SINALOA, QUE ESPERE; EL TREN NO PUEDE PARAR
En México parece que hay dinero para todo, menos para lo urgente. El Gobierno federal presentó un presupuesto de más de 10.6 billones de pesos para 2027, una cantidad que cualquiera pensaría suficiente para atender buena parte de los problemas nacionales. Pero cuando uno revisa las prioridades, descubre que el asunto no es cuánto dinero hay, sino quién decide gastarlo y en qué.
Y mientras en la Cámara de Diputados se discuten miles de millones de pesos, en Sinaloa los comerciantes siguen intentando sobrevivir, los agricultores enfrentan problemas para comercializar sus cosechas, las carreteras necesitan inversión y la inseguridad continúa cobrando una factura económica y social que nadie parece dispuesto a calcular completa.
Mario Zamora puso el dedo en una discusión incómoda al cuestionar los recursos destinados al Tren Maya frente a las necesidades de seguridad, educación y campo. Y aunque comparar presupuestos de distintas dependencias requiere cuidado, el fondo del señalamiento merece atención.
El Tren Maya continúa recibiendo miles de millones de pesos. La pregunta no es si México necesita ferrocarriles, sino cuánto más tendrá que invertir el Gobierno para terminar, operar y sostener uno de sus proyectos emblemáticos. Porque una cosa es construir infraestructura para generar desarrollo y otra muy distinta es mantener una obra sin explicar con suficiente claridad cuándo sus beneficios justificarán los recursos públicos comprometidos.
Mientras tanto, Sinaloa no tiene identificada en el dictamen una partida extraordinaria destinada específicamente a recuperar su economía por los efectos de la violencia. Y eso resulta difícil de entender cuando las autoridades federales reconocen la gravedad del problema y mantienen operativos de seguridad en el estado.
Aquí aparece una contradicción que merece explicarse. Para Sinaloa se proyecta un gasto federal identificado geográficamente de aproximadamente 117 mil 765 millones de pesos. Suena extraordinario, hasta que descubrimos que ese dinero no es una cuenta bancaria que el Gobierno estatal pueda utilizar a voluntad.
Ahí están incluidos programas sociales, servicios, recursos etiquetados y gastos que ejercen directamente las dependencias federales. Es decir, buena parte del dinero ya tiene dueño, destino y reglas. No puede tomarse lo asignado a una escuela para rehabilitar una carretera, ni utilizar recursos de salud para rescatar negocios afectados por la violencia.
Por eso presumir miles de millones sin explicar para qué servirán es como anunciar que una familia tiene mucho dinero porque sumamos el valor de su casa, su automóvil y hasta los muebles, aunque no tenga efectivo para pagar las cuentas del mes.
Y las cuentas de Sinaloa siguen llegando.
En seguridad, por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública contempla alrededor de 9 mil 951 millones de pesos para las 32 entidades federativas. No es todo el presupuesto nacional destinado a combatir la delincuencia, pero sí es uno de los recursos utilizados para fortalecer a las instituciones estatales. La pregunta es si esos mecanismos ordinarios alcanzan para atender una crisis extraordinaria.
Porque soldados pueden llegar por miles, helicópteros pueden sobrevolar las ciudades y los funcionarios pueden presentar estadísticas cada semana. Pero si las policías municipales, las fiscalías y las instituciones de investigación siguen sin capacidades suficientes, el problema continuará dependiendo de operativos federales que no pueden sustituir permanentemente a las autoridades locales.
Y luego está el campo sinaloense. Una de las principales regiones productoras de alimentos del país necesita infraestructura hidráulica, comercialización, financiamiento y mejores condiciones para transportar sus cosechas. Pero pareciera que producir alimentos no tiene el mismo atractivo político que inaugurar una obra monumental.
Aquí no se trata de quitarles dinero a los programas sociales para entregárselo a los agricultores. Se trata de entender que también es política social conservar empleos, evitar el cierre de empresas y proteger las actividades que sostienen la economía de miles de familias.
Hay otro detalle que merece atención. Durante la negociación presupuestal se anunciaron acuerdos para destinar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos a infraestructura hídrica en Jalisco. Habrá que verificar que esa cantidad permanezca en la aprobación definitiva, pero el anuncio demuestra que los proyectos regionales pueden formar parte de las negociaciones.
Entonces, ¿qué consiguieron los diputados federales de Sinaloa?
Porque para salir en fotografías, organizar reuniones y defender las decisiones de sus partidos siempre hay tiempo. Lo que necesitamos saber es qué proyectos llevaron a la Cámara, cuánto dinero solicitaron y qué recursos lograron incorporar. Y eso incluye a Morena y sus aliados, pero también al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Criticar desde la tribuna es válido; conseguir resultados requiere algo más.
La responsabilidad tampoco termina en San Lázaro. El Gobierno de Sinaloa debe explicar qué proyectos presentó ante Hacienda y cuáles están listos para recibir financiamiento. Porque tampoco se puede exigir una carretera de miles de millones de pesos sin estudios, expedientes técnicos y condiciones para construirla. El presupuesto no funciona con cartas a Santa Claus, aunque a veces nuestros políticos parezcan convencidos de lo contrario.
Y aquí está el verdadero problema de fondo: México sigue discutiendo el gasto público como si anunciar cantidades enormes fuera sinónimo de resolver necesidades. Se presume cuánto se destina a una obra, pero pocas veces se explica cuánto beneficio produce. Se celebran incrementos presupuestales sin revisar si alcanzan para cubrir los costos reales de los servicios. Y se habla de austeridad mientras algunos proyectos continúan reclamando recursos sin que el debate público conozca suficientemente sus resultados.
La Cuarta Transformación no inventó todos los problemas financieros del país, pero después de varios años gobernando tampoco puede seguir atribuyendo cada deficiencia al pasado. Administrar significa escoger prioridades y responder por sus consecuencias.
El Presupuesto 2027 todavía debe concluir su discusión en lo particular. Sin embargo, desde ahora queda una pregunta que ni los legisladores ni los gobiernos deberían esquivar: ¿qué respuesta extraordinaria se está preparando para una entidad cuya economía ha sido golpeada por una crisis extraordinaria?
Porque en Sinaloa no necesitamos que nos expliquen cuántos billones gastará México. Necesitamos saber cuánto dinero llegará para recuperar la seguridad, salvar empleos, fortalecer el campo y reconstruir la actividad económica.
El tren puede seguir su recorrido. Lo que no debería seguir esperando es Sinaloa.
Y ojalá que cuando los responsables del presupuesto decidan voltear hacia acá todavía encuentren negocios abiertos, productores trabajando y una economía que rescatar.
Según yo, el Goyo310.
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