Morena: ciudadanizar el Congreso no era convertirlo en una escuela de principiantes

Morena acaba de abrir su convocatoria para las coordinaciones distritales locales rumbo a 2027 y sería bueno que, antes de empezar a repartir ilusiones, alguien en ese partido se tomara la molestia de revisar qué ha pasado en el Congreso de Sinaloa durante las últimas tres legislaturas. Porque una cosa es abrirle las puertas al ciudadano común y otra muy distinta es sentarlo en una curul sin saber siquiera para qué sirve. La primera es democracia; la segunda puede terminar convirtiéndose en un experimento bastante caro, donde los sinaloenses pagan las colegiaturas, los errores y hasta las ocurrencias de quienes llegaron a aprender sobre la marcha.

En 2018 Morena vendió una idea que sonaba extraordinaria: terminar con los políticos de siempre y llevar ciudadanos al Poder Legislativo. Había razones para hacerlo. La gente estaba cansada de los mismos apellidos, los mismos acuerdos y los mismos diputados que cambiaban de discurso según quién estuviera gobernando. El problema no fue abrir el Congreso a nuevos perfiles, sino creer que cualquier persona, por el simple hecho de ser popular, representar una causa o caminar detrás de un candidato presidencial, estaba preparada para legislar. Como si para operar a un paciente bastara con tener buenas intenciones y para construir un puente fuera suficiente conocer al ingeniero.

Y así comenzó una etapa en la que muchos llegaron con legitimidad electoral, pero sin una trayectoria legislativa que permitiera anticipar cómo desempeñarían el cargo. Algunos aprendieron, estudiaron y se involucraron en las comisiones. Otros quedaron asociados públicamente con polémicas, espectáculos o enfrentamientos que terminaron haciendo más ruido que su trabajo parlamentario. El problema de fondo es que un Congreso no puede depender de que sus integrantes descubran sus responsabilidades después de tomar protesta. Para eso existen los partidos, las evaluaciones de perfiles y la obligación de preparar a quienes pretenden representar a miles de ciudadanos.

Hay algo todavía más preocupante: la figura del diputado que solamente levanta la mano. Ese personaje que puede pasar tres años sin construir una iniciativa importante, sin cuestionar seriamente un presupuesto, sin incomodar a un funcionario y sin explicar por qué votó a favor o en contra de determinada reforma. Su principal habilidad parece ser identificar cuándo debe encenderse el tablero de votación. No necesita entender el dictamen, conocer sus consecuencias ni revisar cuánto dinero compromete. Le basta con observar hacia dónde se mueve su bancada. Y si todos levantan la mano, pues él también, no vaya a ser que lo confundan con alguien que tiene criterio propio.

Por supuesto, votar en bloque no demuestra automáticamente ignorancia. Los partidos tienen plataformas y acuerdos legislativos, y es natural que sus integrantes coincidan. Lo verdaderamente cuestionable es cuando esa disciplina sustituye la deliberación, cuando las comisiones se vuelven trámites y cuando el legislador no puede explicar con argumentos propios las decisiones que toma. Porque entonces la representación popular pierde buena parte de su sentido: los ciudadanos eligen a cuarenta diputados, pero las decisiones parecen concentrarse en un puñado de dirigentes y coordinadores.

Y aquí está una de las contradicciones más grandes de Morena. Llegó prometiendo que el pueblo mandaría, pero la pregunta es cuánto manda realmente el ciudadano cuando su representante está más preocupado por conservar la simpatía de quienes deciden las próximas candidaturas que por ejercer su independencia legislativa. ¿A quién le rinde cuentas ese diputado? ¿Al distrito que lo eligió, a su partido o al personaje que le abrió las puertas de la candidatura? Son preguntas que deberían discutirse antes de entregar otra vez una curul como si fuera una recompensa por servicios políticos.

Porque no basta con decir que alguien es honesto, cercano a la gente o muy querido en su colonia. Todo eso puede ser valioso, pero no sustituye la capacidad de revisar una ley de ingresos, detectar inconsistencias presupuestales, comprender una cuenta pública o discutir una reforma constitucional. Un buen representante no necesita llegar siendo abogado ni tener veinte años de carrera política. Lo que sí necesita es preparación, capacidad de análisis, disposición para estudiar y, sobre todo, independencia para decir que no cuando una propuesta perjudica a sus representados.

En Sinaloa hemos visto que las polémicas legislativas pueden terminar desplazando el debate de fondo. Serapio Vargas consiguió notoriedad nacional con su propuesta de la Bichi Beach y después con distintas formas de protesta en tribuna. Pedro Villegas protagonizó enfrentamientos públicos y fue mencionado en investigaciones relacionadas con el uso de recursos legislativos. Genaro García Castro terminó desaforado para enfrentar un procedimiento penal por presuntas irregularidades de su etapa como funcionario municipal. Son casos distintos, con implicaciones jurídicas y políticas diferentes, y ninguno permite afirmar por sí solo que sus protagonistas desconocieran el trabajo legislativo. Pero juntos obligan a preguntarse qué mecanismos de selección, supervisión y rendición de cuentas están funcionando dentro del partido.

Tampoco se trata de idealizar a los diputados de antes. El PRI y el PAN tuvieron legisladores con experiencia que utilizaron esa experiencia para defender intereses partidistas, proteger gobiernos o negociar posiciones. Tener un título universitario tampoco vacuna contra la corrupción ni garantiza buenos resultados. La diferencia es que Morena llegó con la promesa de hacer las cosas de otra manera y, después de tantos años ejerciendo el poder legislativo, ya tiene elementos suficientes para evaluar si sus mecanismos de selección están dando los resultados prometidos.

Ahora se vuelve a hablar de encuestas, reconocimiento territorial, trabajo social y cercanía con el movimiento. Muy bien. Pero ¿dónde queda la preparación legislativa? ¿Quién va a preguntarles a los aspirantes si conocen las facultades del Congreso? ¿Si saben distinguir una iniciativa de un punto de acuerdo? ¿Si comprenden cómo se fiscaliza una cuenta pública? ¿Si tienen alguna propuesta seria para su distrito? Porque medir quién es más conocido no equivale a medir quién está preparado. Un personaje puede ser famoso por un escándalo, por sus videos o por aparecer todos los días en redes sociales. Eso no significa que sepa redactar una ley.

Y hay otra cosa que merece revisarse: la productividad legislativa no debería medirse únicamente contando iniciativas. Presentar cincuenta propuestas que terminan archivadas tampoco convierte a nadie en un gran diputado. Lo importante es conocer qué iniciativas se aprobaron, cuáles resolvieron problemas concretos, cómo participaron los legisladores en comisiones, qué modificaciones consiguieron en los dictámenes y qué tan capaces fueron de exigir cuentas al Poder Ejecutivo. Porque también existe el legislador que presenta iniciativas para la fotografía y después se olvida de ellas. Mucha conferencia, mucho boletín, mucho aplauso y, al final, más papel que resultados.

El Congreso de Sinaloa no es una sucursal del partido gobernante ni una oficina donde se tramitan instrucciones. Es un poder público que debe legislar, fiscalizar y ejercer contrapesos. Si sus integrantes renuncian a cuestionar al gobierno por miedo a perder una candidatura, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional. Y eso no se arregla cambiando de diputado cada tres años ni llenando las boletas con caras nuevas.

La nueva convocatoria representa una oportunidad para revisar esas prácticas. Morena puede seguir privilegiando el reconocimiento electoral, pero tendría que explicar cómo evaluará la preparación, los antecedentes, los posibles conflictos de interés y la capacidad de trabajo de quienes buscan representar a los distritos. Porque la ciudadanía merece saber si está eligiendo a alguien capaz de defender sus intereses o simplemente a otra persona que aprenderá dónde está el botón verde y dónde está el rojo.

Después de tres legislaturas, el debate ya no debería ser si Morena tiene derecho a llevar ciudadanos al Congreso. Por supuesto que lo tiene, como cualquier partido. El verdadero debate es si está dispuesto a exigirles preparación y resultados, incluso cuando se trate de personas cercanas a sus propios dirigentes.

Ciudadanizar la política fue una promesa de renovación. Convertir la falta de preparación en algo normal sería traicionar el sentido de esa promesa. Y si el partido no aprende de sus experiencias, los sinaloenses podrían volver a pagar durante tres años el costo de decisiones tomadas sin suficiente conocimiento, debate o responsabilidad.

Porque para levantar la mano no se necesitan tres años de legislatura. Para representar dignamente a un distrito, sí se necesita bastante más que eso.

Según yo, el Goyo310.

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Por elpiripituchi

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