JAQUE MATECambio de reglas
“Nuestra premisa es simple:
las reglas deben aplicarse por igual
a todas las compañías”.
Hillary Clinton, 2011
Como candidato y como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no modificaría la reforma energética de 2013 y que respetaría los contratos que de ella habían surgido. Su representante en las negociaciones del T-MEC, Jesús Seade, lo declaró en Washington el 27 de agosto de 2018: “El presidente electo ha sido muy claro desde toda su campaña, desde que ganó las elecciones, en público, en privado, en todas las formas, casi cada tercer día ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye por supuesto los contratos, que son parte del marco legal, los contratos existentes como los tenemos”.
No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que el Presidente dejara de respetar el marco legal y los contratos vigentes. Lo hizo primero con una serie de nuevas reglas para el sector, después con una nueva Ley de la Industria Eléctrica y más tarde con un intento fallido de enmendar la Constitución.
Las empresas pueden aceptar los cambios que se aplicarán en el futuro. Si no les gustan, dejan simplemente de invertir en nuevos proyectos. La situación es muy diferente, sin embargo, cuando se hacen cambios retroactivos, que afectan a inversiones ya realizadas, que violan los derechos establecidos en contratos vigentes, esos mismos que AMLO y Seade dijeron que no infringirían. Estas acciones constituyen expropiaciones indirectas sin indemnización, las cuales están prohibidas por la ley en México y por cualquier tratado de comercio e inversión, como el T-MEC.
Nadie cuestiona el derecho soberano de México de cambiar su legislación, pero algunas modificaciones tienen costos y consecuencias. Modificar las reglas para dañar a inversiones ya realizadas obliga al pago de indemnizaciones; establecer reglas que quebrantan los tratados internacionales también. El T-MEC dispone que los gobiernos firmantes deben dar el mismo trato a todas las empresas, sean o no propiedad del gobierno. Las nuevas reglas en México, sin embargo, han sido diseñadas abiertamente para dar preferencia a Pemex y la CFE.
Estas nuevas reglas violentan los compromisos que el presidente López Obrador y sus negociadores comerciales, como Seade, hicieron en su momento. No respetan el marco legal ni los contratos existentes. Si los especialistas, como Seade, le dijeron al Presidente que el capítulo 8 del T-MEC le permitía incumplir los contratos existentes, le mintieron.
El Presidente quiere transformar este tema en una bandera patriotera para ganar votos. “No vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”, dijo este 22 de julio. “No hay ninguna violación al tratado. Que le quede la tranquilidad al pueblo de México que no estamos incumpliendo ningún compromiso. Cuidamos, desde el inicio del gobierno, no comprometer el petróleo”. Por eso ha anunciado que dará un discurso el 16 de septiembre sobre el tema.
Pero nadie está hablando de “comprometer el petróleo”. En México el petróleo es “propiedad de la nación”. Esto lo acepta el T-MEC. Pero el tratado también dice que no se puede dar un trato de privilegio a una empresa gubernamental. Esta era la regla vigente en México cuando se firmó el T-MEC en 2020, ya en la 4T, y es una regla que el embajador Seade prometió en Washington que AMLO no cambiaría. Si México decidió cambiarla de todas maneras, tendrá que pagar una sanción por ello… además de perder la confianza de los inversores que se preguntarán siempre en el futuro si en México la ley es la ley.
· LA LEY
La decisión de AMLO de continuar con las obras del Tren Maya en desacato a una suspensión judicial ratifica que en México la ley ya no es la ley. Como en los regímenes autoritarios, la ley es hoy lo que diga el Señor Presidente.
