Sergio Sarmiento

“El patriotismo es el último recurso de los bribones”.
William E. Gladstone

No es común que una Fiscalía presente acusaciones de “traición a la patria”. La última vez que esto se hizo con éxito en México fue en el caso contra Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fusilados el 19 de junio de 1867. Nadie ha sido declarado culpable de este crimen desde entonces.

El tabasqueño Carlos Madrazo y otros dos diputados fueron acusados en 1945 por el Gobierno de Manuel Ávila Camacho de falsificación de documentos, faltas en el ejercicio de sus responsabilidades y traición a la patria. La acusación fue calificada, justamente, de política. Después de pasar varios meses en la cárcel de Lecumberri, los tres obtuvieron amparos que los dejaron en libertad.

La Fiscalía de Andrés Manuel López Obrador, encabezada por Alejandro Gertz Manero, presentó en agosto de 2024 una acusación formal por traición a la patria contra Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No hay información de que haya avanzado el proceso; “El Chapito” sigue en la Unión Americana.

La imputación contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, parece una ocurrencia más. Se le acusa de permitir la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio. Según el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, los agentes no estaban acreditados “para participar en tareas operativas” lo que “se traduce en la alteración a la paz interior”. Esta actividad “en territorio nacional sin la autorización por parte del Gobierno federal vulnera directamente la soberanía de la nación, altera el orden constitucional e impacta de manera negativa en la percepción de paz y certidumbre legal de la ciudadanía”. Por eso se imputó a Jáuregui el delito de traición a la patria en la modalidad de “realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o Gobierno extranjero”.

¿Es en serio? Suponiendo sin conceder que el exfiscal haya autorizado la presencia de agentes de la CIA, porque no hay indicios de que hayan participado en el operativo, ¿lo hace esto responsable de actos contra la independencia para someter el país a un Gobierno extranjero? Por lo pronto, Jáuregui ha declarado que no hay “una orden, un mensaje de WhatsApp o una declaración de algún funcionario” que compruebe que autorizó una intervención de agentes extranjeros en el operativo.

La Fiscalía de Chihuahua presentó originalmente cargos contra Jáuregui por “uso indebido de funciones” y “coalición”. Esto, por lo menos, tiene sentido. El problema para el Gobierno federal es que el delito no es grave y el juez estatal determinó que el exfiscal podía enfrentar el juicio en libertad. La FGR respondió con la imputación por traición a la patria y, como hizo con Ernesto Ruffo, lo trasladó al penal del Altiplano. Quiere mantenerlo en prisión preventiva todos los años que pueda durar el juicio: castigar antes de juzgar.

Parece rudeza innecesaria, pero el trasfondo es político. La Presidenta y Morena han elegido la “defensa de la soberanía” como el tema principal de su campaña electoral de 2027. Como no tienen a un enemigo que sea realmente una amenaza, a menos que quieran ir contra Trump, han hecho del exfiscal un chivo expiatorio.

Es poco probable que los tribunales del acordeón tengan el valor de ponerle un alto a la FGR como lo hicieron los jueces de 1945 con las acusaciones contra Carlos Madrazo. Quizá la 4T no podrá fusilar a Jáuregui en el cerro de las Campanas, pero puede dejarlo en la cárcel 40 años.

Chofer

“El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Tenía razón Lord Acton. La 4T concentró todo el poder del INE en la incondicional Guadalupe Taddei. Ahora vemos que, bajo su mando, un chofer que no se presenta a trabajar se convirtió en proveedor multimillonario de la institución.