En la raya.
La UAS: rinde cuentas
- fortalecida
- por: Jose Luis Lopez Duarte
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cierra un ciclo especialmente complejo. Durante casi cuatro años, la institución estuvo en el centro de una disputa política que combinó acusaciones de corrupción, cuestionamientos sobre su autonomía y un conflicto financiero de enorme sensibilidad: la jubilación dinámica. Hoy, ambos episodios parecen dirigirse hacia una conclusión distinta de la que pretendían sus detractores. La UAS llega al debate presupuestal de 2027 con argumentos institucionales, jurídicos y académicos de mayor peso.
El primer asunto fue la rendición de cuentas. La acusación inicial sostenía que la administración encabezada por el rector Jesús Madueña había defraudado a la universidad por alrededor de 600 millones de pesos. El gobierno de Rubén Rocha recurrió a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso local para construir una narrativa de corrupción y antidemocracia que, en los hechos, sirvió también como instrumento de presión política sobre la universidad.
La respuesta de la comunidad universitaria fue resistir y documentar. La UAS sostuvo que las acciones emprendidas en su contra carecían de sustento legal y que se intentaba utilizar la fiscalización como vía de intervención política. La auditoría practicada a la institución correspondiente al ejercicio 2025 concluyó, según la información difundida, con cero irregularidades y cero daños por reparar. Si este resultado se mantiene como definitivo y verificable, el dato es políticamente contundente: no prueba que la universidad sea perfecta, pero sí debilita de manera sustancial la acusación de un quebranto multimillonario utilizado para justificar una ofensiva institucional.
Aquí conviene hacer una distinción importante. La rendición de cuentas no debe entenderse como una concesión del gobierno ni como una herramienta de castigo. Es un mecanismo para proteger los recursos públicos y la autonomía universitaria al mismo tiempo. Precisamente por eso, las auditorías deben ser técnicas, independientes y ajenas a la disputa partidista. Cuando se convierten en armas políticas, pierden legitimidad incluso si formalmente cumplen con ciertos procedimientos.
El segundo episodio es la jubilación dinámica. Durante más de cuatro décadas, la UAS cubrió una prestación contractual extralegal cuya viabilidad financiera terminó siendo insostenible sin un mecanismo adicional de financiamiento. Los sindicatos aprobaron descuentos destinados a crear un fideicomiso, pero algunos trabajadores jubilados impugnaron esas aportaciones.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo directo en revisión 1038/2026 establece, de acuerdo con lo difundido, que las aportaciones de personas jubiladas a fondos de pensiones complementarias previstos en contratos colectivos pueden ser válidas y razonables cuando buscan preservar la viabilidad financiera de la prestación. El criterio no elimina el debate social sobre el descuento, pero sí aporta una definición jurídica decisiva: el financiamiento del fideicomiso puede sostenerse legalmente si está vinculado con la continuidad de la jubilación dinámica y respeta las reglas laborales aplicables.
La importancia de esta resolución es financiera, pero también política. Una universidad que no puede demostrar cómo financiará sus obligaciones futuras difícilmente puede exigir al Estado mayores recursos. En cambio, una institución que adopta medidas difíciles, transparenta sus pasivos y construye una solución jurídicamente defendible mejora su posición negociadora.
A ello se suma el desempeño académico de la UAS durante el ciclo 2025-2026: programas certificados, más de 700 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, resultados destacados en las olimpiadas universitarias de la ANUIES y el primer lugar nacional en bachillerato, según los datos presentados por la institución.
La conclusión es clara, aunque no debe confundirse con un cheque en blanco. Jesús Madueña y la UAS llegan al presupuesto federal de 2027 con una voz más sólida: sin daños por reparar en la auditoría reportada, con un esquema de jubilación respaldado por la Suprema Corte y con resultados académicos relevantes. El gobierno federal debería evaluar esos elementos con criterios objetivos. Financiar adecuadamente a la universidad no sería premiar a una administración, sino proteger una institución pública cuya estabilidad impacta a todo Sinaloa.
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