CAJA POLÍTICA
Por Yamir de Jesús Valdez.-

En política, como en la vida, hay momentos en los que las palabras adquieren mayor significado por las circunstancias en que se pronuncian. Y eso fue precisamente lo que ocurrió hace unos días, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia mañanera, abordó uno de los problemas estructurales que más lastiman las finanzas de las universidades públicas estatales, los sistemas de pensiones y jubilaciones que durante décadas crecieron sin mecanismos suficientes para garantizar su sostenibilidad.

La presidenta fue particularmente clara al referirse a las dobles pensiones y a aquellos esquemas de jubilación en los que los trabajadores no realizaron aportaciones para sostener las prestaciones que hoy reciben. Habló de la necesidad de revisar estos sistemas y, sobre todo, de construir soluciones que permitan garantizar su viabilidad financiera.

Aunque Sheinbaum no se refirió expresamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, sus palabras parecieran describir las dificultades financieras que enfrenta nuestra máxima casa de estudios, donde la jubilación dinámica, conquista laboral de generaciones anteriores, representa una carga económica que compromete buena parte de los recursos institucionales.

Y aquí conviene hacer una reflexión. Los derechos laborales constituyen conquistas legítimas que deben respetarse, pero ningún derecho puede sostenerse indefinidamente sobre una estructura financiera incapaz de garantizarlo. La justicia exige reconocer lo que corresponde a cada quien, pero también procurar el bien común. En el caso universitario, ese bien común comprende tanto a quienes entregaron su vida al servicio de la institución como a quienes apenas comienzan a construir su futuro dentro de ella.

Durante años se permitió que las obligaciones crecieran sin establecer mecanismos adecuados de financiamiento. El resultado es una universidad que debe destinar miles de millones de pesos al cumplimiento de compromisos laborales, mientras enfrenta dificultades para garantizar el pago oportuno de quincenas, fortalecer la investigación, mejorar su infraestructura y atender las necesidades de miles de estudiantes.

Precisamente por eso resulta importante reconocer lo que actualmente está haciendo la administración encabezada por el rector Jesús Madueña Molina. La reingeniería integral de la Universidad Autónoma de Sinaloa constituye una respuesta institucional a un problema que durante demasiado tiempo se prefirió administrar antes que resolver.

Y aunque algunos medios sinaloenses han emprendido una crítica persistente contra esta medida, habría que preguntarse si realmente han dimensionado las consecuencias de mantener intacto un sistema cuya viabilidad financiera se encuentra comprometida. La crítica es legítima y necesaria, pero también debe acompañarse de responsabilidad y conocimiento de las circunstancias.

Porque contrario a lo que algunos han querido instalar en la opinión pública, la reingeniería universitaria no tiene como propósito desaparecer la jubilación dinámica, sino precisamente garantizar su permanencia. Se trata de construir un mecanismo de financiamiento que permita conservar esta prestación para los trabajadores actuales, respetar a quienes ya se encuentran jubilados y, especialmente, ofrecer certidumbre a las nuevas generaciones.

La constitución de un fideicomiso para administrar los recursos destinados a pensiones y jubilaciones representa un paso concreto en esa dirección. Naturalmente, su funcionamiento deberá acompañarse de transparencia, vigilancia sindical y rendición de cuentas, porque la responsabilidad financiera también exige responsabilidad administrativa.

Pero existe otro elemento político que merece particular atención. Con estas acciones, Jesús Madueña Molina está enviando un mensaje a Palacio Nacional. La Universidad Autónoma de Sinaloa necesita mayores recursos federales, pero también está dispuesta a realizar los ajustes internos necesarios para justificar ese respaldo.

No se trata simplemente de extender la mano y solicitar dinero público. Se trata de acreditar voluntad institucional, disciplina financiera y disposición para corregir problemas estructurales. En otras palabras, la UAS está atendiendo desde su propia autonomía una preocupación que también ha sido expresada por el Gobierno Federal.

La coincidencia no es menor. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado sobre la mesa la necesidad de revisar la sostenibilidad de los sistemas universitarios de pensiones, mientras que en Sinaloa la administración de Jesús Madueña Molina ha emprendido una reingeniería orientada precisamente a ese propósito.

La autonomía universitaria exige libertad para gobernarse, pero también responsabilidad para administrarse. Y en ese ejercicio de responsabilidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa parece haber encontrado importantes coincidencias con la visión expresada desde Palacio Nacional sobre el futuro financiero de la educación superior pública.

Bien por el Rector Jesús Madueña Molina, bien por el SUNTUAS y bien por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Porque cuando la responsabilidad universitaria y la visión del Gobierno Federal encuentran puntos de coincidencia, quienes verdaderamente pueden beneficiarse son la educación pública y las nuevas generaciones de sinaloenses.

La reingeniería universitaria y los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum parecen caminar en una misma dirección, la de garantizar los derechos laborales sin comprometer el futuro de nuestras universidades.