridad.

En cuanto al proyecto de tren de pasajeros entre Mazatlán y Los Mochis, promovido públicamente por Imelda Castro, Zamora cuestiona la ausencia de una partida específica en el presupuesto que revisó. Aquí también es importante distinguir entre anunciar una iniciativa, desarrollar sus estudios técnicos y contar con financiamiento autorizado para ejecutarla. 

La observación del legislador apunta a la necesidad de conocer en qué etapa se encuentra realmente el proyecto y cuáles serían sus fuentes de financiamiento. 

No basta con presentar una obra como posibilidad de desarrollo; también deben explicarse su viabilidad, sus costos y los tiempos previstos para convertirla en realidad.

Ahora bien, todos estos planteamientos también tienen una dimensión electoral que no debe ignorarse. Mario Zamora es diputado federal, pero al mismo tiempo ha manifestado su intención de participar en la sucesión gubernamental. 

Eso significa que sus propuestas y cuestionamientos estarán sujetos a una doble lectura: como parte de sus responsabilidades legislativas y como elementos de su posicionamiento político. 

La mejor manera de distinguir ambas dimensiones será observar qué iniciativas presenta, qué gestiones documenta, cuáles prosperan y cómo informa sobre sus resultados. La actividad parlamentaria ofrece herramientas para impulsar cambios antes de que comience formalmente una campaña.

Tampoco puede pasar inadvertido que el PRI enfrenta sus propias decisiones internas. La aspiración de Zamora no equivale a una designación automática, y cualquier posibilidad de encabezar un frente más amplio tendría que considerar a los cuadros y procedimientos de los demás partidos. 

En una eventual coalición, las candidaturas no deberían definirse exclusivamente por antigüedad, trayectoria o acuerdos entre dirigencias, sino mediante criterios conocidos que permitan evaluar propuestas, antecedentes y respaldo ciudadano. Esa discusión será especialmente importante si finalmente participan PAN, PAS o alguna otra fuerza política.

Hay, además, una reflexión que corresponde hacer sobre la oposición en su conjunto. Señalar las dificultades de un gobierno forma parte de la competencia democrática, pero construir una alternativa exige explicar cómo se resolverían esas dificultades, con qué recursos y mediante cuáles instituciones. 

La seguridad, la comercialización agrícola, la recuperación económica y la infraestructura no son asuntos que comiencen o terminen con una elección. Son responsabilidades públicas que requieren continuidad, coordinación y decisiones verificables. Por eso, la discusión rumbo a 2027 debería permitir contrastar propuestas concretas entre quienes aspiran a gobernar y quienes defienden la continuidad de las políticas actuales.

La conferencia de Mario Zamora deja, entonces, dos asuntos sobre la mesa. El primero es político: su aspiración está expresada y habrá que observar cómo se desarrolla dentro del PRI y en las conversaciones sobre una posible alianza. 

El segundo es legislativo y económico: ha planteado cuestionamientos específicos sobre el presupuesto federal que pueden discutirse desde ahora, sin esperar a los tiempos electorales. 

Ambos asuntos están relacionados, pero conviene examinarlos por separado para que el debate público no termine subordinando las necesidades de Sinaloa a las aspiraciones personales de sus protagonistas.

Porque la sucesión gubernamental de 2027 no debería convertirse únicamente en una competencia por determinar quién encabeza una candidatura. 

Sinaloa necesita discutir qué políticas pueden contribuir a recuperar la tranquilidad, fortalecer sus actividades productivas y mejorar las oportunidades de sus habitantes. Mario Zamora ha expuesto su intención de participar y ha colocado propuestas y críticas que merecen análisis. 

Corresponderá a las demás fuerzas políticas presentar sus propias respuestas y a la ciudadanía valorar los argumentos, las trayectorias y los resultados.

Al final, querer ser gobernador es una aspiración legítima dentro de la vida democrática. 

Pero el debate verdaderamente importante no consiste en quién expresa primero esa intención, sino en qué propone hacer con la responsabilidad de gobernar. 

Y esa es una conversación que Sinaloa necesita sostener con seriedad, más allá de las siglas, las alianzas y los nombres que aparezcan en la boleta.

CUENTAS

En Rosario, el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Liliana Valdez Aguilar permite observar una administración que ha concentrado parte de sus esfuerzos en atender necesidades de infraestructura, servicios públicos y recuperación de espacios comunitarios. 

Los resultados presentados ante el Cabildo reflejan una agenda de inversiones que, más allá de las cifras, merece analizarse por su relación con las condiciones de vida de las familias rosarenses. 

En un municipio donde las comunidades rurales representan una parte importante de su territorio, llevar obras y servicios fuera de la cabecera municipal constituye una responsabilidad que exige continuidad y planeación.

Uno de los aspectos que llama la atención es la inversión de 13.3 millones de pesos en infraestructura deportiva y recreativa. 

La rehabilitación de canchas, parques y espacios destinados a distintas disciplinas tiene una dimensión social que no debe pasar inadvertida. El deporte representa una oportunidad de convivencia, formación y aprovechamiento del tiempo libre, particularmente entre niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, el verdadero alcance de estas inversiones dependerá también del mantenimiento de las instalaciones y de que existan programas que permitan utilizarlas de manera permanente.

En infraestructura básica, el Ayuntamiento reportó inversiones en pavimentación, electrificación, drenaje, agua potable, reparación de caminos y alumbrado público. Son rubros que pocas veces generan grandes discusiones políticas, pero que tienen consecuencias directas en la vida cotidiana. 

Para Rosario, mejorar el suministro de agua, la conectividad de las comunidades y los servicios urbanos significa atender rezagos que requieren recursos constantes. La administración de Valdez Aguilar ha colocado estas necesidades dentro de su balance de gobierno, aunque corresponderá evaluar la cobertura y los resultados específicos de las obras realizadas.

Hay otro elemento que merece atención: el manejo de las finanzas municipales. La alcaldesa informó una reducción del 30 por ciento en el consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento y un incremento del 28 por ciento en la recaudación del impuesto predial. 

Ambos indicadores, de confirmarse en los registros administrativos, permitirían examinar avances en eficiencia operativa y capacidad de ingresos propios. Esto resulta importante porque los municipios no pueden depender exclusivamente de las transferencias estatales y federales; también necesitan fortalecer su administración para sostener los servicios que prestan a la población.

En materia de vivienda, la formalización de la donación de un terreno para desarrollar 544 casas dentro del programa federal Viviendas del Bienestar representa un avance administrativo que abre expectativas para familias del municipio. 

No obstante, debe distinguirse entre contar con el terreno y comenzar la construcción. 

Todavía será necesario conocer los plazos, la infraestructura complementaria y los criterios de asignación. La coordinación con los gobiernos estatal y federal será determinante para que el proyecto avance de los procedimientos documentales a su ejecución.

Políticamente, el informe también muestra la importancia de la relación institucional entre el Ayuntamiento y los otros órdenes de gobierno. 

Claudia Liliana Valdez reconoce las aportaciones estatales y federales, una coordinación que puede ampliar las posibilidades de inversión municipal. 

Pero esa colaboración no elimina la responsabilidad del gobierno local de informar con claridad qué obras están concluidas, cuáles permanecen en proceso y qué compromisos deberán atenderse durante el siguiente año.

Porque gobernar un municipio como Rosario no consiste solamente en anunciar inversiones, sino en procurar que los recursos lleguen a las comunidades y se traduzcan en servicios que funcionen. 

El balance presentado por Claudia Liliana Valdez Aguilar ofrece elementos para analizar su gestión y establece compromisos que deberán seguirse de cerca. 

Al final, la mejor manera de valorar un informe no está en la cantidad de cifras presentadas ante el Cabildo, sino en las mejoras que los habitantes puedan reconocer en sus calles, sus colonias y sus comunidades.

RECONOCIMIENTO 

El homenaje que el Congreso de Sinaloa rindió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano invita a reflexionar sobre una generación de políticos que contribuyó a transformar las reglas de la competencia democrática en México. Su participación en el movimiento de 1988, la fundación del PRD y su triunfo electoral en la Ciudad de México en 1997 forman parte de una trayectoria que trascendió las diferencias partidistas. Cárdenas representó una corriente política que defendió la apertura electoral, la organización ciudadana y la posibilidad de construir alternativas desde la oposición.

Hay un aspecto que merece destacarse de los posicionamientos de Manuel de Jesús Guerrero Verdugo y Rodolfo Valenzuela Sánchez: la democracia no puede entenderse únicamente como la celebración periódica de elecciones. También implica instituciones confiables, libertades políticas y condiciones sociales que permitan a la población ejercer plenamente sus derechos. Esa visión, presente en buena parte del pensamiento político de Cárdenas, conserva vigencia frente a los desafíos actuales del país.

El homenaje adquiere un significado especial tras su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre. Cárdenas fue una figura de la izquierda mexicana, pero su contribución a la apertura democrática forma parte de una historia que pertenece a distintas generaciones y corrientes políticas. Reconocer esa trayectoria no implica ignorar las controversias de su tiempo, sino comprender la importancia de preservar el pluralismo y las instituciones que hicieron posible una competencia electoral más abierta. 

La reflexión que deja este reconocimiento es sencilla: la democracia no se hereda ni se conserva únicamente mediante homenajes. Se fortalece cuando quienes hoy ejercen el poder respetan los derechos que otros defendieron desde la oposición. Ese sería, quizá, el mejor reconocimiento a la memoria de Cuauhtémoc Cárdenas: mantener vigentes las libertades, el diálogo y el respeto a la voluntad ciudadana.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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