La UAS frente al cierre de año. CAJA POLÍTICA …. Por Yamir Valdez.

Hay miles de familias sinaloenses que han comenzado noviembre con una preocupación que difícilmente les permite pensar en diciembre. En la Universidad Autónoma de Sinaloa, casi veinte mil trabajadores, entre activos y jubilados, académicos, administrativos y de confianza, enfrentamos la incertidumbre de no recibir nuestras quincenas de fin de año y el aguinaldo. Para muchos hogares ese dinero ya está comprometido en pagos, deudas y gastos que se han venido posponiendo.

El problema se ha vuelto más delicado con el emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS. El próximo 19 de noviembre sus agremiados deberán tomar una decisión sobre el movimiento. Nadie quiere ver las instalaciones universitarias cerradas, mucho menos en las circunstancias que atraviesa Sinaloa. Pero tampoco puede pedírsenos tranquilidad cuando está en riesgo el ingreso con el que sostenemos a nuestras familias.

Las autoridades universitarias han señalado que necesitan mil 380 millones de pesos para cerrar el año, de los cuales 840 millones corresponden al aguinaldo y 540 millones a las quincenas de diciembre. La situación viene de muchos años atrás. Cada cierre de año se repite prácticamente la misma historia, con gestiones urgentes, reuniones en la Ciudad de México y recursos extraordinarios que apenas permiten cumplir con lo inmediato.

Vale la pena recordar lo ocurrido a mitad de este año. Para pagar una quincena de julio fue necesario recurrir a recursos federales que correspondían a noviembre. Después, la segunda quincena de octubre pudo cubrirse con un adelanto de 146 millones de pesos del presupuesto estatal previsto para diciembre. Es cierto que hubo disposición gubernamental para apoyar. Sin embargo, cuando llega el mes al que pertenecía ese dinero, el problema vuelve a presentarse.

Y aquí es donde debemos detenernos. La Universidad Autónoma de Sinaloa no necesita más préstamos ni adelantos presupuestales. Necesita un verdadero rescate financiero. Los gobiernos federal y estatal conocen perfectamente las dificultades económicas de la institución y no pueden limitar su intervención a proporcionar recursos de emergencia cada vez que se aproxima una fecha de pago.

Desde luego, también nuestra Universidad tiene responsabilidades que cumplir. Es necesario mantener una administración ordenada, ejercer los recursos con transparencia y revisar los compromisos financieros que se han acumulado durante años.

Defender a la UAS tampoco implica justificar todas las decisiones de quienes han tenido la responsabilidad de administrarla. Lo que necesitamos es que las soluciones sean duraderas y no tengamos que enfrentar la misma incertidumbre cada diciembre.

Pero esa responsabilidad institucional no disminuye la que corresponde al Estado mexicano en el sostenimiento de la educación pública. Resultaría difícil comprender que un gobierno que ha hecho del bienestar y la justicia social sus principales banderas permita que miles de trabajadores universitarios lleguemos a diciembre sin salario y sin aguinaldo.

La Cuarta Transformación ha insistido en que el bienestar de las familias debe estar por encima de cualquier otro interés. Pues bien, aquí tiene una oportunidad concreta para demostrarlo. No mediante discursos ni nuevas promesas de gestión, sino con una solución financiera que ofrezca estabilidad a una institución indispensable para Sinaloa.

Y es que conviene dimensionar las consecuencias de una eventual huelga. ¿Qué pasaría si la Universidad cerrara sus puertas? Miles de jóvenes quedarían sin clases y se suspenderían actividades deportivas, culturales, científicas y de servicio comunitario. En un estado que atraviesa circunstancias extraordinariamente difíciles en materia de seguridad, lo último que necesitamos es ver paralizados los espacios que contribuyen a la formación, la convivencia y la tranquilidad social.

La UAS es una institución fundamental para la gobernabilidad de Sinaloa. Su funcionamiento no debería depender cada mes de negociaciones extraordinarias. La Federación y el Gobierno del Estado tienen razones suficientes para asumir con mayor determinación este problema, sin que ello signifique entregar recursos sin controles ni compromisos de saneamiento financiero.

Nuestra Universidad debe ser tratada como una aliada en la construcción de paz, bienestar y oportunidades para los jóvenes, no como una institución a la que se auxilia únicamente cuando sus problemas amenazan con convertirse en un conflicto social.

Todavía hay tiempo para evitarlo. Pero se necesita voluntad política, sensibilidad social y una respuesta que vaya más allá de otro adelanto presupuestal.

Porque un gobierno que aspira a garantizar bienestar a las familias también debe procurar que quienes trabajamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa podamos recibir puntualmente el salario y las prestaciones que legítimamente nos corresponden.