Columna

Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“No basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad”, Aristóteles
Sin sabores
CLAROSCUROS
El informe del Gobierno Federal que reporta una disminución en los homicidios dolosos en diciembre ha generado diversas interpretaciones sobre la seguridad en Sinaloa. Las declaraciones del diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, coordinador del PVEM, destacan la importancia de estos avances, pero también abren el debate sobre los desafíos persistentes frente a la violencia y el narcotráfico en la región.
La disminución de homicidios es, sin duda, una noticia alentadora, pero no puede entenderse como un triunfo definitivo. El propio diputado Valenzuela reconoce que los esfuerzos deben dirigirse a la eliminación total de estos delitos, lo cual es un objetivo ambicioso. Las cifras pueden fluctuar en el corto plazo, pero la percepción de seguridad entre la ciudadanía no se construye solo con estadísticas, sino con cambios estructurales que modifiquen las condiciones sociales y económicas que alimentan la violencia.
El diputado también destaca un aspecto crucial: la relación del narcotráfico con la dinámica de la violencia en Sinaloa. Según Valenzuela, este fenómeno no es un problema exclusivo del estado, sino el resultado de una demanda internacional, especialmente en Estados Unidos. Desde los años 70, el narcotráfico se consolidó en la región como una forma de vida para muchas comunidades, una realidad que no se transformará únicamente con operativos policiales.
Además, las declaraciones sobre la responsabilidad compartida de Estados Unidos, como principal consumidor de drogas, son una verdad incómoda pero irrefutable. Las tensiones internacionales, como las declaraciones de Donald Trump, reflejan la dificultad de enfrentar un problema global desde una perspectiva unilateral
Valenzuela resalta que los operativos de seguridad están dando resultados “paso a paso”. Sin embargo, este enfoque incremental no puede ser la única estrategia. La violencia en Sinaloa, como en otros estados de México, requiere políticas integrales que incluyan programas sociales, oportunidades económicas y atención a las adicciones.
Es fundamental reforzar las instituciones de seguridad, pero también garantizar que estas operen con transparencia y profesionalismo. La confianza ciudadana en las autoridades es un componente esencial para consolidar una percepción de seguridad real.
Otro punto relevante es la influencia de los medios en la percepción de seguridad. La cobertura mediática de hechos violentos puede amplificar el miedo social, pero también tiene el potencial de visibilizar problemáticas que requieren atención urgente. Los gobiernos locales y estatales deben trabajar en estrategias de comunicación que transmitan confianza sin caer en triunfalismos vacíos.
La disminución de homicidios en Sinaloa es un indicador positivo, pero insuficiente para declarar una victoria frente al narcotráfico y la violencia. Las raíces de estos problemas son profundas y requieren estrategias integrales, coordinación entre niveles de gobierno y una visión de largo plazo.
El diputado Valenzuela plantea cuestiones importantes que deben traducirse en acciones concretas. En un estado marcado por décadas de violencia, cualquier avance debe ir acompañado de un compromiso renovado para construir un entorno seguro, justo y sostenible para las futuras generaciones.

CUENTAS CLARAS
La auditora superior de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera, entregó al Congreso del Estado el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 2025, destacando su alcance ampliado y la incorporación de nuevas modalidades para fortalecer la fiscalización.
Este programa, que evaluará el ejercicio fiscal 2024, contempla 262 actos de fiscalización, un incremento significativo respecto a años anteriores.
Entre las novedades del PAAVI 2025 se encuentran la auditoría forense a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y la implementación del Buzón Digital para la auditoría del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Félix Rivera explicó que la selección de los entes a revisar se realizó mediante un análisis del presupuesto asignado y los antecedentes de cada institución.
El programa abarca auditorías financieras, de desempeño y forenses que involucran a los tres poderes del estado, órganos autónomos, paraestatales y paramunicipales, entre ellos:
• Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
• Órganos Autónomos: Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Fiscalía General del Estado y Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
• Municipios: Los 20 municipios del estado, incluyendo Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave.
• Paraestatales y paramunicipales: Universidad Autónoma de Sinaloa, Servicios de Salud, y las juntas de agua potable de diversas localidades.
El PAAVI incluye 10 auditorías de desempeño que evalúan áreas clave como la promoción económica, el fortalecimiento legislativo y la seguridad pública. Destacan revisiones al Instituto Sinaloense del Deporte, la Secretaría de Obras Públicas y los Servicios de Salud de Sinaloa en temas como infraestructura vial y combate al dengue.
Emma Félix subrayó que, por primera vez, se incorporará la revisión de dictámenes realizados por despachos externos, lo que refuerza la transparencia y amplía la capacidad de supervisión. Además, el programa contempla 43 auditorías financieras, 4 con enfoque de desempeño y una auditoría forense.
El diputado Eligio López Portillo, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó la relevancia del PAAVI 2025 para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Con este programa, la Auditoría Superior del Estado busca no solo detectar irregularidades, sino también prevenirlas mediante un monitoreo constante y estrategias innovadoras que promuevan la eficiencia y la legalidad en la administración pública.
PRIMER PASO
A 70 días de haber iniciado la actual administración, el gobierno municipal de Mazatlán ha superado su primera meta dentro del programa “Camino al Andar”. Según informó la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, se han raspado y rehabilitado 72 kilómetros de caminos rurales, superando los 50 kilómetros proyectados inicialmente.
Los trabajos abarcaron las ocho sindicaturas de Mazatlán, incluyendo El Recodo, La Noria, El Habal, Siqueros, El Roble, Mármol, El Quelite y Villa Unión. Además, se atendieron comunidades específicas como Telcoyonqui, Lomas de Monterrey, San Pancho, La Noria, La Tuna, El Recodo y El Vainillo.
La presidenta municipal subrayó que el programa “Camino al Andar” continuará de manera permanente, dada la relevancia económica y social de los caminos rurales para el desarrollo de Mazatlán.
POLO DE DESARROLLO
El clima de seguridad y el crecimiento económico en Los Mochis han motivado a al menos 30 empresas de Culiacán a trasladar sus operaciones hacia esta ciudad del norte de Sinaloa.
Entre las compañías que han realizado este movimiento se incluyen restaurantes, constructoras y negocios locales, según informó Leobardo Miranda Moreno, presidente del Consejo Empresarial Restaurantero (CER).
El deterioro de la seguridad en Culiacán y los retos económicos que enfrentan las empresas en esa región han sido factores clave para esta migración. En contraste, el gobierno municipal de Los Mochis, liderado por Gerardo Vargas, ha ofrecido incentivos y facilidades para atraer a los empresarios, consolidando el desarrollo económico de la región.
De las 30 empresas que han iniciado el proceso de traslado, 20 ya operan en Los Mochis, mientras que las demás se encuentran en etapa de instalación.
Este flujo empresarial no solo fortalece la economía local, sino que también genera empleos y promueve la innovación en la región.
A pesar de este dinamismo, expertos señalan que será necesario reforzar la infraestructura local para sostener el crecimiento económico y maximizar el impacto positivo de estas nuevas inversiones.