Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo”, Carmen Martín Gaite (1925-2000) Novelista española..
ESPALDARAZO
La política tiene una particularidad que pocas veces falla: los mensajes importantes no siempre se encuentran en los anuncios formales, sino en las palabras que se pronuncian, los personajes que las respaldan y el momento elegido para hacerlas públicas. Y lo ocurrido en la sindicatura de Pericos, donde el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Madrid Pérez, expresó su respaldo a Óscar Camacho Rodríguez, merece una lectura que va mucho más allá de una reunión entre militantes y simpatizantes.
Porque en política respaldar a alguien es una decisión. Pero hacerlo públicamente, atribuyendo ese respaldo a una determinación de la dirigencia nacional, representa un mensaje que también alcanza a los aliados.
Y en Mocorito, rumbo a 2027, ese mensaje tiene destinatarios.
Ricardo Madrid no acudió solamente a reconocer el trabajo de Óscar Camacho. Sus declaraciones colocaron al dirigente estatal como portavoz de una posición partidista que, según aseguró, cuenta con el acompañamiento de la estructura nacional del Verde.
“Hay una determinación clara y contundente de la dirigencia nacional. Estamos convencidos que vemos en Óscar Camacho al perfil que Mocorito necesita para salir adelante”, expresó.
La afirmación tiene relevancia porque introduce un elemento que suele adquirir importancia durante los procesos de negociación electoral: el respaldo de las dirigencias.
Una aspiración personal puede sostenerse mediante recorridos, reuniones y presencia territorial. Sin embargo, cuando una dirigencia estatal asegura que existe una determinación nacional para acompañarla, la discusión comienza a desplazarse hacia el terreno de los acuerdos partidistas.
Eso no convierte automáticamente a Camacho en candidato. Tampoco significa que exista una decisión sobre quién encabezará una eventual coalición con Morena y el Partido del Trabajo. Pero sí establece públicamente la posición que Ricardo Madrid atribuye al Partido Verde. Y esa diferencia resulta fundamental.
Durante los últimos procesos electorales, las alianzas entre Morena, el Verde y el PT han permitido construir acuerdos en distintas regiones del país. Sin embargo, compartir una coalición no significa que las organizaciones renuncien a sus intereses, procedimientos internos o aspiraciones municipales.
Cada partido conserva su estructura y busca fortalecer su presencia territorial.
Por eso, lo ocurrido en Pericos puede interpretarse como parte de una etapa de posicionamiento en la que los aliados comienzan a presentar sus propios perfiles antes de que se definan los mecanismos para seleccionar candidaturas comunes.
No necesariamente representa una confrontación.
Pero tampoco es un movimiento que deba analizarse de manera aislada.
En Mazatlán, el Partido Verde incorporó al expresidente municipal Fernando Pucheta Sánchez, mientras el Partido del Trabajo expresó su respaldo político a María Joseé Salazar Reyes. Ahora, en Mocorito, la dirigencia verde hace público su acompañamiento a Óscar Camacho.
Son escenarios municipales diferentes, con personajes y circunstancias distintas, pero comparten un elemento: los partidos aliados de Morena están mostrando sus propias cartas dentro de la discusión política de 2027.
Y aquí comienza la interrogante de fondo. ¿Se trata de aspiraciones construidas para competir dentro de los procedimientos que eventualmente acuerden las fuerzas políticas o de posiciones que buscan fortalecer la capacidad de negociación de cada partido? No existe todavía información suficiente para establecer una respuesta definitiva.
Sin embargo, los movimientos permiten observar que las dirigencias partidistas comienzan a asumir un papel más visible en la configuración del escenario municipal.
Porque una cosa es que una persona manifieste su intención de participar y otra que la dirigencia de su partido cierre filas públicamente alrededor de ella.
En Pericos ocurrió lo segundo. Ricardo Madrid aseguró que Óscar Camacho contará con el acompañamiento de la estructura verde y destacó la organización de quienes participaron en el encuentro.
“Hoy el Partido Verde cierra filas desde Pericos y desde Mocorito con nuestro amigo Óscar Camacho”, manifestó. La expresión resulta significativa porque traslada el respaldo del terreno individual al institucional, al menos en el discurso público de la dirigencia estatal. Y también plantea una responsabilidad.
Cuando un partido presenta a determinado perfil como su propuesta política, adquiere la obligación de explicar qué representa esa persona, cuáles son sus planteamientos para el municipio y de qué manera pretende responder a las necesidades de la población.
Porque el respaldo de una dirigencia puede fortalecer una aspiración dentro de una estructura partidista, pero no sustituye la discusión sobre los problemas públicos.
Mocorito necesita que la competencia política incorpore propuestas relacionadas con sus comunidades rurales, la infraestructura, los servicios públicos, las actividades productivas y las oportunidades de desarrollo.
Esos asuntos no desaparecen por la intensidad de una asamblea ni por las expresiones de respaldo que reciba un aspirante. Y ahí se encuentra otra dimensión del mensaje de Madrid.
El dirigente habló de resultados, trabajo y organización. Son argumentos políticos que deberán contrastarse con la trayectoria y las propuestas concretas de Camacho conforme avance el proceso.
La presencia de simpatizantes constituye una expresión de organización, pero no puede interpretarse automáticamente como una medición de las preferencias de todo el municipio. Tampoco el respaldo de una dirigencia nacional, aun cuando se formalice, equivale al respaldo electoral de la ciudadanía. Son niveles distintos de legitimidad.
Y confundirlos puede provocar expectativas que los propios procedimientos partidistas todavía no han resuelto. Pero el caso de Óscar Camacho tiene un antecedente que ayuda a comprender mejor el movimiento.
En marzo de 2025, el entonces dirigente municipal del PRI se incorporó al Partido Verde, cuando ya desempeñaba funciones como regidor de Mocorito. Su llegada fue presentada por Ricardo Madrid como parte del fortalecimiento de la estructura partidista en la región del Évora. Ese pasado político introduce una cuestión interesante.
El crecimiento del Verde en Sinaloa también se está construyendo mediante la incorporación de cuadros procedentes de otras organizaciones. No se trata exclusivamente de formar nuevos liderazgos, sino de integrar experiencias, relaciones territoriales y estructuras previamente desarrolladas.
Es una estrategia que puede fortalecer la organización de un partido, aunque también abre preguntas sobre la identidad política que pretende construir y los compromisos que asumen quienes llegan desde otras fuerzas.
En el caso de Camacho, su trayectoria priista forma parte de su historia pública. Su participación actual corresponde al Partido Verde y será desde esa organización donde tendrá que explicar sus propuestas y responder por sus decisiones.
El antecedente adquiere relevancia porque las alianzas electorales no solamente reúnen partidos. También incorporan trayectorias políticas distintas, algunas de ellas construidas anteriormente desde posiciones que hoy forman parte de la oposición.
Y eso obliga a observar cómo se procesan esas diferencias dentro de un proyecto común. Hay además un dato que permite dimensionar el trabajo organizativo del Verde en Mocorito.
En septiembre, Ricardo Madrid informó que el partido contaba con presencia en 109 secciones electorales y 27 coordinadores de sección en el municipio. Son cifras declaradas por la dirigencia, que muestran la estructura con la cual asegura estar trabajando, aunque no constituyen una medición de intención de voto.
Ese elemento ayuda a entender por qué el respaldo de Pericos no surgió de manera aislada. Existe un trabajo partidista previo y una aspiración que el propio Camacho hizo pública el 20 de octubre, cuando reconoció su interés en buscar la presidencia municipal, pero aclaró que esperaría la convocatoria correspondiente. También manifestó su disposición a respetar la decisión de las dirigencias sobre competir en
Por tanto, la declaración de Ricardo Madrid representa un paso adicional en una secuencia política que ya venía desarrollándose.
Primero, la incorporación de Camacho al Verde. Después, el fortalecimiento de la estructura territorial. Posteriormente, la manifestación pública de sus aspiraciones. Y ahora, el respaldo de la dirigencia estatal, atribuido también a la nacional.
Lo que todavía falta es la definición formal. Y ahí aparece Morena. La organización encabezada en Sinaloa por Imelda Castro atraviesa su propio proceso de construcción territorial y definición de coordinaciones municipales. Sus procedimientos no son automáticamente equivalentes a los que desarrolla el Partido Verde. Esa diferencia tendrá que resolverse mediante acuerdos si ambas organizaciones deciden presentar candidaturas comunes.
Porque el respaldo que recibe Camacho dentro del Verde no obliga a Morena a reconocerlo como candidato de una eventual coalición. Del mismo modo, las decisiones internas de Morena no sustituyen por sí solas los procedimientos que correspondan a sus aliados.
La negociación, en consecuencia, deberá establecer reglas, tiempos y mecanismos aceptados por las partes. Y este punto es particularmente importante.
El Partido Verde ha expresado su intención de mantener la alianza, pero también ha reconocido que cuenta con perfiles propios y que las definiciones electorales todavía están pendientes. Ricardo Madrid ha sostenido públicamente esa posición en otros municipios de Sinaloa.
Por ello, el movimiento en Mocorito puede entenderse dentro de una estrategia estatal más amplia, aunque cada municipio tendrá condiciones políticas diferentes.
La interrogante es cuánto espacio tendrán esas propuestas en las negociaciones que se desarrollen rumbo a 2027.
Porque una alianza electoral no consiste únicamente en sumar emblemas a una boleta. También implica resolver diferencias, distribuir responsabilidades y construir acuerdos sobre las candidaturas.
Y mientras esas decisiones no se formalicen, cualquier respaldo partidista debe entenderse dentro de sus propios alcances.
En Pericos, Ricardo Madrid colocó públicamente al Partido Verde detrás de Óscar Camacho. Ese es el hecho político.
Lo que todavía no existe es una definición sobre quién representará a una eventual coalición en Mocorito. Y conviene mantener clara esa frontera.
Porque en los próximos meses veremos más reuniones, declaraciones, respaldos y aspiraciones en distintos municipios de Sinaloa. Cada movimiento tendrá su propia interpretación, pero ninguno debería confundirse anticipadamente con una candidatura definitiva.
La política municipal comienza a mostrar que los aliados de Morena también tienen estructuras, aspirantes y decisiones propias.
El reto será determinar cómo pueden convivir esas aspiraciones dentro de un acuerdo electoral común, sin que los procedimientos internos de una organización se impongan automáticamente sobre los de las demás.
Al final, Óscar Camacho tiene hoy el respaldo público de Ricardo Madrid y la promesa de acompañamiento que el dirigente atribuye a la estructura nacional del Verde. Eso representa una posición política. La candidatura será otra discusión.
Y quizá esa sea la verdadera lectura de lo ocurrido en Pericos: el Partido Verde está dejando constancia de sus aspiraciones antes de que comiencen las definiciones electorales.
Porque en política, llegar a una negociación con un nombre propio no garantiza obtener la candidatura, pero sí permite establecer qué pretende cada organización y sobre qué bases está dispuesta a construir acuerdos.
Y en Mocorito, como en otros municipios de Sinaloa, la pregunta que terminará por definir el rumbo de los aliados no será solamente quién tiene aspiraciones.
Será quién establece las reglas, quién participa en las decisiones y qué sucede cuando dos o más partidos consideran que tienen derecho a encabezar el mismo proyecto.
Porque compartir una alianza puede ser relativamente sencillo mientras se habla de unidad. La verdadera prueba comienza cuando llega el momento de decidir a quién le corresponde la candidatura.
RECORRIDO
La política tiene momentos en los que el discurso debe ceder su lugar a la realidad, particularmente cuando las circunstancias obligan a los gobiernos a responder ante situaciones que afectan directamente el patrimonio y la tranquilidad de las familias.
La gira que realizó este domingo la gobernadora Graciela Domínguez Nava por la comunidad de El Caracol, en Guasave, tiene una lectura que va más allá de la entrega de apoyos económicos a quienes resultaron afectados por el fenómeno de mar de fondo registrado en las costas de Sinaloa.
Se trata de una jornada que permite observar la capacidad de respuesta institucional, pero también plantea interrogantes sobre la prevención, la vulnerabilidad de las comunidades costeras y la necesidad de construir políticas públicas que no dependan exclusivamente de la aparición de una emergencia.
El Gobierno del Estado informó que 592 familias recibieron apoyos mediante una jornada desarrollada simultáneamente en 21 comunidades de Ahome, Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán, Eldorado y Mazatlán, con una inversión de 2 millones 725 mil pesos.
A estos recursos se sumaron 110 mil pesos destinados a 22 comerciantes de la Isla de la Piedra, quienes también enfrentaron afectaciones derivadas de la salida del mar. Las cifras permiten dimensionar la magnitud territorial del fenómeno, pero detrás de cada cantidad existe una realidad que difícilmente puede explicarse mediante estadísticas: viviendas dañadas, pertenencias perdidas, pequeños negocios afectados y familias que deben encontrar la manera de recuperar parte de lo construido durante años.
Porque una cosa es contabilizar los apoyos entregados y otra muy distinta conocer cuánto tiempo necesitarán los damnificados para recuperar su patrimonio.
La presencia de Graciela Domínguez en Guasave, acompañada de la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya y funcionarios estatales, representa una respuesta institucional que merece analizarse desde dos perspectivas.
La primera corresponde a la obligación administrativa de atender a las personas afectadas, identificar daños y distribuir recursos mediante mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La segunda tiene una dimensión política, porque la cercanía de una autoridad con las comunidades también forma parte de la relación que construye con la ciudadanía. Sin embargo, sería un error considerar que la presencia gubernamental constituye por sí misma una solución definitiva.
Las visitas permiten escuchar, reconocer necesidades y establecer compromisos, pero los resultados deben medirse mediante el seguimiento y la capacidad de resolver los problemas que permanecen cuando concluye la jornada oficial.
Las comunidades costeras de Sinaloa enfrentan condiciones particulares que las mantienen expuestas a fenómenos naturales capaces de modificar su vida cotidiana en cuestión de horas.
La pesca, el comercio, los servicios turísticos y numerosas actividades familiares dependen directamente de un entorno que ofrece oportunidades económicas, pero también implica riesgos. Por ello, la entrega de recursos constituye una medida necesaria de atención inmediata, aunque resulta insuficiente como única respuesta gubernamental.
El verdadero desafío consiste en revisar qué infraestructura requiere fortalecerse, cuáles localidades presentan mayor vulnerabilidad, qué mecanismos de alerta deben perfeccionarse y de qué manera pueden desarrollarse programas de recuperación que permitan a las familias enfrentar las consecuencias de una contingencia sin comprometer durante meses su estabilidad económica.
Aquí aparece una cuestión que merece especial atención. Los 2 millones 725 mil pesos distribuidos entre las familias representan un esfuerzo presupuestal concreto, pero su alcance debe valorarse frente a las necesidades reales de quienes sufrieron daños. Una vivienda afectada puede requerir reparaciones cuyo costo supere considerablemente el apoyo recibido, mientras que un pequeño comerciante puede enfrentar pérdidas que no se limitan a mercancías o mobiliario, sino que también incluyen los días durante los cuales permanece sin generar ingresos.
Esto no significa desconocer la utilidad de los recursos entregados, sino comprender que la recuperación económica de una familia exige, en determinadas circunstancias, medidas adicionales de acompañamiento, financiamiento, rehabilitación de infraestructura y restablecimiento de las actividades productivas.
La dimensión territorial de la jornada también ofrece una lectura importante sobre las responsabilidades del Gobierno del Estado. No se trató de una contingencia limitada a una comunidad o a un solo municipio, sino de afectaciones distribuidas a lo largo de distintas regiones del litoral sinaloense.
Esa circunstancia obliga a pensar en una estrategia de protección civil que supere las capacidades individuales de los ayuntamientos y permita establecer mecanismos permanentes de coordinación, información y respuesta. Los gobiernos municipales conocen las necesidades inmediatas de sus comunidades, pero la atención de fenómenos que abarcan varias regiones requiere recursos estatales, planeación técnica y criterios transparentes para determinar prioridades.
La prevención no puede depender exclusivamente de la experiencia acumulada después de cada emergencia; necesita convertirse en una política institucional que anticipe escenarios y reduzca las consecuencias de futuros acontecimientos.
Durante su visita, la gobernadora también recibió planteamientos relacionados con necesidades de infraestructura educativa, entre ellos una solicitud de atención a las instalaciones sanitarias de una escuela de la comunidad.
Este tipo de encuentros demuestra que las giras territoriales pueden convertirse en espacios para identificar problemas que no necesariamente forman parte del motivo original de la visita. Sin embargo, también generan compromisos que deberán verificarse posteriormente, porque la atención directa adquiere verdadero sentido cuando se traduce en acciones concretas.
Escuchar a una comunidad constituye una parte importante del ejercicio gubernamental, pero el cumplimiento de los compromisos es lo que permite evaluar la efectividad de esa cercanía y distinguir entre una respuesta circunstancial y una intervención capaz de producir resultados duraderos.
La jornada ocurre, además, en un momento político particular para Sinaloa. Graciela Domínguez encabeza una administración que debe garantizar la continuidad de las funciones gubernamentales mientras el estado comienza a experimentar un
RECORRIDO
En política, las aspiraciones no solamente se construyen desde las dirigencias partidistas. También se desarrollan en las comunidades, donde los encuentros permiten conocer las preocupaciones de quienes viven lejos de las decisiones que se toman en las oficinas del poder.
Tere Osuna, aspirante a la coordinación municipal de la Cuarta Transformación en Concordia, continúa sus recorridos territoriales y este domingo sostuvo un encuentro con agricultores de El Verde, una comunidad donde la actividad productiva forma parte importante de la vida cotidiana.
La reunión tuvo como eje los logros que Osuna atribuye al movimiento de la Cuarta Transformación, pero también permitió mantener contacto con un sector que enfrenta desafíos relacionados con la producción, la comercialización y las condiciones del campo.
El movimiento tiene una dimensión política evidente. Mientras se aproxima la definición de las coordinaciones municipales, quienes buscan participar necesitan desarrollar presencia territorial y establecer canales de comunicación con las distintas comunidades.
Sin embargo, la cercanía no debe medirse únicamente por el número de reuniones ni por las fotografías compartidas en redes sociales. Su verdadero alcance depende de la capacidad para escuchar, identificar necesidades y traducir ese conocimiento en propuestas concretas.
Para Tere Osuna, los recorridos representan una oportunidad de presentar sus planteamientos y conocer las demandas del municipio. La definición de la coordinación, por su parte, dependerá de los procedimientos internos que se establezcan.
Porque en Concordia, como en cualquier municipio, una aspiración política puede comenzar con una visita, pero su contenido se construye cuando el diálogo con la ciudadanía se convierte en compromisos verificables.
Y entre los surcos de El Verde, la política vuelve a encontrarse con una realidad que ninguna contienda interna debería olvidar: el campo necesita respuestas más allá de los tiempos electorales.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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