• Esta Ley propone zonas de recuperación económica, un fondo estatal y estímulos fiscales para reactivar empresas, establecer indicadores y evaluar resultados
• Debemos pasar de los apoyos discrecionales a mecanismos institucionales; de la improvisación a una respuesta organizada y con recursos establecidos en los presupuestos gubernamentales

Culiacán, Sinaloa, 27 de octubre de 2026.- Ante el deterioro de la economía sinaloense y la pérdida de miles de empleos, la diputada Paola Gárate llamó a las y los diputados sinaloenses a aprobar la Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado de Sinaloa, para atender las afectaciones económicas provocadas por fenómenos naturales y la violencia.

“Proponemos, dijo, pasar de los apoyos discrecionales a mecanismos institucionales; de la improvisación a una respuesta organizada y con recursos establecidos en los presupuestos gubernamentales”, en esta iniciativa de Ley impulsada por la legisladora desde hace un año a través de la bancada priista.

Durante su posicionamiento ante el pleno, la legisladora advirtió que Sinaloa está perdiendo empresas, empleos y oportunidades de desarrollo, mientras las respuestas gubernamentales no están a la altura de la crisis que enfrentan las familias, los comerciantes, los empresarios y los sectores productivos.

La legisladora sostuvo que la recuperación económica requiere políticas públicas diseñadas desde las condiciones concretas que enfrentan los negocios y los productores, pues no todas las afectaciones son iguales ni pueden atenderse con las mismas medidas.

Explicó que una empresa que ha perdido la mitad de sus ventas necesita una respuesta distinta a la de un establecimiento que cerró por completo, al igual que un productor que enfrenta dificultades para comercializar requiere soluciones diferentes a las de un comerciante que necesita financiamiento para conservar sus empleos.

Por ello, recordó que hace un año presentó la Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado de Sinaloa, una propuesta orientada a establecer mecanismos institucionales para atender las afectaciones económicas derivadas de la violencia y de fenómenos naturales.

Entre sus principales componentes destacó la creación de zonas de recuperación económica, que permitirían identificar territorios y actividades productivas con afectaciones graves, elaborar diagnósticos técnicos y poner en marcha programas específicos con responsables y plazos definidos.

Propone estímulos fiscales diferenciados para las empresas que se mantuvieron abiertas durante la crisis, aquella que buscan reactivar sus operaciones y las nuevas inversiones que contribuyan a recuperar empleos con participación de empresarios, productores, municipios y autoridades estatales, para coordinar soluciones directamente en las zonas afectadas.

La propuesta incorpora, además, indicadores y mecanismos de evaluación que permitan conocer cuánto se invierte, quiénes reciben los apoyos, cuántas empresas logran recuperarse y cuántos empleos pueden preservarse.

DATOS DE INEGI:
Con base en cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI señaló que entre junio de 2024 y junio de 2026 las actividades agropecuarias, forestales, de caza y pesca perdieron 7 mil puestos de trabajo; el sector secundario, que incluye industria y construcción, registró una disminución de 21 mil empleos, y el comercio y los servicios perdieron 35 mil puestos.

Estamos perdiendo mucho más que empleos. Estamos comprometiendo el futuro económico de Sinaloa”, sostuvo la legisladora priista.

Gárate señaló que la crisis económica se refleja tanto en el cierre definitivo de establecimientos como en la reducción de horarios, personal y operaciones de empresas que buscan mantenerse a flote. Añadió que 10 mil sinaloenses más recurrieron al trabajo por cuenta propia como alternativa ante la falta de oportunidades, mientras disminuyó en 79 mil el número de personas que laboran más de 35 horas semanales y aumentó en 17 mil el de quienes trabajan menos de 15 horas.

La diputada advirtió que estas condiciones reflejan no solamente la pérdida de empleos, sino también la precarización de los ingresos y las dificultades de miles de familias para sostener su economía.

Cuestionó que, frente a este panorama, la respuesta institucional se concentre en reuniones, mesas de trabajo y anuncios que, según señaló, no se traducen en resultados suficientes para quienes enfrentan las consecuencias de la crisis.

“Ya basta de confundir la atención de una crisis con la administración de reuniones”, expresó.