POR: EL ECONOMISTA

Eduardo Ruiz-Healy

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando ya se preparan las elecciones de 2027. Su salida no debería afectar la organización de estas elecciones. Pero su renuncia no aclara qué ocurrió con los recursos públicos después de que se conocieron acusaciones sobre contratos y proveedores relacionados con personas cercanas a ella.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por posibles irregularidades en contrataciones del INE y de organismos electorales estatales. Se investigan posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos. Entre los nombres mencionados aparece José Alfredo Hernández Casillas, empresario supuestamente vinculado personalmente con Taddei. Falta comprobar esas acusaciones. Es necesario conocer quién adjudicó los contratos, qué bienes o servicios se entregaron, cuánto se pagó y si se cumplieron las condiciones pactadas. Si no hubo anomalías, que se informe. Si las hubo, que se identifique a los responsables y se les castigue. La renuncia de Taddei no cambia ninguna de esas obligaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que la ahora expresidente del INE tomó una buena decisión al separarse del cargo y descartó que eso provoque una crisis institucional. Explicó que la ley establece cómo sustituirla y pidió investigar posibles abusos, privilegios y mal manejo de recursos públicos. Tiene razón en que el INE puede seguir trabajando. Pero una cosa es que el organismo funcione y otra que los ciudadanos confíen en sus decisiones.

Es un hecho que en México una investigación sobre actos corruptos pierde importancia al dejar de ser tema en los medios. Las investigaciones pueden prolongarse durante años sin que el público conozca sus resultados. En este caso el tiempo importa especialmente. La jornada electoral será el 6 de junio de 2027. Para entonces no bastará que las autoridades se limiten a informar que las auditorías continúan.

En 2027 se renovarán los 500 diputados federales y se elegirán miles de cargos locales, incluidas 17 gubernaturas. Habrá contiendas cerradas y partidos que impugnen resultados, como ocurre en cualquier elección competida. Lo preocupante será que los inconformes con los resultados electorales, además de discutir los votos, señalen que las investigaciones sobre Taddei y las otras personas señaladas de enriquecerse durante su gestión sigan inconclusas. No demostraría que hubo fraude electoral, pero añadiría dudas donde se necesita confianza.

Conviene no confundir a quienes toman las decisiones administrativas con los miles de trabajadores que organizan las casillas, capacitan a los ciudadanos y realizan los cómputos. Su experiencia no desaparece con la renuncia de una consejera. Tampoco se debe utilizar el caso para justificar recortes que afecten la organización de las elecciones. Es posible investigar el gasto y conservar la capacidad operativa del INE.

La Cámara de Diputados elegirá a quien ocupe la presidencia del INE. Importará su independencia, pero el nombramiento no puede ser el final de esta historia. Si llegan las campañas y no se conoce el resultado de las investigaciones, la renuncia solo habrá servido para cambiar a una persona, no para aclarar las dudas.

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