Entre Veredas
Marco Antonio Lizarraga
“Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles”, Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés.
ENFOQUES
La política tiene una particularidad que pocas veces se reconoce: mientras unos discuten con quién caminar, otros se concentran en organizar el camino. Y en Sinaloa, donde las conversaciones sobre el proceso electoral de 2027 comienzan a exhibir diferencias entre las fuerzas opositoras, Imelda Castro Castro ha colocado sobre la mesa una reflexión que merece analizarse más allá de las simpatías partidistas.
No basta con reunir partidos alrededor de una misma candidatura; también es necesario explicar qué proyecto se pretende construir y cuáles serían sus compromisos con la ciudadanía.
La declaración de la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación llega en un momento particularmente interesante.
El intercambio entre la senadora priista Paloma Sánchez Ramos y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer Peiro, ha dejado al descubierto dos posiciones sobre la participación opositora.
Mientras la legisladora considera conveniente sumar fuerzas para construir una coalición, el dirigente naranja ha manifestado que su partido prefiere desarrollar una ruta independiente, tomando como referencia las diferencias públicas que han surgido entre algunos aspirantes del PRI.
En medio de esa discusión, Imelda Castro decidió intervenir con un mensaje que, sin involucrarse directamente en los señalamientos personales, cuestiona el contenido de las eventuales alianzas.
Su planteamiento es que sumar organizaciones políticas no necesariamente significa sumar propuestas.
Y esa distinción resulta pertinente, porque los acuerdos electorales pueden resolver la distribución de candidaturas, pero no sustituyen la necesidad de construir coincidencias sobre seguridad, economía, desarrollo regional y bienestar social.
Hay un elemento que merece atención. Imelda no está esperando las definiciones de la oposición para desarrollar su propia agenda territorial.
Durante las últimas semanas ha sostenido encuentros con estructuras municipales, dirigentes, militantes y aspirantes de Morena en distintas regiones de Sinaloa.
Su presencia en Mazatlán y Escuinapa, así como las reuniones realizadas en otras zonas del estado, forman parte de un proceso de organización que busca mantener comunicación directa con las bases del movimiento.
Pero conviene observar una diferencia. Recorrer municipios, convocar asambleas y reunir aspirantes son actividades de organización política; convertirlas en una estructura capaz de procesar desacuerdos y sostener decisiones colectivas es una tarea distinta.
Morena también enfrenta el desafío de administrar las aspiraciones de quienes buscan encabezar proyectos municipales, distritales y estatales. Por eso, cuando Imelda asegura que existe espacio para todos, su planteamiento adquiere una dimensión que deberá ponerse a prueba conforme avancen las definiciones internas.
Y aquí aparece lo interesante de su mensaje. La coordinadora no solamente está hablando de la oposición.
De manera indirecta, también establece un criterio para evaluar a su propio movimiento: la organización debe acompañarse de contenidos, propuestas y principios.
Si una alianza de partidos no garantiza por sí misma un proyecto de gobierno, tampoco una estructura territorial amplia asegura automáticamente que todas las voces encuentren representación o que las diferencias puedan resolverse sin tensiones.
La política sinaloense conoce bien las dificultades que surgen cuando las aspiraciones individuales comienzan a ocupar más espacio que los proyectos colectivos. Ocurre en partidos grandes y pequeños, en organizaciones que gobiernan y en aquellas que buscan convertirse en alternativa.
La verdadera capacidad de conducción se observa cuando las reglas son claras, las decisiones se explican y quienes no resultan favorecidos encuentran mecanismos legítimos para continuar participando.
Tampoco debe perderse de vista el contexto que enfrenta Sinaloa.
La inseguridad, las afectaciones económicas, las dificultades de los productores agrícolas, la actividad pesquera y las necesidades de los municipios forman parte de una realidad que no admite respuestas construidas exclusivamente desde la competencia electoral.
Son problemas que requieren diagnósticos, recursos y responsabilidades claramente definidas.
Por eso, el llamado de Imelda Castro a que la oposición se organice puede interpretarse también como una invitación a elevar el contenido de la discusión pública.
Los partidos tienen derecho a construir coaliciones, competir por separado y cuestionar las decisiones de sus adversarios.
Pero todos comparten la responsabilidad de explicar qué pretenden hacer con el poder y cómo responderían a las necesidades de la población.
Hay además una circunstancia que merece observarse. Imelda Castro combina su responsabilidad de coordinación con una trayectoria política vinculada a la izquierda sinaloense.
Esa experiencia le permite participar en las conversaciones internas de Morena desde el conocimiento de sus distintas etapas organizativas. Sin embargo, la conducción de un movimiento plural exige algo más que trayectoria: requiere mantener abiertos los espacios de participación y evitar que las diferencias entre aspirantes terminen desplazando los objetivos comunes.
La afirmación de que Morena no teme a una eventual alianza opositora forma parte del posicionamiento político de su coordinadora.
Su verdadero alcance no puede determinarse a partir de una declaración, sino mediante la evolución de la organización partidista, las decisiones que se adopten y las propuestas que finalmente se presenten.
En una democracia, ninguna fuerza política debería considerar irrelevante la participación de sus adversarios, porque la competencia también permite contrastar proyectos y exigir resultados.
Y quizá esa sea la lectura de fondo.
Mientras la oposición discute las condiciones para caminar junta o separada, Morena desarrolla sus propios procesos internos. Ambos escenarios tienen desafíos diferentes, pero comparten una misma exigencia: transformar las conversaciones partidistas en proyectos comprensibles para los ciudadanos.
Porque organizarse es importante, pero saber para qué se organiza un partido resulta todavía más trascendente.
Las estructuras pueden convocar reuniones, los dirigentes pueden alcanzar acuerdos y los aspirantes pueden recorrer municipios; sin embargo, ninguna de esas actividades sustituye la obligación de presentar propuestas y someterlas al escrutinio público.
Imelda Castro ha colocado una pregunta pertinente en la discusión política sinaloense: ¿qué contenido existe detrás de las alianzas y las organizaciones partidistas?
La respuesta no corresponde exclusivamente a quienes hoy exploran una coalición opositora. También deberán ofrecerla Morena y las demás fuerzas políticas cuando llegue el momento de explicar sus proyectos.
Al final, las elecciones de 2027 no deberían reducirse a una competencia por reunir más partidos, más dirigentes o más aspirantes.
Lo que estará en discusión será la capacidad de cada organización para presentar respuestas a los problemas de Sinaloa.
Y ahí está la reflexión que deja el mensaje de Imelda Castro: una alianza puede sumar nombres y una estructura puede reunir militantes, pero ninguna de las dos cosas reemplaza un proyecto de gobierno.
Porque en política, tan importante como saber con quién se camina es tener claridad sobre el destino al que se pretende llegar.
RESPUESTA
En medio de una crisis de seguridad que continúa afectando la vida cotidiana y la actividad económica de Sinaloa, la diputada priista Paola Gárate ha colocado en la discusión pública un planteamiento que merece atención: los operativos y el incremento de elementos federales deben acompañarse de una estrategia con objetivos claros, responsabilidades definidas y resultados que puedan ser evaluados por los ciudadanos.
Su intervención en el Congreso del Estado llega después de los anuncios de reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, donde las autoridades federales, estatales y municipales buscan contener una situación que ha golpeado particularmente al puerto.
La legisladora reconoce, desde su posición crítica, un aspecto fundamental: la presencia policial es necesaria, pero por sí sola no garantiza la recuperación de la tranquilidad.
Hay un elemento importante en su propuesta.
La creación de un sistema estatal de inteligencia policial, el fortalecimiento de las investigaciones y la revisión de los centros penitenciarios son asuntos que requieren atención institucional.
Especialmente después de los acontecimientos registrados en el penal de El Castillo, donde las autoridades tienen la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido y explicar las condiciones de seguridad al interior del centro.
Pero también conviene establecer una diferencia. La oposición tiene la obligación de señalar deficiencias y proponer alternativas, mientras que las autoridades deben responder con información, coordinación y resultados. No son responsabilidades incompatibles.
Por el contrario, una discusión pública sustentada en datos verificables puede contribuir a mejorar las políticas de seguridad.
La postura de Paola Gárate adquiere relevancia porque plantea pasar de los anuncios generales a compromisos que puedan medirse. Sin embargo, sus propuestas también deberán acompañarse de mecanismos de implementación, atribuciones legales y recursos presupuestales que permitan valorar su viabilidad.
Porque Sinaloa necesita instituciones capaces de enfrentar la violencia, pero también un Congreso que ejerza su función de vigilancia y una oposición que contribuya con propuestas concretas.
Y ahí está el punto de fondo: la seguridad no debería medirse solamente por el número de elementos desplegados ni por la intensidad de los discursos políticos, sino por la capacidad de las autoridades para recuperar espacios, reducir los delitos y devolver la confianza a las familias sinaloenses.
NOMBRAMIENTO
La transparencia gubernamental tiene un desafío que va mucho más allá de publicar cifras o cumplir con obligaciones administrativas: lograr que los ciudadanos conozcan cómo se utiliza el dinero público y qué resultados producen las decisiones de sus autoridades. Bajo esa premisa, el nombramiento de José Alfredo Beltrán Estrada como subsecretario de Transparencia y Contraloría Social de Sinaloa abre una nueva etapa en una responsabilidad que exige conocimiento técnico, independencia de criterio y capacidad de vigilancia.
Hay un aspecto interesante en su llegada. Beltrán Estrada proviene del ejercicio periodístico, una actividad que desarrolló durante 22 años y desde la cual tuvo contacto con los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.
A esa experiencia suma una formación académica especializada en administración pública, transparencia y combate a la corrupción, además de su participación en proyectos de reforma legislativa relacionados con el derecho a saber.
El encargo de la gobernadora Graciela Domínguez Nava coloca sobre sus hombros una responsabilidad particularmente sensible: supervisar que los recursos destinados al desarrollo social se ejerzan conforme a la ley, investigar posibles irregularidades y fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de las obras públicas.
No se trata únicamente de revisar expedientes, sino de contribuir a que los programas cumplan sus objetivos y sus beneficios lleguen a quienes están dirigidos.
Y aquí aparece un elemento que merece atención. La experiencia de Beltrán Estrada en el periodismo y en el estudio de la transparencia puede aportar una perspectiva distinta al ejercicio administrativo. Sin embargo, el verdadero desafío estará en trasladar ese conocimiento a procedimientos efectivos, investigaciones imparciales e informes que permitan conocer tanto los avances como las deficiencias de la gestión pública.
La contraloría social adquiere especial importancia cuando los ciudadanos dejan de ser espectadores y participan en la revisión de las obras y los programas que se financian con sus impuestos. Para ello, los comités ciudadanos necesitan información accesible, mecanismos de denuncia confiables y respuestas oportunas de las autoridades.
Porque la transparencia no consiste solamente en abrir archivos, sino en permitir que la sociedad comprenda, supervise y cuestione el ejercicio del poder.
Y ahí está el punto central del nuevo encargo de José Alfredo Beltrán Estrada: su trayectoria ofrece antecedentes relacionados directamente con las funciones que ahora desempeñará.
La siguiente etapa será demostrar, mediante resultados públicos y verificables, cómo esa experiencia puede contribuir a fortalecer la rendición de cuentas en Sinaloa.
NOV 13 2026