Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo”, Carmen Martín Gaite (1925-2000) Novelista española.
AFRENTA
La competencia interna de Morena por la presidencia municipal de Mazatlán comienza a mostrar sus primeras diferencias políticas. Carlos Escobar Sánchez, diputado local y aspirante a la Coordinación Municipal de la Cuarta Transformación, ha colocado sobre la mesa un tema que seguramente acompañará las definiciones de 2027: la reelección.
Su postura resulta interesante porque no desconoce el derecho de la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez a buscar un segundo periodo. Por el contrario, reconoce que las reglas actuales permiten su participación. Sin embargo, sostiene que personalmente no comparte la reelección y que coincide con la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ahí aparece el primer elemento de análisis. Escobar intenta construir una diferencia política sin confrontar directamente a la presidenta municipal. Reconoce la legalidad de su aspiración, pero al mismo tiempo plantea una posición distinta sobre la permanencia consecutiva en los cargos públicos.
Es una estrategia que le permite participar en la competencia interna sin convertir necesariamente a Estrella Palacios en su adversaria política. Y eso tiene importancia en un partido donde la unidad será indispensable después de la selección de candidaturas.
Pero también existe una precisión que no debe perderse: las disposiciones que impedirán la reelección consecutiva a partir de 2030 no invalidan las posibilidades legales de quienes pretendan competir en 2027. Por tanto, la aspiración de Palacios Domínguez debe analizarse bajo las reglas vigentes.
Escobar también ha señalado que, si los resultados internos no le favorecen, se sumará al proyecto que encabece Morena. Esa declaración representa una señal positiva de disciplina partidista, aunque su verdadero valor se conocerá cuando lleguen las definiciones y los aspirantes deban aceptar los resultados.
Otro punto que merece atención es su afirmación de encontrarse a la cabeza de las encuestas. El legislador interpreta los cuestionamientos en su contra como una señal de competitividad, pero sin estudios públicos que permitan conocer metodología, fechas y resultados, esa posición debe mantenerse como una declaración del propio aspirante.
Ahora bien, la competencia por Mazatlán no se reduce a Carlos Escobar y Estrella Palacios. La alcaldesa representa la opción de continuidad, con la ventaja de conocer directamente la administración municipal y mantener presencia pública, aunque también con la responsabilidad de responder por los resultados de su gobierno.
Édgar González Zataráin aparece como otro de los perfiles relevantes. Su experiencia como expresidente municipal le permite conocer el funcionamiento del Ayuntamiento, las demandas de las colonias y las dificultades administrativas del puerto. Su desafío será demostrar que conserva vigencia política y capacidad para construir un proyecto competitivo.
Juan Carlos Patrón Rosales también forma parte de los aspirantes que merecen atención. Su trayectoria legislativa, sus relaciones políticas y los acercamientos que ha sostenido fuera de Sinaloa lo colocan dentro de las negociaciones y movimientos que comienzan a perfilarse. Sin embargo, cualquier respaldo externo deberá traducirse en presencia territorial y aceptación ciudadana.
En ese grupo se encuentra el propio Carlos Escobar, quien busca proyectar su trabajo legislativo y sus relaciones con distintos sectores hacia una candidatura municipal. Su principal reto será demostrar que su aspiración tiene una propuesta de gobierno capaz de diferenciarse de las demás.
La lista de participantes es todavía más amplia. También han hecho público su registro la regidora Fabiola Torres Torres, el regidor Martín Ochoa López, la empresaria María José Salazar Reyes, el diputado local Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, la diputada federal Olegaria Carrazco Macías, el exdirector de Obras Públicas Juan de Dios Garay y Jesús Octavio Loaiza Torres.
La presencia de tantos aspirantes confirma que Morena tendrá una definición compleja en Mazatlán. No solamente por el número de participantes, sino por los distintos intereses, trayectorias y grupos que convergen en el municipio.
Aquí aparece el verdadero desafío para el partido: seleccionar un perfil competitivo sin convertir el proceso en una confrontación que termine debilitando su estructura. Las encuestas podrán ser un instrumento importante, pero la aceptación de sus resultados dependerá también de la claridad de las reglas y de la confianza que generen entre los participantes.
Para Carlos Escobar, el debate sobre la reelección puede servir como punto de partida, pero difícilmente será suficiente para construir una candidatura. La ciudadanía espera respuestas sobre seguridad, servicios públicos, movilidad, infraestructura y desarrollo económico.
Lo mismo aplica para Estrella Palacios, Édgar González y Juan Carlos Patrón. Cada uno deberá demostrar que su experiencia y trayectoria pueden convertirse en soluciones para Mazatlán.
La competencia interna apenas comienza y sería prematuro establecer un ganador. Lo positivo es que la diversidad de perfiles puede enriquecer la discusión sobre el futuro del municipio, siempre que prevalezcan las propuestas sobre las descalificaciones.
Porque la verdadera disputa no debería centrarse únicamente en quién busca repetir, quién quiere regresar o quién pretende llegar por primera vez a la presidencia municipal.
La pregunta que tendrá que responder Morena es quién reúne las mejores condiciones para gobernar Mazatlán y, sobre todo, quién puede convencer a los ciudadanos de que su proyecto representa una alternativa viable para el futuro del puerto.
SALIDA
Lo que hace unos días adelantamos en Entre Veredas quedó confirmado por la propia gobernadora Graciela Domínguez Nava: José Carlos Cárdenas Mellado dejó la Dirección General del SATES, luego de presentar su renuncia la semana pasada.
El movimiento no es menor. Se trata de un organismo estratégico para las finanzas públicas de Sinaloa y su titularidad representa una posición de responsabilidad dentro de la estructura estatal.
La mandataria confirmó la salida, pero dejó abiertas dos interrogantes: las razones de la renuncia y quién asumirá la dirección. Ambas serán importantes para entender si se trata de un relevo estrictamente administrativo o de un ajuste con implicaciones políticas.
Por ahora, el hecho está confirmado. Y vale subrayarlo: Entre Veredas informó en tiempo y forma sobre un movimiento que hoy reconoce oficialmente el Gobierno del Estado.
Porque en política, tan importante como conocer quién llega es entender por qué se va quien ocupaba una posición estratégica.
RESPUESTA
El conflicto laboral entre el Ayuntamiento de Salvador Alvarado y sus trabajadores sindicalizados representa un desafío administrativo y financiero para el gobierno de Lupita López González, pero también una oportunidad para demostrar que el diálogo puede abrir caminos de solución.
En este escenario, la intervención del diputado local Ambrocio Chávez Chávez merece atención. Su acercamiento con la dirigencia sindical y la presidenta municipal refleja disposición para contribuir a una salida institucional, sin convertir las diferencias laborales en una confrontación política.
La propuesta de gestionar respaldo ante el Gobierno del Estado resulta pertinente, particularmente cuando el conflicto involucra adeudos que, según los reportes, ascienden a 3.18 millones de pesos. Sin embargo, cualquier apoyo deberá acompañarse de compromisos financieros claros para evitar que las dificultades vuelvan a presentarse.
También debe reconocerse que Lupita López enfrenta la responsabilidad de encontrar soluciones que permitan cumplir las obligaciones laborales sin comprometer la operación de los servicios municipales. La coordinación con el Congreso y las autoridades estatales puede contribuir a ese propósito.
Para Ambrocio Chávez, el reto será transformar su disposición de apoyo en gestiones concretas. Su papel como representante del distrito puede facilitar acuerdos, aunque la solución corresponde principalmente a las autoridades municipales y a la representación sindical.
Porque en política, la capacidad de interlocución tiene valor, pero adquiere verdadero sentido cuando se traduce en resultados. Y en Salvador Alvarado, lo importante no será quién intervino primero, sino que los trabajadores reciban lo que les corresponde y el Ayuntamiento recupere su estabilidad.
DESAFIO
La Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta nuevamente un cierre de año complicado. El rector Jesús Madueña Molina ha puesto sobre la mesa una necesidad financiera de mil 380 millones de pesos para cubrir aguinaldos y las dos quincenas de diciembre, una cantidad que refleja la magnitud de los compromisos laborales de la institución.
Hay un aspecto que merece reconocerse: Madueña Molina asegura que las gestiones comenzaron desde enero y que mantiene comunicación con las autoridades federales y estatales. Su próxima reunión en Ciudad de México representa una oportunidad para encontrar alternativas antes de que los tiempos administrativos se conviertan en una presión para miles de trabajadores universitarios.
Sin embargo, también existe una discusión de fondo. La UAS no puede depender indefinidamente de negociaciones extraordinarias para cumplir obligaciones previsibles. Se requiere una solución financiera que combine suficiencia presupuestal, planeación, transparencia y responsabilidad administrativa.
La disposición de la gobernadora Graciela Domínguez Nava para mantener el diálogo resulta importante, aunque las limitaciones presupuestales del estado obligan a buscar una respuesta principalmente desde la Federación.
El rector enfrenta una prueba de gestión institucional. Conseguir los recursos será fundamental, pero también lo será avanzar hacia un esquema que permita dar certidumbre financiera a la universidad.
Porque el pago oportuno de salarios y prestaciones no debe convertirse cada diciembre en una incertidumbre. Es un derecho de los trabajadores y una responsabilidad que merece soluciones de largo plazo.
PETICIÓN
El rector de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal, ha colocado sobre la mesa una discusión necesaria: la desigualdad en la distribución de los recursos destinados a las universidades públicas. Su planteamiento de considerar el presupuesto por estudiante como criterio de asignación tiene sustento en una diferencia que merece atención.
Mientras algunas instituciones reciben cerca de 120 mil pesos anuales por alumno y el promedio nacional se ubica en 77 mil, la UAdeO dispone de aproximadamente 34 mil pesos. Una brecha que obliga a revisar si las condiciones de financiamiento permiten ofrecer oportunidades educativas equivalentes.
Hay un aspecto positivo en la postura de Flores Leal: no solamente plantea la necesidad de mayores recursos, sino un criterio medible para discutir su distribución. Sin embargo, el presupuesto por alumno también debe analizarse junto con las características, costos y necesidades académicas de cada universidad.
El desafío para el rector será convertir este posicionamiento en acuerdos con las autoridades federales y estatales, particularmente cuando la UAdeO enfrenta sus propias dificultades financieras.
Porque ampliar la cobertura educativa sin garantizar recursos suficientes puede comprometer la calidad de la enseñanza. Y la equidad universitaria debe comenzar por ofrecer condiciones dignas a quienes estudian, independientemente de la institución que elijan.
REGISTRO
La diputada local Rosario Sarabia Soto ha dado un paso importante en sus aspiraciones políticas al formalizar su registro para participar en el proceso interno de Morena por la coordinación municipal en El Rosario, con la mirada puesta en la presidencia municipal de 2027.
Su decisión no resulta sorpresiva. La legisladora ha venido desarrollando trabajo territorial mediante recorridos y encuentros comunitarios, una estrategia que busca fortalecer su presencia entre los ciudadanos y construir una base de respaldo para la próxima contienda.
Hay un elemento favorable en su posicionamiento: la cercanía con las comunidades, particularmente en un municipio donde las demandas sociales requieren atención permanente. Sin embargo, esa presencia deberá traducirse en propuestas concretas sobre servicios públicos, infraestructura, desarrollo económico y atención a las localidades rurales.
Sarabia también enfrenta el desafío de convertir su trayectoria legislativa en una alternativa de gobierno. El registro representa apenas el inicio de una competencia en la que las encuestas, los acuerdos internos y la capacidad de construir consensos tendrán un papel determinante.
Por ahora, Rosario Sarabia confirma que quiere participar en la sucesión municipal. Su verdadera prueba será demostrar que el respaldo que asegura encontrar en sus recorridos puede convertirse en una opción competitiva.
Porque recorrer el territorio permite conocer sus necesidades, pero gobernarlo exige tener respuestas para resolverlas.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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