Darío Celis
Hay contratistas que ganan licitaciones. Y hay contratistas que atraviesan sexenios completos sin perder protagonismo.
En Baja California, pocos casos ilustran mejor esa realidad que el de Marco Antonio Santacruz Cuevas, un empresario que ha logrado mantenerse como pieza recurrente en los proyectos de infraestructura estatal sin importar los cambios de gobierno o de partido.
Su nombre aparece vinculado a algunas de las obras más costosas de la entidad durante los últimos años. Gobernadores van y vienen, administraciones cambian de color político, titulares de dependencias son relevados, pero las empresas asociadas al constructor conservan una presencia constante en contratos públicos que, en conjunto, rebasan los mil 800 millones de pesos.
La diferencia es que ahora el tema no pasa por presupuestos o adjudicaciones. Las investigaciones que comenzaron a escalar hacia la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, que encabezan Ernestina Godoy y Antonio Martínez Dagnino, respectivamente, apuntan a un tema mucho más delicado: la presunta utilización y comercialización de lo que en la industria se conoce como “cemento huachicol”.
Detrás de ese concepto existe una práctica que preocupa al sector formal. Se trata de material que evade controles fiscales, es almacenado en condiciones inadecuadas o es alterado mediante mezclas que reducen su calidad para incrementar márgenes de rentabilidad.
El incentivo económico es comprar más barato, procesar a menor costo y vender como producto regular. El problema aparece cuando ese material deja de circular únicamente entre pequeñas construcciones informales y termina relacionado con proyectos financiados con recursos públicos.
Porque el cemento no es un insumo cualquiera, una falla en el acero puede detectarse. Un error de diseño puede corregirse. La degradación de un concreto de baja calidad suele manifestarse años después, cuando las estructuras comienzan a absorber humedad, aparecen fisuras o se acelera el deterioro interno de las varillas de refuerzo.
En una ciudad como Tijuana, marcada por actividad sísmica, crecimiento urbano acelerado y condiciones geológicas complejas, la calidad de los materiales debería ser una exigencia elemental.
Por eso llama la atención que las alertas no hayan frenado el flujo de contratos. Ahí se encuentra el antecedente del sistema de alcantarillado costero Tijuana-Rosarito, una obra adjudicada mediante una declaratoria de emergencia que posteriormente fue cuestionada por auditorías y que acumuló años de retraso. Y ahora aparece el Nodo Morelos, considerado el proyecto vial más relevante de la actual administración de Marina del Pilar Ávila, con una inversión superior a los 650 millones de pesos.
Los cuestionamientos no se limitan al constructor. También alcanzan a las autoridades encargadas de supervisar procesos, validar materiales y garantizar que cada peso invertido se traduzca en infraestructura confiable.
Si las investigaciones confirman que el llamado “cemento huachicol” terminó formando parte de obras públicas, el impacto no será únicamente fiscal ni administrativo. Será un golpe directo a la credibilidad institucional. Porque los ciudadanos pueden tolerar retrasos, ajustes presupuestales o incluso errores de planeación. Lo que difícilmente admiten es que la seguridad de una obra dependa de materiales cuya calidad todavía está bajo sospecha.
LA LLEGADA de la portabilidad de nómina a Revolut México es la entrada de la fintech al negocio donde históricamente se han concentrado los bancos tradicionales. La empresa, dirigida en el país por Juan Miguel Guerra, comenzó a habilitar esta función para que los trabajadores puedan recibir su salario directamente en una cuenta de Revolut, sin depender de la institución financiera elegida por su empleador. El despliegue inició con un grupo de usuarios y posteriormente llegará a más de un millón de clientes en México. El trámite será completamente digital y podrá realizarse desde la aplicación utilizando una clabe o una tarjeta de débito. Con este movimiento, Revolut busca competir en uno de los segmentos más relevantes para la banca: la captación de clientes vía nómina.
LA RELACIÓN económica entre Nuevo León y Jalisco tendrá esta semana un nuevo capítulo. El estado gobernado por Samuel García recibirá a una delegación empresarial jalisciense como parte del denominado eje Nuevo León-Jalisco, una estrategia orientada a generar oportunidades de negocio entre dos de las economías estatales más relevantes del país. La visita coincidirá con la realización del 32 Congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y la 51 Convención Index, eventos que reunirán a exportadores, industriales y compañías vinculadas al comercio exterior.
EL INFONAVIT cambió su estrategia de recuperación crediticia y dejó de operar con despachos de cobranza extrajudicial para realizar atención directa a través de asesores que forman parte del propio instituto. El nuevo esquema contempla visitas domiciliarias de lunes a domingo para ofrecer alternativas de pago a acreditados con dificultades financieras y buscar que conserven su vivienda. Los asesores deberán identificarse con uniforme institucional, credencial oficial y un código QR que permitirá verificar su identidad. El organismo dirigido por Octavio Romero Oropeza enfatizó que estos funcionarios no están autorizados para recibir dinero, realizar cobros en efectivo, amenazar o ejecutar desalojos. La medida forma parte de una estrategia orientada a reducir la intermediación en la cobranza y mantener una relación directa con los acreditados.
PENSIONES Banamex amplió su participación en el sistema pensionario mexicano al incorporar rentas vitalicias para trabajadores afiliados al ISSSTE, un segmento que hasta ahora no formaba parte de su oferta. La decisión fortalece la presencia de la institución en un mercado donde el envejecimiento de la población y las necesidades de retiro comienzan a ganar mayor relevancia. El objetivo es ampliar las alternativas disponibles para los trabajadores que buscan ingresos garantizados durante la jubilación. La cobertura incluirá pensiones por retiro, invalidez, riesgos de trabajo y beneficios para familiares por fallecimiento del asegurado. El movimiento ocurre un año después del regreso de Banamex al negocio de pensiones derivadas de la seguridad social.