Salvador García Soto
Si en la política interna el presidente Andrés Manuel López Obrador aparece como vengativo, rencoroso y autoritario, en la política exterior el presidente de México ha resultado ser un auténtico chivo en cristalería. Como ningún presidente en la historia reciente de México -quizá sólo comparable con el protagonismo de Luis Echeverría-, Andrés Manuel ha vuelto a poner en boga la expresión popular de “candil de la calle y oscuridad de la casa”, al convertirse en un mandatario que pretende ejercer un supuesto liderazgo internacional, con injerencia en la política interna de otras naciones, sobre todo en Latinoamérica, cuando en su propio país cunde el desorden, la anarquía y la ingobernabilidad.
La política externa de la 4T ha resultado ser una de las más conflictivas y problemáticas que se recuerden en el país. Con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y vecino, la relación bilateral ha estado supeditada siempre al tema de la migración, en donde México aceptó ser -primero con Peña Nieto y luego con AMLO- un tercer país seguro de facto para los solicitantes de asilo estadounidense, al mismo tiempo que nos convertimos en la policía migratoria para frenar militarmente en la frontera sur, y cuando no se pueda también en la frontera norte, a los miles de migrantes centroamericanos, venezolanos y de otras partes del mundo que intentan llegar al territorio de EU en busca del ya casi inexistente “sueño americano”.
Sin sacar beneficio alguno de haber cedido nuestro territorio para ser el depósito de los migrantes que no quiere el gobierno de Washington, el gobierno de López Obrador se convirtió, al mismo tiempo que servil y dócil en el tema migratorio, en rebelde y desafiante en otros asuntos de la relación bilateral. Su política energética nacionalista y estatista se volvió un tema de incertidumbre y afectación a las millonarias inversiones de empresas estadounidenses en territorio mexicano y a pesar de las advertencias, llamados y peticiones de enviados de Washington, como John Kerry y del embajador Ken Salazar, el presidente mexicano se aferró a una reforma legal que modificó las reglas de competencia en el sector eléctrico y petrolero, y terminó siendo impugnada y controvertida por Washington en el marco del T-MEC.
Y por si no fuera poco con la guerra en materia energética, que está a punto de llevar a México a unos paneles que avizoran sanciones comerciales para nuestro país, el presidente López Obrador abrió otro frente de confrontación al cuestionar la política hacia Latinoamérica, acusando injerencia y hegemonía de la Casa Blanca sobre las naciones de la región. Primero fue su ausencia y fallido boicot contra la Cumbre de las Américas, el pasado mes de junio en Los Ángeles, y luego los intentos del mandatario mexicano de conformar un nuevo bloque de izquierda entre los gobiernos de América Latina para oponerse a la hegemonía estadounidense.
Todas esas actitudes le costaron a López Obrador perder la confianza de la administración de Joe Biden, que hoy lo ve con recelo y lo consideran poco fiable para los temas de cooperación e inversión bilateral.
Y si la política con Estados Unidos, que es la más importante y estratégica para México ha resultado cuestionable y dudosa, la política del gobierno lopezobradorista hacia Latinoamérica ha resultado desastrosa porque está marcada por el interés personal e ideológica del Presidente. Con un canciller como Marcelo Ebrard, que para no meterse en conflictos con AMLO le dejó hacer y deshacer lo mismo en nombramientos de embajadas y consulados, que en posicionamientos de política exterior en los que se ignoraron los principios y la tradición del Servicio Exterior Mexicano, para dar paso a una política exterior definida por las filias y fobias ideológicas de López Obrador, el resultado es lo que estamos viendo ahora con las posiciones mexicanas ante lo ocurrido esta semana en Perú y Argentina.
La defensa irracional e ideológica que ha emprendido López Obrador del depuesto presidente peruano Pedro Castillo, así como su cuestionable posicionamiento en la sentencia de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, representa uno de los peores momentos en la historia diplomática y del Servicio Exterior Mexicano. Defender a un personaje como Castillo, acusado de delitos graves de corrupción y narcotráfico por la Fiscalía Peruana y considerado “incapaz moralmente” por el Congreso de su país, con base en el artículo 133 de la Constitución del Perú, es una de las expresiones más lamentables del presidente mexicano, que no sólo ha cuestionado a lo congresistas y la Constitución peruana, sino que ha acusado la existencia de “conspiraciones y acosos” para justificar un golpe de Estado como el que intentó Castillo contra la democracia peruana.
Junto a eso, está la injerencia en un proceso penal y judicial de Argentina, al que descalifica el presidente de México al calificar de “venganza de la derecha y vileza de conservadurismo”, cuando existen investigaciones sustentadas en pruebas y testimonios que documentan los desvíos millonarios de Cristina Fernández y su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner, en los negocios que hicieron en la Patagonia y las operaciones de desvío y lavado de dinero público con el contratista Lázaro Báez. Todo con la complacencia y la inacción de un canciller como Ebrard que, lejos de moderar y frenar al Presidente en sus excesos y desbarres en la política exterior, se convierte en su vocero y aplaudidor, con tal de no contradecirlo y afectar así sus posibilidades de resultar el candidato ungido a la Presidencia de la República.
Lo más grave de la política exterior de la 4T no son sólo las afectaciones que causa a los intereses y la imagen del país, al confrontarse lo mismo con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y vecino, sino también con naciones hermanas de Latinoamérica o con España, con las que genera tensiones artificiales e innecesarias que dejan mal parada la imagen de México con un Presidente alocado y hostil; lo que resulta incomprensible y dibuja de cuerpo entero el estilo autoritario y personalista de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, es su incongruencia e injerencismo, al predicar una doctrina de “respeto a la libre determinación de los pueblos”, mientras ataca y cuestiona procesos constitucionales y judiciales de otros países, y su egocentrismo al creer que él puede manejar la política exterior de todo un país con base en sus filias y fobias personales e ideológicas, dañando con ello a la imagen de todos los mexicanos.