Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta”, San Agustín (354-430) Obispo y filósofo.
ENFOQUES
Hay una característica de la actividad política de Paloma Sánchez Ramos que merece observarse con detenimiento: su decisión de ejercer la oposición desde dos espacios que no siempre caminan juntos, la tribuna del Senado de la República y el contacto directo con los sinaloenses.
En un estado donde la inseguridad ha modificado la vida cotidiana, afectado la economía y colocado nuevas exigencias sobre las autoridades, la senadora priista ha mantenido una postura crítica frente a las decisiones del gobierno y una agenda de encuentros con distintos sectores sociales.
Su presencia en el debate público no comenzó con las conversaciones rumbo a 2027. Desde su llegada al Senado, Paloma ha presentado iniciativas relacionadas con las necesidades del campo, la pesca, la ganadería, la seguridad, las mujeres y las oportunidades para los jóvenes.
Entre sus planteamientos también figura garantizar la continuidad educativa cuando la violencia obliga a suspender las clases. Son asuntos que permiten identificar las prioridades de su trabajo legislativo, aunque corresponde distinguir entre las iniciativas presentadas y aquellas que efectivamente han sido aprobadas.
Pero hay otro elemento que resulta interesante.
La legisladora ha mantenido recorridos por municipios de Sinaloa, con encuentros que incluyen representantes empresariales, organizaciones sociales y ciudadanos. En su reciente visita a Mazatlán, Culiacán, Cosalá y Mocorito, las preocupaciones por la inseguridad, la pérdida de empleos y las dificultades de los sectores productivos ocuparon parte de las conversaciones.
Paloma ha expresado que busca incorporar esas demandas a su agenda parlamentaria, una tarea cuyo alcance deberá observarse en las gestiones y propuestas que tengan seguimiento.
La relación entre presencia territorial y responsabilidad legislativa merece atención. Un senador representa a su entidad dentro de una institución federal, pero esa representación adquiere una dimensión más cercana cuando mantiene comunicación con quienes enfrentan los problemas que se discuten desde el Congreso.
Para Paloma Sánchez, esos encuentros también permiten conocer realidades distintas entre las zonas urbanas, los municipios rurales y las regiones productivas de Sinaloa.
Y aquí aparece una de las particularidades de su trayectoria.
Paloma ha sostenido diferencias públicas con el gobierno estatal, especialmente en materia de seguridad. Sus cuestionamientos forman parte de una oposición que busca exigir explicaciones, señalar decisiones y colocar asuntos sensibles en la discusión nacional.
Esa función tiene importancia en cualquier sistema democrático, siempre que la crítica se acompañe de argumentos, información verificable y propuestas que permitan evaluar alternativas.
Tampoco debe perderse de vista su experiencia electoral. En 2024 encabezó la fórmula al Senado de la coalición integrada por PRI, PAN y PRD, que obtuvo 330 mil 152 votos en Sinaloa, resultado que le permitió acceder a la Cámara Alta por el principio de primera minoría.
Aquella participación constituye un antecedente concreto de trabajo entre organizaciones partidistas distintas, aunque las condiciones políticas de 2027 serán diferentes y cualquier nuevo acuerdo requerirá decisiones propias.
Hay además un componente generacional en su actividad.
Su responsabilidad al frente de la Comisión de Juventud del Senado le ofrece un espacio institucional para abordar temas como el acceso a la vivienda, el empleo, el emprendimiento y las oportunidades educativas.
En una entidad donde las nuevas generaciones enfrentan dificultades económicas y preocupaciones por la seguridad, esa agenda representa una responsabilidad que puede evaluarse mediante iniciativas y resultados.
La presencia de mujeres en la discusión política también forma parte del escenario sinaloense. Paloma Sánchez participa en una etapa donde distintas figuras femeninas ocupan responsabilidades públicas y mantienen aspiraciones legítimas.
Su trayectoria legislativa, su experiencia electoral y sus posiciones públicas son elementos que pueden examinarse por sí mismos, sin necesidad de anticipar quiénes aparecerán finalmente en las boletas.
Sin embargo, la actividad de oposición también implica desafíos.
Señalar problemas permite abrir discusiones, pero sostener una alternativa exige explicar cómo podrían atenderse, qué recursos serían necesarios y cuáles serían las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
Para la senadora, el siguiente paso será continuar vinculando sus cuestionamientos con propuestas concretas y resultados que puedan ser revisados por los ciudadanos.
Porque una oposición no se define solamente por la intensidad de sus diferencias con el gobierno.
También se expresa en su capacidad de representar inquietudes, defender posiciones, construir acuerdos cuando son necesarios y mantener independencia para cuestionar aquello con lo que no coincide.
Paloma Sánchez Ramos ha desarrollado una presencia pública que combina crítica política, actividad legislativa y recorridos territoriales.
Esos tres componentes ayudan a comprender su papel dentro del PRI y en la conversación estatal que comienza a tomar forma rumbo a 2027.
Y ahí está la reflexión. En una democracia, la oposición tiene una responsabilidad que va más allá de competir por el poder: contribuir a que los problemas se discutan, las autoridades rindan cuentas y los ciudadanos conozcan distintas propuestas.
El trabajo de Paloma Sánchez debe analizarse desde esa perspectiva, reconociendo su participación y sometiendo sus resultados al mismo escrutinio que corresponde a cualquier representante popular.
Y ahí está la reflexión. Paloma Sánchez tiene una trayectoria que puede formar parte de esa evaluación rumbo a 2027.
El desafío será demostrar que la experiencia acumulada y las propuestas que ha defendido pueden traducirse en un proyecto de gobierno para Sinaloa.
Porque levantar la voz permite abrir discusiones, pero construir una alternativa exige también explicar cómo se pretende transformar la realidad que se cuestiona.
LLAMADO
La seguridad de Sinaloa comienza a colocar sobre la mesa una discusión que debería ir más allá de las diferencias partidistas.
La gobernadora Graciela Domínguez Nava hizo un llamado a las fuerzas de oposición para que se sumen con propuestas al esfuerzo institucional que se desarrolla junto con el Gobierno federal.
Su planteamiento surge después de las reuniones del Gabinete de Seguridad en Culiacán y Mazatlán, donde se anunciaron nuevas inversiones, equipamiento y mecanismos de coordinación para enfrentar la violencia.
Hay un elemento que merece atención. Graciela no desconoce la gravedad de lo que ocurre en el estado, particularmente el recrudecimiento de los hechos violentos en Mazatlán durante las últimas semanas.
Sin embargo, también destaca los resultados que las autoridades federales han presentado, entre ellos una reducción del 18 por ciento en los homicidios al comparar los periodos de enero a octubre de 2025 y 2026.
Es un indicador oficial que debe analizarse junto con la evolución reciente de la violencia y la percepción de seguridad de los ciudadanos.
Pero lo interesante está en el sentido político de su convocatoria. La gobernadora plantea que la seguridad no debería convertirse exclusivamente en un terreno de confrontación entre partidos, sino también en un espacio donde puedan construirse coincidencias.
La oposición tiene la responsabilidad de cuestionar, fiscalizar y exigir resultados; al mismo tiempo, puede presentar alternativas que contribuyan a mejorar las decisiones públicas. Ambas funciones son compatibles dentro de una democracia.
Y aquí aparece una oportunidad institucional. Los 900 millones de pesos anunciados por la Federación representan recursos que deberán traducirse en mejores capacidades de investigación, vigilancia y respuesta.
La participación de distintas fuerzas políticas podría contribuir al seguimiento de esos compromisos, especialmente mediante la revisión de presupuestos, indicadores y resultados.
El llamado de Graciela Domínguez también implica una responsabilidad para su propia administración: mantener abiertos los canales de diálogo, escuchar las observaciones y ofrecer información suficiente para evaluar los avances.
La colaboración política no significa renunciar a las diferencias ni sustituir la rendición de cuentas por acuerdos de buena voluntad.
Porque la inseguridad afecta a las familias sin preguntar por sus preferencias partidistas.
Y si existe un asunto donde el diálogo puede tener un propósito común, es precisamente la recuperación de la tranquilidad de Sinaloa.
Al final, el mensaje de la gobernadora abre una discusión necesaria: la seguridad requiere autoridades que respondan por sus decisiones y una oposición que pueda cuestionarlas con libertad.
Encontrar coincidencias entre ambas responsabilidades no elimina las diferencias políticas, pero sí puede darles un sentido más útil para la ciudadanía.
ATENCIÓN
En momentos donde la seguridad representa uno de los mayores desafíos para Mazatlán, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ha tomado decisiones que permiten observar una nueva etapa en la estrategia municipal.
El nombramiento del coronel Remigio Cruz Domínguez como secretario de Seguridad Pública, acompañado de acuerdos con las instituciones federales, refleja una apuesta por fortalecer las capacidades operativas y preventivas del Ayuntamiento.
Hay un detalle que merece atención. Estrella Palacios no está limitando la respuesta municipal a un cambio de mando.
La estrategia presentada contempla cuatro ejes que incluyen atención a las causas de la violencia, mejores policías, coordinación institucional y fortalecimiento de las labores de inteligencia.
Este enfoque reconoce que la seguridad también requiere prevención, profesionalización y cercanía con los ciudadanos.
La presencia del Gabinete de Seguridad federal y los anuncios de inversión y equipamiento para Sinaloa abren nuevas posibilidades de coordinación.
Para Mazatlán, contar con respaldo operativo, capacitación policial y proyectos de vigilancia regional representa una oportunidad de mejorar la capacidad de respuesta ante los problemas que enfrenta el municipio.
Y aquí aparece otro elemento favorable. Durante la Vocería de Seguridad se informó de una disminución del 8 por ciento en los índices delictivos en el comparativo semanal y del 9 por ciento durante los últimos quince días. Aunque son indicadores oficiales que deberán mantenerse bajo seguimiento, constituyen una referencia inicial para evaluar las acciones que se están desarrollando.
La decisión de Estrella Palacios de ajustar la conducción de Seguridad Pública también muestra la disposición de su administración para revisar y modificar estrategias cuando las circunstancias lo requieren.
En una responsabilidad tan sensible como proteger a la población, la continuidad institucional debe acompañarse de capacidad para realizar cambios y establecer nuevas prioridades.
Porque gobernar también significa reconocer los desafíos, tomar decisiones y buscar las herramientas necesarias para enfrentarlos.
Los acuerdos alcanzados representan una oportunidad para que el Ayuntamiento fortalezca su trabajo preventivo y la atención a las familias mazatlecas.
Y ahí está lo importante de esta nueva etapa: Estrella Palacios ha colocado sobre la mesa medidas concretas de coordinación, profesionalización y fortalecimiento policial.
Ahora corresponde darles continuidad y demostrar, mediante resultados verificables, que pueden contribuir a recuperar la tranquilidad que demanda Mazatlán.
