Taddei, 27 años para esconder tres
Qué curioso resulta el comportamiento del poder cuando la corrupción comienza a salpicar a quienes durante años fueron presentados como ejemplo de honestidad. De pronto aparecen los culpables de siempre, se desempolvan expedientes, se descubren redes que supuestamente nadie había visto y hasta surge una extraordinaria preocupación por investigar lo ocurrido hace 27 años. Todo esto mientras el escándalo que involucra a Guadalupe Taddei amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos para el discurso anticorrupción de la llamada Cuarta Transformación.
Porque no hay que perder de vista dónde comenzó este asunto. Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en 2023, mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos por sus vínculos familiares con personajes cercanos a Morena. Su llegada fue recibida favorablemente por sectores del oficialismo que durante años habían cuestionado al INE de Lorenzo Córdova. Se hablaba de una nueva etapa, de terminar con los privilegios y de transformar una institución que, según ellos, estaba secuestrada por intereses políticos. Hoy, ante los señalamientos sobre contrataciones millonarias, aquel entusiasmo merece una explicación mucho más profunda que simplemente buscar responsables en el pasado.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que las contrataciones cuestionadas no comenzaron con Taddei. El gobierno federal presentó información sobre una red de proveedores vinculada con operaciones electorales desde hace 27 años, particularmente con los hermanos Hernández Casillas. Según la Secretaría Anticorrupción, esa red recibió contratos por 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023 en organismos electorales locales, y otros 646.3 millones entre 2024 y 2025. Son datos que justifican una investigación exhaustiva, pero también dejan una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con esos mismos proveedores durante la gestión de Taddei y quién autorizó cada contratación?
Ahí está el verdadero fondo político del asunto. No es que investigar 27 años esté mal. Al contrario, que revisen hasta el último centavo. Lo cuestionable es que la exigencia histórica haya cobrado tanta fuerza precisamente cuando comenzaron a acumularse los señalamientos contra una funcionaria cuya llegada había sido celebrada por el oficialismo. La presidenta asegura que también debe investigarse a Taddei, pero buena parte del discurso político se ha concentrado en Lorenzo Córdova y las administraciones anteriores. Y una cosa es ampliar una investigación y otra muy distinta utilizar el pasado para desplazar la atención del presente.
El espectáculo se extendió hasta Sinaloa. La gobernadora Graciela Domínguez Nava apareció para respaldar la postura presidencial, denunciar una supuesta red de corrupción de 27 años en el INE y cuestionar a personajes de la oposición. También defendió la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales de la democracia. Hasta ahí, muy bien. Pero sería interesante escucharla exigir con la misma firmeza una revisión integral de los recursos ejercidos durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Y por si faltaba alguien en esta repentina cruzada por la transparencia, también apareció Imelda Castro. La senadora se sumó a las exigencias de investigar las irregularidades del INE y resarcir el daño patrimonial. Qué interesante sería que esa misma determinación alcanzara las cuentas de los gobiernos de Sinaloa y de México, incluidos los encabezados por su propio movimiento. Porque una cosa es exigir justicia cuando el escándalo está en el INE y otra sostener esa exigencia cuando las preguntas llegan a casa.
Imelda ha sido una de las figuras que han respaldado políticamente el proyecto de la Cuarta Transformación y defendido sus principales decisiones. Eso hace todavía más importante preguntarle dónde ha estado esa misma contundencia para reclamar una revisión integral del gobierno de Rubén Rocha Moya. ¿Por qué no exigir públicamente que se investigue con igual profundidad el ejercicio de los recursos federales? ¿Por qué el entusiasmo por fiscalizar aparece con tanta fuerza cuando se trata del INE y no se escucha con la misma intensidad cuando las cuentas corresponden a los propios compañeros? Qué bonito resulta cambiar el discurso según las circunstancias. La transparencia no debería necesitar que un funcionario caiga en desgracia para convertirse en prioridad.
Porque si vamos a investigar administraciones anteriores, que no se haga solamente donde resulta políticamente conveniente. Que se revisen los años de Rocha, sus contratos, adjudicaciones, obras públicas, programas sociales y decisiones presupuestales. Que se conozca qué empresas recibieron recursos, bajo qué procedimientos y con qué resultados. Y que la revisión alcance también a los gobiernos anteriores, sin excepciones. No se trata de declarar culpable a nadie por anticipado, sino de aplicar exactamente el mismo criterio de fiscalización que hoy se exige para el INE.
Y ya entrados en gastos, ¿por qué no revisar a fondo el Senado y la Cámara de Diputados? ¿Por qué no transparentar cada subvención parlamentaria, cada contrato, cada asesoría y cada peso destinado a estructuras administrativas? Que se investiguen también las dependencias federales, las empresas públicas, los fideicomisos y el destino de los recursos de los organismos que fueron desaparecidos. Porque resulta muy sencillo hablar de corrupción cuando el señalado pertenece al pasado, pero bastante más complicado sostener ese discurso cuando la revisión alcanza a los compañeros de partido.
Hay una diferencia enorme entre combatir la corrupción y administrar políticamente sus consecuencias. La primera exige pruebas, auditorías, investigaciones independientes y sanciones para quien resulte responsable. La segunda permite seleccionar a quién exhibir, a quién investigar primero y qué escándalo merece ocupar los titulares. Y esa es precisamente la duda que deja la reacción oficial frente al caso Taddei: si realmente se busca esclarecer todo lo ocurrido o si la discusión sobre los 27 años también está sirviendo para cambiar el centro del debate.
Además, no podemos olvidar que aquí está en juego algo mucho más delicado que los contratos. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, de su independencia y de la confianza ciudadana en las elecciones. Los cuestionamientos contra Taddei no se resuelven responsabilizando automáticamente a quienes estuvieron antes, de la misma manera que los posibles abusos de administraciones anteriores no desaparecen por señalar irregularidades recientes. Cada periodo debe investigarse por sus propios hechos, sin convertir las instituciones electorales en instrumentos de confrontación partidista.
Lo que resulta difícil de justificar es la facilidad con la que algunos políticos pasan de celebrar a una funcionaria a explicar que los problemas de la institución venían desde mucho antes. Si durante años se aseguró que la transformación significaba terminar con las viejas prácticas, entonces también corresponde explicar por qué continuaron las contrataciones cuestionadas durante la administración que supuestamente representaba una nueva etapa.
Que investiguen los 27 años, por supuesto. Que investiguen a Lorenzo Córdova, a los antiguos consejeros, a los proveedores y a todos los que hayan intervenido en decisiones irregulares. Pero que nadie pretenda que esa revisión sustituya las respuestas que Guadalupe Taddei y los funcionarios de su administración deben ofrecer sobre su propio periodo. Y mucho menos que la exigencia de transparencia termine justamente en la puerta de los gobiernos de Morena.
Porque cuando la rendición de cuentas se exige solamente hacia atrás y hacia los adversarios, deja de parecer un compromiso institucional y comienza a parecer una estrategia de defensa política.
El problema no son los 27 años que quieren investigar. El problema es que todavía no terminan de explicar los tres años y medio que tienen enfrente.
Según yo, el Goyo310.
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