Darío Celis

La movilización nacional de transportistas tomó por sorpresa al Gobierno de Claudia Sheinbaum no por su magnitud, sino por el momento político en que ocurrió. Después de meses insistiendo en que existe comunicación permanente con los distintos sectores productivos, ver bloqueos simultáneos en 19 entidades y casi 700 mil unidades participando en manifestaciones obligó a una reacción inmediata de la Secretaría de Gobernación. Rosa Icela Rodríguez entendió que dejar crecer el conflicto suponía abrir un nuevo frente para una Administración que enfrenta presiones en seguridad, crecimiento económico y finanzas públicas.

La negociación fue rápida. Los representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y otras agrupaciones aceptaron retirar definitivamente los bloqueos a cambio de la instalación de mesas de trabajo para atender demandas relacionadas con seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones de operación para miles de conductores. En los hechos, la Secretaría de Gobernación logró recuperar el control de una situación que amenazaba con extenderse durante varios días y generar afectaciones mayores para las cadenas logísticas.

Sin embargo, el episodio dejó expuesta una realidad que ni el Gobierno ni la industria pueden ocultar. El transporte de carga se ha convertido en uno de los sectores más golpeados por la inseguridad. Los robos de mercancías continúan representando pérdidas multimillonarias para empresas, aseguradoras y operadores, mientras diversas organizaciones llevan años denunciando que muchas rutas del país se han vuelto cada vez más riesgosas. La inconformidad que salió a las carreteras esta semana no nació en una coyuntura política específica. Viene acumulándose desde hace tiempo y tiene sustento en cifras que conoce perfectamente tanto la autoridad como la Iniciativa Privada.

Por eso llamó la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum decidiera poner énfasis en la reunión que algunos dirigentes transportistas sostuvieron días antes con Alejandro Moreno. El mensaje fue evidente. Desde Palacio Nacional se buscó sembrar dudas sobre la naturaleza exclusivamente gremial de las protestas y explorar la posibilidad de que existieran intereses políticos detrás de la movilización. El problema para el Gobierno es que incluso si algunos actores intentaran capitalizar el conflicto, eso no elimina las razones que llevaron a los operadores a manifestarse.

La pregunta de fondo es otra. ¿Qué ocurrirá cuando concluyan las mesas de trabajo? Porque los gobiernos suelen administrar con relativa facilidad las crisis de corto plazo. Lo realmente complejo es resolver las causas que las originan. Hoy Gobernación puede presumir que las carreteras volvieron a la normalidad y que los bloqueos quedaron atrás. Pero si dentro de unos meses los índices de robo siguen intactos, los transportistas regresarán al mismo punto del que partieron.

Y entonces el costo político ya no recaerá en quienes cerraron carreteras, sino en quienes prometieron soluciones y terminaron entregando únicamente otra ronda de reuniones. Ahí es donde comenzará la verdadera evaluación para el Gobierno de Sheinbaum.

LA LICITACIÓN para la emisión de pasaportes vuelve a la mesa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco, después de un concurso declarado desierto y otro cancelado en menos de un año. En el primer proceso participaron Veridos, en asociación con Interconecta, y Cosmocolor, empresas con amplio historial como proveedoras del sector público. El antecedente cobra dimensión porque tanto Veridos como Cosmocolor han tenido contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que hasta el fin de semana pasado estuvo presidido por Guadalupe Taddei. La adjudicación de uno de los contratos tecnológicos más relevantes del Gobierno federal llega mientras distintas contrataciones públicas permanecen bajo revisión y cuestionamientos. Por eso, además de la capacidad técnica y financiera de los participantes, también pesará la trayectoria que han acumulado en su relación con las instituciones públicas.

EL REPORTE de la Cámara de Comercio de Estados Unidos volvió a colocar a México en una posición poco favorable en materia de certeza para los negocios. De acuerdo con el análisis citado por Alejandro Desfassiaux, fundador de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, el país obtuvo apenas 24.7 puntos en el indicador de estabilidad, una medición que considera factores como control del crimen y estabilidad política. La calificación ubica a México cerca de economías como Bolivia y Burkina Faso, una referencia que refleja los desafíos que siguen enfrentando las empresas en materia de seguridad. Para Desfassiaux, el problema trasciende la protección de instalaciones y alcanza el traslado de mercancías, la integridad de trabajadores y la continuidad de las operaciones. La evaluación agrega presión a un entorno donde la inseguridad continúa apareciendo entre las principales preocupaciones del sector privado al momento de invertir o expandir proyectos.

LA REFORMA a la Ley Antilavado empieza a mover a las empresas que operan actividades vulnerables. A partir del 30 de noviembre entrarán en vigor nuevas obligaciones que exigirán identificar beneficiarios controladores, segmentar clientes y proveedores por niveles de riesgo y mantener evaluaciones periódicas de terceros. En ese escenario, Achilles advierte que el principal desafío no será únicamente cumplir la regulación, sino hacerlo sin que los procesos administrativos consuman tiempo y recursos operativos. La exigencia de rastrear a las personas físicas que poseen o controlan al menos 25% de una organización añade complejidad para compañías con amplias cadenas de suministro. La firma considera que la automatización será un factor determinante para gestionar expedientes, monitoreo y debida diligencia sin recurrir a esquemas manuales. Sectores como inmobiliario, automotriz, joyería, arte, financiamiento no bancario y activos virtuales estarán entre los más expuestos a estas nuevas exigencias regulatorias.

LA EXPANSIÓN de Rifel, empresa de Grupo Pan de Pala, que encabeza David Rifel. es muestra de cómo la automatización comienza a modificar procesos en la industria panificadora. La compañía puso en marcha una segunda planta en Querétaro con sistemas robotizados y tecnología desarrollada por fabricantes de Estados Unidos, Europa y Asia para aumentar productividad y atender pedidos de mayor escala. Su meta es triplicar la capacidad instalada y superar las 135 mil toneladas de producción anual hacia 2030, con foco en los mercados de México, Estados Unidos y Centroamérica. El plan contempla una inversión privada de 100 millones de dólares distribuida en tres etapas entre 2026 y 2030. La empresa, que actualmente emplea a unas 800 personas, proyecta superar los mil 500 puestos de trabajo.