Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles”, René Descartes (1596-1650)
CONDICIONES
El proceso interno de Morena en Sinaloa comienza a entrar en una etapa donde las aspiraciones personales tendrán que confrontarse con las reglas de selección, las decisiones nacionales y una realidad que ningún partido puede ignorar: la competencia por los espacios de representación también pone a prueba la cohesión de sus estructuras.
La senadora con licencia Imelda Castro Castro, coordinadora estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, ha dejado una definición que merece analizarse con detenimiento: encuesta, revisión de antecedentes y paridad de género serán los criterios para determinar quiénes encabezarán las coordinaciones municipales y distritales federales.
Tres elementos que, en el discurso, buscan establecer un procedimiento ordenado, pero cuya aplicación plantea interrogantes sobre transparencia, facultades y aceptación de resultados.
La primera cuestión es comprender el alcance de la responsabilidad de Imelda Castro. Aunque encabeza la coordinación estatal y sostendrá reuniones con los aspirantes de los 20 municipios y siete distritos federales, ha señalado que no tiene facultades para impulsar, bloquear o decidir registros.
La definición, según sus declaraciones, corresponde a los órganos nacionales del partido. Esta separación entre acompañamiento territorial y decisión centralizada resulta importante, porque coloca a la coordinadora en una posición de interlocución con los grupos políticos locales, sin atribuirle formalmente la facultad de resolver sus aspiraciones.
Sin embargo, también genera una expectativa que tendrá que administrarse: escuchar a todos no significa tener capacidad para responder favorablemente a sus demandas, y participar en una reunión no constituye garantía de respaldo institucional.
De los 27 encuentros programados, Castro ha realizado tres en Angostura, Salvador Alvarado y Navolato, mientras mantiene pendientes las reuniones correspondientes a los demás municipios y distritos federales.
Su tarea consiste en mantener comunicación con participantes que, en muchos casos, representan trayectorias, equipos y proyectos políticos diferentes. La disposición al diálogo que ha referido en los primeros encuentros constituye un punto de partida, aunque la prueba más compleja llegará cuando comiencen a conocerse las definiciones.
Es relativamente sencillo hablar de unidad mientras todas las aspiraciones permanecen abiertas; resulta más difícil sostenerla cuando una decisión deja fuera a quienes también invirtieron tiempo, organización y expectativas en el proceso.
El mecanismo anunciado contiene un elemento que merece especial atención: el denominado “escáner” de antecedentes. Imelda Castro explicó que Morena pretende revisar información vinculada con la integridad de los aspirantes mediante consultas que involucrarían a instituciones federales como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República.
La intención declarada es incorporar controles preventivos antes de las eventuales postulaciones electorales, pero todavía existen preguntas importantes sobre su funcionamiento. No se han detallado públicamente los parámetros de evaluación, las circunstancias que podrían generar una exclusión ni los mecanismos mediante los cuales una persona podría conocer y responder observaciones sobre su trayectoria.
La diferencia no es menor. Una investigación abierta, un señalamiento público, una observación administrativa y una resolución firme no representan jurídicamente lo mismo, por lo que cualquier procedimiento de revisión necesita distinguir esas circunstancias.
También debe esclarecerse qué información puede compartirse legalmente entre autoridades e instancias partidistas, bajo qué fundamento y con cuáles garantías de protección de datos personales.
Si Morena pretende utilizar estos filtros como parte de sus mecanismos internos de selección, tendrá que explicar suficientemente sus reglas para evitar que la falta de información sobre el procedimiento genere controversias.
La integridad de quienes aspiran a responsabilidades públicas es un asunto legítimo de interés ciudadano, pero su evaluación debe desarrollarse mediante criterios verificables y respetuosos de los derechos de los participantes.
La encuesta constituye el segundo componente del procedimiento y probablemente uno de los que generará mayor discusión interna.
Las mediciones de opinión pueden ofrecer información sobre conocimiento público, percepción ciudadana y otros indicadores, pero su interpretación depende de la metodología utilizada.
No es lo mismo preguntar por reconocimiento de nombre que por preferencias, ni resulta equivalente consultar a militantes, simpatizantes o población general. Si las encuestas serán principalmente telefónicas y estarán bajo responsabilidad de la dirigencia nacional, será importante conocer los criterios de selección de participantes, las fechas de levantamiento, los márgenes de error y la forma en que se integrarán los resultados con los demás requisitos anunciados.
El tercer elemento es la paridad de género, que no puede tratarse como una consideración secundaria ni como un ajuste de última hora. Morena deberá conciliar los resultados de sus mediciones con las obligaciones legales y los criterios internos para garantizar la participación de las mujeres.
En septiembre, Imelda Castro explicó que, para municipios como Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, el partido contemplaba una distribución que respetara la paridad dentro de los bloques correspondientes.
Ese antecedente permite comprender que una medición individual no necesariamente resolverá por sí sola todas las designaciones. La pregunta será cómo se aplicarán conjuntamente los criterios de encuesta, revisión de antecedentes y género, y si los participantes conocerán esas reglas antes de recibir los resultados.
Hay, además, una circunstancia que coloca a Imelda Castro en una posición política particularmente delicada.
La senadora con licencia fue seleccionada para encabezar la coordinación estatal mediante una encuesta interna cuyos resultados se dieron a conocer a finales de septiembre.
Ahora le corresponde acompañar un procedimiento semejante en los municipios, aunque ha insistido en que las decisiones no estarán en sus manos. Esa dualidad exige distinguir entre su autoridad como coordinadora estatal y las facultades formales de los órganos nacionales.
Su capacidad de interlocución será relevante para escuchar a los distintos grupos, pero la confianza en el proceso dependerá también de que las decisiones puedan explicarse con reglas conocidas y resultados verificables.
La discusión tampoco termina dentro de Morena.
El Partido Verde y el Partido del Trabajo mantienen aspiraciones y estructuras propias en diversos municipios, de manera que las coordinaciones internas deberán distinguirse de las candidaturas que eventualmente correspondan a una coalición.
Las negociaciones entre partidos pueden incorporar criterios y acuerdos adicionales, pero deberán desarrollarse conforme a sus respectivas disposiciones. La dirigencia morenista ha expresado que primero deben realizarse las encuestas y después construirse los acuerdos con los aliados, una secuencia que plantea la necesidad de definir cómo se integrarán las propuestas de cada organización sin confundir los procedimientos de selección.
El calendario añade presión a estas decisiones. Imelda Castro había señalado que los primeros nombramientos municipales podrían conocerse hacia mediados de noviembre, por lo que el periodo disponible para las reuniones, las revisiones y las mediciones resulta relativamente breve.
La coordinación estatal tendrá que atender a los aspirantes, mientras los órganos nacionales desarrollan sus procedimientos y comunican las determinaciones correspondientes.
La rapidez puede ser necesaria para avanzar en la organización territorial, pero no debería sustituir la claridad de los criterios. Un proceso que pretende fortalecer la unidad requiere que quienes participan comprendan cómo se toman las decisiones, incluso cuando los resultados no correspondan a sus expectativas.
La expresión utilizada por Imelda Castro, “encuesta, escáner y género”, resume un método que todavía necesita explicaciones operativas. Cada componente responde a una finalidad distinta: conocer opiniones, revisar antecedentes y cumplir con la paridad. El verdadero desafío consiste en establecer cómo se relacionarán esos elementos cuando produzcan resultados que no coincidan.
Una persona puede obtener reconocimiento en una encuesta y enfrentar observaciones en una revisión; otra puede cumplir los requisitos de integridad y quedar sujeta a la distribución de espacios por género. Resolver esas circunstancias mediante reglas previamente establecidas será indispensable para evitar que las decisiones parezcan discrecionales.
En el fondo, el proceso interno de Morena en Sinaloa pone sobre la mesa una cuestión que trasciende los nombres de quienes aspiran a encabezar las coordinaciones. Se trata de determinar si los mecanismos anunciados serán suficientemente transparentes para que los participantes conozcan sus alcances y la ciudadanía pueda distinguir entre una selección partidista y una candidatura electoral.
Imelda Castro ha definido su papel como acompañante institucional y ha colocado la decisión en manos de la dirigencia nacional. Corresponderá a esas instancias demostrar cómo se aplicaron los criterios, mientras la coordinación estatal deberá mantener abiertos los canales de diálogo entre quienes participaron.
Porque la unidad de un partido no se demuestra únicamente cuando todos levantan la mano en una reunión, sino también en la manera en que procesa sus diferencias después de una decisión.
Las encuestas pueden aportar información, las revisiones pueden contribuir a evaluar antecedentes y la paridad debe garantizar derechos, pero ninguno de esos elementos sustituye la obligación de explicar las reglas.
Al final, la discusión no debería limitarse a quién recibe una coordinación, sino a qué garantías existen para que cada designación sea comprensible, verificable y respetuosa de los procedimientos.
Esa será una de las pruebas institucionales más importantes de Morena en Sinaloa antes de llegar a las elecciones de 2027.
ANTECEDENTES
La diputada local Verónica Avilés Rochín ha construido una trayectoria política estrechamente vinculada con Badiraguato, particularmente con las comunidades serranas, donde ha desempeñado distintas responsabilidades públicas.
Su aspiración a la coordinación municipal de la Cuarta Transformación rumbo a 2027 representa una nueva etapa de participación política, respaldada por una experiencia que comprende la administración municipal, el trabajo territorial y la actividad legislativa.
Uno de los aspectos más visibles de su gestión ha sido la promoción turística de Surutato, donde ha impulsado la difusión de atractivos naturales y actividades que buscan generar movimiento económico para las familias de la región.
La reciente apertura del campo de cempasúchil, así como la promoción del ciclismo, el senderismo y otros encuentros recreativos, forman parte de una agenda orientada a diversificar las oportunidades de desarrollo en la sierra de Badiraguato.
Su paso por la sindicatura de Surutato, las responsabilidades desempeñadas en el Ayuntamiento y su actual presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado le han permitido conocer distintas dimensiones de la administración pública.
Esa experiencia constituye un elemento relevante de su trayectoria y ofrece antecedentes concretos para examinar sus propuestas, particularmente en un municipio donde la atención a las comunidades rurales requiere cercanía, continuidad y conocimiento de sus condiciones geográficas.
Ahora, dentro del proceso interno de Morena, Verónica Avilés tendrá la oportunidad de presentar ese trabajo ante los mecanismos de evaluación establecidos por su partido, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
Su participación incorpora a la discusión municipal temas como el desarrollo turístico, la actividad económica regional y la atención a las comunidades serranas.
Porque en Badiraguato, donde las distancias geográficas suelen representar también desafíos para el desarrollo, la experiencia territorial adquiere un significado particular.
Y la trayectoria de Verónica Avilés Rochín ofrece elementos para una discusión que merece centrarse en el trabajo realizado, las propuestas de futuro y las oportunidades de crecimiento para las familias del municipio.
CUENTAS
El Segundo Informe de Gobierno de Ana Miriam Ramos Villarreal deja una lectura importante sobre el rumbo de Culiacán: en medio de las dificultades que enfrenta la capital sinaloense, la administración municipal ha mantenido una agenda de infraestructura, servicios públicos y atención social que busca responder a necesidades acumuladas durante años.
La pavimentación de más de 500 calles y vialidades, las 276 acciones de vivienda social y la incorporación de nueve desarrollos habitacionales que contemplan más de 13 mil viviendas representan algunos de los resultados más relevantes del balance presentado ante el Cabildo, particularmente por su relación con las condiciones de vida de miles de familias.
Uno de los aspectos que merece destacarse es la atención a necesidades cotidianas que, aunque no siempre ocupan los principales espacios de la discusión política, tienen consecuencias directas en la población.
La puesta en operación de las plantas potabilizadoras Las Cucas y El Salado, los avances en infraestructura hidráulica y las más de 41 mil acciones relacionadas con alumbrado, mantenimiento y servicios municipales reflejan una agenda orientada a fortalecer el funcionamiento de la ciudad. Son intervenciones cuya importancia radica en que el desarrollo urbano no depende exclusivamente de grandes proyectos, sino también de la capacidad de garantizar agua, vialidades transitables y espacios públicos en condiciones adecuadas.
En materia educativa y social, la administración encabezada por Ramos Villarreal reportó acciones que buscan ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes. La aportación de terrenos para nuevos planteles escolares, la inauguración de la Secundaria Técnica número 101, la construcción de ocho canchas de fútbol con pasto sintético y la continuidad de las becas deportivas forman parte de una política municipal que incorpora la educación y el deporte como herramientas de desarrollo comunitario.
A ello se suman los programas de apoyo a emprendedores, particularmente a mujeres, y los servicios especializados de atención a sectores que requieren acompañamiento institucional.
La seguridad constituye, sin duda, uno de los desafíos más complejos para Culiacán, y precisamente por ello adquieren relevancia las acciones de recuperación de espacios públicos, las Jornadas de Paz y los programas dirigidos a la juventud.
Estas iniciativas no sustituyen las responsabilidades de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, pero pueden contribuir a fortalecer la convivencia y reconstruir vínculos comunitarios.
En ese terreno, la coordinación con los gobiernos estatal y federal resulta indispensable, como también lo es mantener una relación permanente con las colonias y sindicaturas para conocer sus necesidades y evaluar los resultados de las intervenciones.
Hay un elemento político que tampoco debe pasar inadvertido. Ana Miriam Ramos ha colocado la unidad, el diálogo y la coordinación institucional como ejes de su mensaje de gobierno, en un municipio donde las circunstancias exigen continuidad administrativa y capacidad de respuesta.
Su informe presenta avances concretos, aunque también reconoce pendientes que deberán atenderse durante el siguiente periodo. Esa combinación permite observar una administración que busca sostener su agenda de trabajo sin desconocer las dificultades del entorno, mientras los proyectos anunciados deberán seguir evaluándose conforme se traduzcan en beneficios efectivos para la población.
Porque gobernar Culiacán en las circunstancias actuales implica mucho más que administrar recursos y presentar estadísticas.
Significa mantener funcionando una ciudad, atender sus necesidades y construir condiciones para que las familias puedan desarrollar sus actividades cotidianas. El balance de Ana Miriam Ramos Villarreal ofrece elementos para reconocer el trabajo reportado en infraestructura y bienestar social, al tiempo que establece compromisos cuyo cumplimiento deberá observarse.
Y al final, más allá de cualquier informe, la obra pública adquiere verdadero significado cuando mejora la vida de las personas, porque las calles pavimentadas, el acceso al agua, las escuelas y los espacios recuperados son resultados que la ciudadanía puede reconocer en su propio entorno.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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