Darío Celis
La controversia que comenzó en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a lo que mucha gente consideró que podría elevar el pago de sus impuestos prediales podría ser apenas un anticipo de una discusión mucho más amplia. Aunque el Programa de Ordenación Metropolitano aplica únicamente a 84 municipios y alcaldías de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, el principio que lo acompaña ya aparece en una iniciativa con alcance nacional de actualizar y homologar los catastros para acercarlos a la realidad del mercado inmobiliario.
Las autoridades insisten en que no existe un aumento directo al impuesto predial. Jurídicamente tienen razón. Ni el programa metropolitano ni la propuesta federal modifican por sí mismos las tasas impositivas. El problema surge cuando un inmueble cuyo valor catastral representa apenas 20%, 30% o 40% de su valor comercial es incorporado a una nueva medición. En ese momento, aun sin cambiar la tasa del impuesto, la base gravable aumenta y el recibo puede terminar siendo mayor.
Por eso la discusión trasciende a la entidad gobernada por Clara Brugada. La iniciativa federal para fortalecer y armonizar los catastros busca crear una clave catastral única, homologar registros públicos y modernizar la información inmobiliaria en todo el país. Hacienda ha defendido el proyecto bajo un argumento conocido: mejorar la recaudación municipal sin recurrir a nuevos impuestos.
Desde las finanzas públicas, la propuesta tiene sentido. México recauda por impuesto predial una proporción significativamente menor a la observada en otras economías de la OCDE. Muchos municipios dependen de transferencias federales porque sus catastros permanecen desactualizados desde hace décadas y miles de propiedades ni siquiera están correctamente registradas.
La inquietud aparece en otro frente. El valor de una vivienda puede multiplicarse por la plusvalía de una zona sin que el propietario haya incrementado sus ingresos. Es el argumento que han utilizado desarrolladores inmobiliarios y legisladores de oposición para advertir sobre el riesgo de trasladar al contribuyente una riqueza que existe en el papel, pero no necesariamente en liquidez.
Tampoco debe de sorprender que el sector inmobiliario siga de cerca el tema. Una actualización masiva de valores catastrales puede modificar costos de tenencia, proyectos de desarrollo y expectativas de inversión en distintas ciudades. Si posteriormente los estados y municipios deciden revisar tasas, derechos o contribuciones asociadas a la propiedad, el impacto sería todavía mayor.
Más allá de la polémica política, el fondo del asunto es fiscal. Los gobiernos locales necesitan incrementar ingresos propios y el catastro aparece como una de las herramientas más efectivas para conseguirlo. Lo que hoy se discute en el Valle de México podría convertirse en la hoja de ruta para el resto del país.
Parece que ya no importa si los catastros serán actualizados. La digitalización, los drones, la interconexión de registros y los nuevos sistemas de información apuntan en esa dirección. Lo que falta por definir es quién absorberá el costo político cuando esos nuevos valores comiencen a reflejarse en los recibos que llegan a los hogares mexicanos.
ARCELORMITTAL México ya trabaja en una nueva etapa de expansión que busca elevar su producción anual de acero de los actuales 3.6 a 3.7 millones de toneladas hasta 5.3 millones en 2029. La estrategia de la minera encabezada por Víctor Cairo combina inversiones, mejoras operativas y una reorganización interna que divide el negocio en minería, productos largos y productos planos. Uno de los proyectos más relevantes es la construcción de una nueva planta concentradora en Las Truchas, con una inversión de 180 millones de dólares y arranque previsto para 2027. La siderúrgica también busca incrementar la producción de productos largos de 1 a 1.5 millones de toneladas y fortalecer su capacidad de laminación en caliente. El plan llega después de años complejos marcados por retos operativos y la huelga de 2024. Además, la compañía se prepara para celebrar el 50 aniversario de la planta de Lázaro Cárdenas, una de las instalaciones más importantes de la industria siderúrgica nacional.
LA SANIDAD agropecuaria se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones del sector exportador mexicano. El Consejo Nacional Agropecuario, que dirige Luis Fernando Haro, pidió elevar hasta 8 mil 500 millones de pesos el presupuesto del Senasica para fortalecer la vigilancia y prevención de riesgos sanitarios. La solicitud surge en un momento en que productores y exportadores buscan evitar episodios como el del gusano barrenador del ganado, que generó afectaciones comerciales relevantes. Aunque el presupuesto de la Sader aumentaría para 2027, los recursos destinados a sanidad animal y vegetal prácticamente permanecerían sin cambios. Para el sector, el problema trasciende el ámbito agrícola y toca directamente la capacidad de México para mantener abiertos mercados internacionales.
LA INDUSTRIA química mexicana lanzó una advertencia que trasciende al propio sector, y es que sin gas natural suficiente, electricidad confiable y reglas claras, será difícil recuperar competitividad. El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Jesús Sáenz González, señaló que la actividad aporta consumo por 48 mil millones de dólares e inversiones anuales cercanas a mil millones de dólares, pero su participación en el PIB nacional ha descendido a apenas 1.6 por ciento. La preocupación se concentra en la dependencia del gas importado, los problemas de suministro de materias primas y una capacidad instalada que hoy opera parcialmente por falta de insumos. También pidió fortalecer la infraestructura eléctrica en regiones petroquímicas y preservar la integración comercial de Norteamérica ante la revisión del T-MEC.
EL MERCADO laboral comenzó a mostrar señales más consistentes de recuperación durante septiembre, de acuerdo con el análisis de BBVA México. La creación de 128 mil empleos formales no estuvo explicada principalmente por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al IMSS, como ocurrió en etapas anteriores. De hecho, este segmento aportó apenas 6.2% de los nuevos puestos registrados durante el mes. Para el banco dirigido por José Luis Elechiguerra, el dato más relevante es que, al excluir a esos trabajadores, la generación acumulada de empleo formal prácticamente se duplicó frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 208 mil a 409 mil plazas. El resultado sugiere una mejora más amplia en el mercado laboral y no solamente un efecto estadístico derivado de cambios regulatorios. Aun así, los analistas consideran que la recuperación sigue siendo gradual y que todavía existen sectores con señales de debilidad.