Darío Celis.
La industria aérea mexicana vuelve a enfrentar una prueba que ya conoce. La Federal Aviation Administration (FAA), encabezada por Bryan Bedford, identificó 21 observaciones a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), organismo que dirige Emilio Avendaño García.
El desafío no radica únicamente en atender los señalamientos. La verdadera discusión gira alrededor de los recursos disponibles para hacerlo. La propia AFAC informó que las observaciones están relacionadas con actualización normativa, circulares, manuales, programas de inspección, capacitación y fortalecimiento de personal, áreas que precisamente estuvieron en el centro de la degradación de México a Categoría 2 en 2021.
Hay una cifra que explica la preocupación del sector. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla apenas 175.5 millones de pesos para la AFAC, frente a los 657.5 millones aprobados para 2026, una reducción superior al 73 por ciento. Bajo esas condiciones, incrementar inspecciones, capacitar especialistas y reforzar plantillas técnicas luce más complicado de lo que sugieren los comunicados oficiales.
No se trata de un asunto administrativo. La supervisión aeronáutica demanda personal altamente especializado, programas permanentes de certificación y tecnología que permita vigilar operaciones cada vez más complejas. Tras la degradación de 2021, la FAA dejó claro que la recuperación de la Categoría 1 exigía fortalecer las capacidades institucionales de la autoridad mexicana y no únicamente actualizar procedimientos.
Las implicaciones económicas son relevantes. Estados Unidos concentra la mayor parte del mercado internacional para las aerolíneas mexicanas. Cualquier deterioro en la calificación de seguridad limita la apertura de nuevas rutas, la expansión de frecuencias y ciertos acuerdos comerciales con compañías estadunidenses. La experiencia de 2021 mostró que las consecuencias alcanzan directamente los planes de crecimiento de toda la industria.
Por eso la auditoría debe observarse desde una óptica de competitividad. México impulsa infraestructura aeroportuaria, busca atraer más turismo internacional y pretende consolidarse como plataforma logística regional. Sin embargo, esas metas dependen de contar con una autoridad regulatoria con capacidad suficiente para cumplir los estándares que exige la FAA.
Para Emilio Avendaño García, la revisión representa su primer gran examen internacional al frente del regulador mexicano.
En diciembre llegará una nueva evaluación. En febrero de 2027, la administración de Bryan Bedford dará a conocer sus conclusiones. Entre ambas fechas se definirá si México cuenta con los recursos necesarios para preservar una certificación que resulta estratégica para las aerolíneas, los aeropuertos y el comercio bilateral. Porque en aviación, la Categoría 1 no se conserva por decreto. Se sostiene con supervisión, personal y presupuesto.
EN MÁS DE aviación, le comento que Aeroméxico identificó un espacio que llevaba años sin atenderse de forma directa: la conexión entre Ciudad de México y Milán. La ruta, que iniciará operaciones en marzo de 2027 con cuatro frecuencias semanales, acerca a los pasajeros a la región económica más importante de Italia y simplifica el acceso a mercados como Suiza y Austria. Para la aerolínea encabezada por Andrés Conesa, el atractivo va más allá del turismo, pues Milán concentra actividad financiera, industrial y comercial que genera un flujo constante de viajeros de negocios. La nueva operación también amplía las alternativas de conectividad entre México y Europa en un momento en que las aerolíneas buscan fortalecer rutas de largo alcance. Con Roma ya consolidada en su red, Aeroméxico apuesta ahora por una ciudad con un perfil distinto y una demanda más vinculada a la actividad económica.
LA CAÍDA DE la subasta de Altos Hornos de México dejó mal parada a Ciesa, empresa que había ofrecido mil 400 millones de dólares por los activos de AHMSA y Minosa, pero que no cubrió la garantía de seriedad exigida por el proceso. Con ello, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez declaró desierta una operación que era vista como una posible salida para la acerera coahuilense. Ahora, parte de la atención se dirige a Banca Afirme y Cargill Nutrición Animal México, que analizan la integración de un consorcio para presentar una propuesta conjunta. El tiempo, sin embargo, juega en contra de los activos y de los acreedores. Cada intento fallido reduce la expectativa de una solución rápida. En AHMSA, los interesados aparecen y desaparecen; lo difícil sigue siendo encontrar quién llegue hasta el final con el dinero en la mano.
LA MULTA de mil 200 millones de dólares impuesta por las autoridades estadunidenses a Bank of America coloca nuevamente bajo escrutinio los controles contra el lavado de dinero. Aunque Emilio Romano, director general de la operación en México, se deslindó del caso al recordar que la sanción corresponde a la matriz en Estados Unidos, el episodio difícilmente pasa desapercibido en un sector donde la confianza es un activo tan importante como el capital. Las autoridades detectaron fallas en el monitoreo y reporte de operaciones por más de 5 mil millones de dólares, incluidas transacciones vinculadas con riesgos de seguridad nacional. Para una institución con presencia global, el golpe es relevante no sólo por el monto de la sanción, sino por el cuestionamiento a sus mecanismos de supervisión. La filial mexicana insiste en que mantiene estándares estrictos de cumplimiento. Sin embargo, cuando el nombre del banco aparece asociado a una de las mayores multas antilavado de los últimos años, las explicaciones suelen ser apenas el inicio de la conversación.
LA AUTOPISTA Mante-Tula empieza a mostrar uno de los argumentos que más pesan para la industria: el ahorro. Reducir hasta hora y media los tiempos de traslado y cerca de 10% el consumo de combustible representa un impacto directo en los costos de transportistas y empresas. La vía fortalece además la conexión entre el Bajío y el puerto de Altamira, una pieza relevante para el comercio exterior. No es casual que cada vez más proyectos de infraestructura se evalúen por su capacidad para hacer más eficientes las cadenas de suministro. El reconocimiento ESG obtenido este año también le aporta valor frente a inversionistas y usuarios. En un entorno de márgenes ajustados, la logística se ha convertido en un factor de competitividad. Y ahí, cada minuto ganado en carretera tiene un valor que va mucho más allá del peaje.