ANTONIO QUEVEDO SUSUNAGA
BRECHANDOi
DIPUTADOS RIDICULIZADOS
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se está riendo de los diputados federales, que hicieron un escándalo para desaforarlo acusándolo de delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, simplemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión.
¿El gobernador es o no es culpable?
La Corte dijo que el gobernador tiene fuero estatal, que el fuero federal no sirve para estos casos.
Los diputados federales quedaron en ridículo, quiere decir que la Cámara de Diputados está actuando, sin tener el pleno conocimiento el poder que tiene un Congreso local, en estos casos, tiene la autoridad. ¿No lo saben y no lo han estudiado los diputados federales, entonces qué hacen?
Es extraño que Pablo Gómez, quien presidió estos trabajos siendo diputado federal, no se haya metido analizar que el desafuero federal no es vinculante en el caso de los gobernadores.
El asunto es que Francisco Cabeza de Vaca no lo puede detener la fiscalía general de la República, que es ineficiente y cómo pueden confiar los ciudadanos en fiscalías ineficientes e improvisadas.
El caso de Ricardo Anaya sucede algo parecido, un juez le dio todas las facilidades para que no se presentara, que contestara por Zoom, y el asunto es que no está detenido y la Fiscalía, ni siquiera ha librado orden de aprehensión.
El asunto es que las acusaciones de corrupción que hagan las autoridades federales, contra gobernadores o funcionarios federales, es posible que se la pasen por el “arco del triunfo”.
La Fiscalía de Campeche está solicitando el desafuero del senador Alito Moreno, pero es posible que el dirigente priista tenga una salida parecida a la que encontraron para no castigar al panista Cabeza de Vaca.
Es posible que el caso de Alito sea diferente porque no es gobernador es un legislador federal; sin embargo, es posible que le busquen una salida y su caso quede impune.
Los gobernadores del país deben estar muy tranquilos porque las autoridades federales no pueden actuar contra ellos, aunque hagan negocio con los narcos, laven dinero o reciban dinero ilegal. Ahora saben que la Corte los ayudará a salir del atolladero.
Es evidente que las fiscalías no han arrojado los resultados que los ciudadanos esperaban en la lucha contra la impunidad, esto significa, que la desconfianza contra las autoridades federales y estatales continuará.
El otro caso escandaloso, que se encuentra empantanado es el de Emilio Lozoya, que el gobierno lo tiene acusado por algunos delitos de sobornos de Odebrecht, como la venta de maquinaria de Pemex y compra de equipo inservible, pero no pueden hacerle nada al exdirector de Pemex y la fiscalía nuevamente es incompetente.
Otras fiscalías como la de Guanajuato, Jalisco están haciendo dinero con las negociaciones con el narco, en donde manda en estas organizaciones, como en otras entidades del país.
En Sinaloa, la fiscalía estatal ha dado malas cuentas, es hora de que el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado, su caso dijo la fiscal que estaba aclarado, pero se toparon con hombres del poder fáctico, que al parecer son intocables. El otro caso es el “accidente del helicóptero donde murieron marinos que capturaron a Caro Quintero.
En Sinaloa, tal parece, que hay un círculo de poderosos que siguen siendo intocables por las autoridades de Rubén Rocha, posiblemente por “miedo” o “por compromisos”.
Los índices de impunidad no bajan, claro que hay una mejor respuesta de la autoridad federal, pero sigue existiendo un poder judicial federal y estatal, que sigue con su vieja clientela de delincuentes que dejan mucho dinero, esto impide que la justicia llegue a muchos inocentes que están en las cárceles.