Ciudad de México.– El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una legislación que busca reducir el uso de efectivo en México mediante la incorporación de herramientas tecnológicas para realizar trámites gubernamentales, contratar servicios y adquirir bienes, aunque también abre el debate sobre la posibilidad de que determinadas actividades deban realizarse exclusivamente mediante transacciones electrónicas.

La reforma establece que las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como los proveedores de servicios comprendidos en sus disposiciones, deberán adoptar las medidas necesarias para aceptar pagos digitales, con el propósito de modernizar las operaciones económicas y ampliar el acceso a los servicios financieros.

Entre las modalidades reconocidas se encuentran las tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas, domiciliaciones bancarias, códigos QR y tecnología de comunicación de campo cercano, conocida como NFC, que permite efectuar pagos mediante dispositivos compatibles.

Uno de los aspectos relevantes de la legislación es la incorporación de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como herramientas para fortalecer los mecanismos de identificación y confianza en la contratación de servicios financieros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá facultades para determinar los sectores estratégicos y actividades económicas en los que se aplicará el esquema de pagos digitales, incluida la posibilidad de establecerlos como modalidad exclusiva en determinados casos.

Sin embargo, el proyecto contempla excepciones para permitir operaciones en efectivo o mediante cheques cuando se presenten contingencias que impidan temporalmente el funcionamiento de los sistemas electrónicos.

La legislación también otorga atribuciones al Banco de México para facilitar las transferencias electrónicas, promover la compatibilidad entre aplicaciones financieras y establecer medidas que amplíen el acceso de la población a estos servicios.

Asimismo, prevé que las autoridades adopten los modelos de homologación de trámites económicos emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos.

Morena defiende modernización y niega eliminación del efectivo

Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, sostuvo que la digitalización representa una oportunidad para modernizar el sistema financiero, fortalecer la inclusión económica y mejorar las condiciones de operación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El legislador consideró que facilitar las transacciones electrónicas también puede contribuir a que los pequeños negocios construyan antecedentes financieros y tengan mayores posibilidades de acceder a créditos formales.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, aclaró que la legislación no establece una obligación general para que todas las operaciones económicas se realicen digitalmente.

Explicó que Hacienda determinará los sectores donde se aplicarán las nuevas disposiciones de manera gradual, considerando las excepciones previstas en el propio marco legal.

En representación de Morena, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo afirmó que el objetivo no consiste en eliminar el dinero en efectivo, sino en ampliar las alternativas de pago disponibles para las familias y los negocios.

Desde esa perspectiva, la digitalización permitiría agilizar operaciones comerciales, reducir barreras administrativas y ofrecer nuevas oportunidades a personas que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.

Oposición advierte riesgos para pequeños comercios y población sin internet

Legisladores de oposición expresaron preocupación por las consecuencias que podría generar la aplicación obligatoria de pagos electrónicos en determinados sectores, particularmente entre personas que no cuentan con servicios bancarios o acceso permanente a internet.

El panista José Máximo García López advirtió que el uso extendido de transacciones digitales podría facilitar una mayor supervisión de los ingresos de los trabajadores por parte del Servicio de Administración Tributaria.

En tanto, Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, señaló que convertir los medios electrónicos en la única alternativa de pago para ciertas actividades podría excluir a adultos mayores, habitantes de comunidades rurales y personas que carecen de conocimientos tecnológicos.

También se plantearon preocupaciones sobre los costos que enfrentarían los pequeños establecimientos para incorporar terminales bancarias, servicios de conectividad y plataformas de cobro.

De acuerdo con los argumentos expuestos durante el debate, las comisiones por operaciones con tarjetas pueden ubicarse entre 1.5 y 4.5 por ciento, dependiendo del proveedor y las condiciones contratadas, lo que podría representar una carga adicional para negocios con márgenes reducidos.

Especialistas señalan que la transición requiere infraestructura

La académica de la Universidad Panamericana, Nora Ampudia, consideró que México avanza hacia una mayor utilización de tarjetas, transferencias y aplicaciones financieras, aunque advirtió que el efectivo continúa siendo predominante en las operaciones cotidianas.

Según la especialista, más del 80 por ciento de las transacciones todavía se realizan en efectivo, particularmente entre sectores de menores ingresos y comunidades con dificultades para acceder a internet o servicios bancarios.

Esta situación representa uno de los principales desafíos para la implementación de la reforma, debido a que la disponibilidad de herramientas digitales no necesariamente garantiza que toda la población pueda utilizarlas.

La transición también dependerá de las condiciones de conectividad, la cobertura bancaria, la seguridad de las plataformas y los costos que deban asumir los establecimientos comerciales.

¿Qué cambiará para los ciudadanos?

Con la legislación aprobada, las instituciones públicas y los proveedores comprendidos en su ámbito de aplicación deberán avanzar en la habilitación de mecanismos electrónicos para recibir pagos.

No obstante, la aprobación de la ley no significa que todas las compras, servicios o trámites deban pagarse exclusivamente con tarjeta o transferencia de manera inmediata.

La aplicación de las disposiciones dependerá de los sectores que determine Hacienda y de las reglas que se establezcan para su implementación.

El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación, por lo que su entrada en vigor y aplicación deberán sujetarse a las disposiciones correspondientes.

La reforma representa un paso hacia la modernización de las operaciones económicas en México, pero también plantea una condición fundamental: que la incorporación de nuevas tecnologías no termine convirtiéndose en una barrera para quienes todavía dependen del efectivo.

El verdadero alcance de la legislación se medirá no solamente por la cantidad de operaciones digitalizadas, sino por la capacidad del sistema para garantizar que ningún ciudadano quede excluido de realizar pagos o acceder a servicios esenciales.