Columna: “Dardos Políticos”
Por Rosario Antonio Ramírez

Mucho chaleco tinto, periódico, publicidad y acarreo; las preguntas son obligadas: ¿quién paga la fiesta y dónde están los fiscalizadores?

En Morena parece que las llamadas reuniones informativas se han convertido en una maquinaria de promoción política que trabaja a marchas forzadas. Hay aspirantes a coordinadores que no escatiman en gastos: traslados, equipos de difusión, personal, alimentos, desayunos, comidas, renta de sonido, escenarios y espacios en restaurantes para congregar simpatizantes.

Y eso no es todo. También circulan periódicos impresos por montones, aparecen equipos de promotores en redes sociales, se multiplican los chalecos color guinda y hasta hay aspirantes que ya cuentan con sus propios spots publicitarios. Una operación que, por su despliegue, obliga a preguntar: ¿de dónde sale tanto dinero?

Porque una cosa es reunirse con la militancia y otra muy distinta montar una estructura de promoción que parece no descansar ni un solo día. Hay quienes tienen capacidad para movilizar gente, alimentar a sus invitados, imprimir propaganda y mantener una presencia constante en internet. ¿Todo sale de sus bolsillos? ¿Son aportaciones voluntarias? ¿Hay patrocinadores detrás de semejante despliegue?

La pregunta no es menor. ¿Quién imprime y paga la maquila de tantos periódicos? ¿Quién cubre los gastos de logística? ¿Quién financia a los promotores que recorren colonias y comunidades y municipios? ¿Quién paga la publicidad en Facebook para posicionar nombres e imágenes de quienes aspiran a coordinar los comités de Morena?

Porque en política nadie debería confundir la propaganda con la transparencia.

Si los recursos provienen de aportaciones, hay que conocer su origen y verificar que sean legales. Si existe financiamiento partidista, debe aclararse bajo qué reglas se ejerce. Y si se trata de dinero privado, también corresponde revisar si su procedencia y utilización cumplen con la legislación aplicable.

Aquí entra otra interrogante: ¿qué papel están desempeñando las autoridades electorales? El INE tiene atribuciones de fiscalización en los supuestos que establece la ley, pero la propaganda de un aspirante no constituye automáticamente una infracción. Lo que debe examinarse es el contexto, el origen de los recursos, el contenido de los mensajes, la temporalidad y si las actividades actualizan alguna conducta prohibida.

Llamar a un evento “reunión informativa” no resuelve por sí solo el asunto. El nombre que se le ponga a una actividad no sustituye el análisis de lo que realmente ocurre. Si hay promoción sistemática, publicidad pagada, estructuras de movilización y propaganda distribuida de manera masiva, la autoridad debe revisar los hechos y determinar si existe alguna violación electoral.

Y material para formular preguntas, al menos en el terreno público, parece haber de sobra: publicaciones, anuncios digitales, fotografías de reuniones, impresos y promoción en la vía pública. Lo que hace falta es pasar de la sospecha a la verificación, identificar quién paga y exigir explicaciones cuando existan elementos para hacerlo.

La democracia no puede funcionar con una contabilidad de sombras. Quien aspira a encabezar un proyecto político debe estar dispuesto a explicar cómo se sostiene su promoción, sin escudarse en etiquetas ni en discursos de unidad partidista.

Porque si hoy se despliega una maquinaria de propaganda para conquistar una coordinación interna, mañana la ciudadanía tendrá derecho a preguntar qué recursos se utilizarán cuando llegue la competencia constitucional.

Y al INE le corresponde actuar conforme a sus facultades, no por simpatías ni presiones. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con investigaciones cuando procedan, fiscalización efectiva y resoluciones sustentadas en pruebas.

Por eso, la pregunta sigue en el aire y merece una respuesta seria: ¿Quién está pagando la fiesta de los aspirantes de Morena?

Porque cuando el gobierno presume austeridad, pero sus aspirantes despliegan recursos por todas partes, la exigencia de transparencia no es una agresión: es una obligación democrática.

Que se transparenten los gastos, que se aclare el origen del dinero y que la autoridad revise lo que legalmente le corresponde. Porque en política, cuando la propaganda se multiplica y las explicaciones escasean, la sospecha crece.

Y si todo está en regla, demostrarlo debería ser mucho más fácil que seguir imprimiendo periódicos, repartiendo chalecos y pagando publicidad.

¡Es cuanto!