Por Alfredo Inzunza.

Francia vuelve a encontrarse frente a una contradicción que ha marcado buena parte de su historia contemporánea: una sociedad que exige más protección del Estado y un Gobierno que dispone de cada vez menos recursos para financiarla.

Las imágenes de adolescentes bloqueando liceos, profesores marchando y enfrentamientos con la policía podrían parecer otro episodio de la tradición francesa de protesta social.

Pero detrás de las barricadas existe una discusión mucho más profunda.

Francia está descubriendo que el dinero barato se terminó.

Las movilizaciones estudiantiles iniciadas en septiembre han adquirido dimensión nacional. El 6 de octubre, más de 266,000 personas participaron en manifestaciones contra el deterioro de la educación pública. Los estudiantes denuncian instalaciones deficientes, falta de profesores, aulas saturadas y desigualdades educativas. La respuesta policial y las detenciones han añadido una controversia sobre el uso de la fuerza.

La paradoja resulta evidente.

Los estudiantes exigen más recursos.

Los mercados exigen mayor disciplina fiscal.

Y Emmanuel Macron se encuentra atrapado entre ambos.

La factura de décadas de dinero barato.

Durante años, Francia pudo sostener uno de los Estados de bienestar más amplios de Europa aprovechando tasas de interés extraordinariamente reducidas.

Pensiones, educación, sanidad, subsidios y protección social fueron financiados parcialmente mediante endeudamiento.

El problema no fue únicamente gastar.

Fue acostumbrarse a financiar déficits permanentes suponiendo que el dinero continuaría siendo barato.

Hoy la deuda pública francesa ronda los 3.5 billones de euros, aproximadamente el 120% de su PIB. El déficit previsto para 2026 supera el 5% del producto, mientras el Gobierno pretende reducirlo al 5% en 2027.

Pero el mercado ha comenzado a exigir explicaciones.

El rendimiento del bono soberano francés a diez años ha rozado el 5%, alcanzando niveles no observados desde 2002. El diferencial frente al bono alemán se ha ampliado, reflejando una mayor prima de riesgo.

Cuando los bonos pierden valor y aumentan sus rendimientos, Francia debe pagar más para refinanciar sus obligaciones.

Y en 2027 necesitará emitir aproximadamente 340,000 millones de euros en deuda a medio y largo plazo.

La aritmética comienza a convertirse en política.

Macron: el costo político de la austeridad.

Las protestas llegan en uno de los momentos más delicados de la presidencia de Emmanuel Macron.

Según el barómetro de Elabe de octubre, apenas el 17% de los franceses declara confiar en él para afrontar los principales problemas nacionales, mientras el 79% manifiesta desconfianza.

Ese deterioro no puede atribuirse exclusivamente a las movilizaciones estudiantiles. También intervienen la inflación energética, el poder adquisitivo, la fragmentación parlamentaria y el desgaste acumulado de su administración.

Pero las protestas han vuelto más visible esa crisis de legitimidad.

Macron ha tenido que convocar reuniones de emergencia con su Gobierno, mientras el primer ministro Sébastien Lecornu intenta responder a las demandas estudiantiles sin comprometer los objetivos presupuestarios.

El Ejecutivo anuncia mayores recursos educativos, pero los manifestantes consideran insuficientes las medidas.

La situación recuerda una constante de la política francesa: las reformas fiscales pueden ser económicamente justificables y, simultáneamente, políticamente difíciles de sostener.

Macron ya no puede presentarse a un tercer mandato presidencial consecutivo.

Sin embargo, el costo político de sus decisiones podría extenderse mucho más allá de su salida del Elíseo.

2027: el malestar entra en campaña.

Las próximas elecciones presidenciales, previstas para abril y mayo de 2027, se celebrarán en un ambiente de desconfianza hacia las instituciones y creciente fragmentación política.

Ahí aparece Marine Le Pen.

La dirigente de Agrupación Nacional, junto con Jordan Bardella, representa una de las expresiones más visibles de la oposición de derecha nacionalista al macronismo.

Un sondeo de Ifop realizado entre el 25 y el 29 de septiembre situó a Le Pen entre el 31% y el 36% de intención de voto en primera vuelta, dependiendo del escenario examinado.

Las encuestas describen un electorado, no anticipan necesariamente el resultado electoral.

El desgaste gubernamental abre espacio para los discursos de oposición que cuestionan las prioridades del gasto público, la eficacia administrativa y las decisiones económicas de Macron.

Pero sería incorrecto asumir que todos los estudiantes movilizados se identificarán con la derecha.

Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa también han encontrado en las protestas un espacio para cuestionar al Gobierno desde la izquierda.

Mientras Le Pen y Bardella pueden situar el debate en la gestión del Estado y el rechazo al establishment, Mélenchon puede plantearlo en términos de desigualdad y defensa de los servicios públicos 

La contradicción es que cualquier futura administración, independientemente de su ideología, heredará las mismas restricciones financieras.

Cambiar de presidente no reduce automáticamente los intereses de la deuda.

Los vigilantes del mercado han regresado.

Durante décadas, los gobiernos europeos pudieron ampliar su endeudamiento en un entorno monetario excepcional.

El Banco Central Europeo compraba bonos.

Las tasas eran reducidas.

Los inversionistas buscaban rendimiento.

Ese escenario desapareció.

Hoy los llamados bond vigilantes —inversionistas que exigen mayores tasas cuando desconfían de la inflación o de la disciplina fiscal— vuelven a influir sobre las decisiones gubernamentales.

No necesitan organizar manifestaciones.

Simplemente dejan de prestar barato.

Y sus decisiones pueden restringir tanto a gobiernos de izquierda como de derecha.

Francia enfrenta así dos manifestaciones simultáneas.

Una ocurre en las calles.

La otra, en los mercados financieros.

Los estudiantes exigen inversiones para garantizar su futuro.

Los acreedores exigen garantías para financiar las obligaciones del pasado.

Y Macron intenta responder a ambas exigencias cuando su capital político se encuentra profundamente debilitado.

Después de años de dinero aparentemente ilimitado, Francia comienza a enfrentarse al costo de sus decisiones fiscales.

Las elecciones de 2027 podrán modificar el equilibrio político francés.

Pero no desaparecerán la deuda, los intereses ni las presiones presupuestarias.

Porque el verdadero problema no es solamente quién ocupará el Palacio del Elíseo.

Es quién estará dispuesto a explicar cómo se financiará el Estado francés cuando el dinero deje de parecer mágico.

Y esa factura, tarde o temprano, termina llegando a las urnas.