Darío Celis

USG México, a cargo de su director general Fernando Fernández Morales, enfrenta una demanda ordinaria mercantil que cuestiona una serie de convenios y operaciones inmobiliarias cuyo valor conjunto ronda los 110 millones de pesos. El caso no sólo involucra la propiedad de diversos bienes inmuebles, sino también las condiciones bajo las cuales fueron negociados y formalizados los acuerdos que dieron origen a esas transferencias patrimoniales.

De acuerdo con la demanda, siete inmuebles fueron considerados para una entrega en pago valuada en 95 millones 580 mil 911 pesos. A esa cantidad se suman tres transmisiones posteriores por 14 millones 285 mil pesos adicionales. En conjunto, las 10 operaciones alcanzan un valor de 109 millones 865 mil 911 pesos, una cifra que explica la relevancia económica del litigio.

La controversia también incluye observaciones sobre los montos reconocidos en los acuerdos. Según el escrito, existe una diferencia de 6.33 millones de pesos entre el saldo que habría resultado después de la entrega de bienes y el remanente consignado posteriormente en uno de los convenios suscritos por las partes.

El origen del conflicto se remonta a una relación comercial iniciada en 1990 alrededor del suministro de materiales para la construcción. Con el paso de los años, el vínculo incorporó compromisos adicionales relacionados con una opción de compra de acciones, acuerdos de exclusividad, intercambio de información financiera y obligaciones mínimas de adquisición de productos.

La demanda sostiene que esa relación comenzó a deteriorarse durante la pandemia, cuando la situación financiera de una de las partes enfrentó problemas de liquidez. Bajo la versión de los demandantes, USG México restringió líneas de crédito, exigió pagos adicionales sobre las compras realizadas y posteriormente suspendió el suministro de materiales.Uno de los puntos de mayor alcance económico se relaciona con la opción de compra accionaria contemplada dentro de la relación contractual. La parte actora atribuye a la compañía obligaciones pendientes derivadas de ese mecanismo por aproximadamente mil 296 millones de dólares más IVA, una cifra que supera ampliamente el valor de los bienes inmuebles involucrados en la controversia.

A ello se suma otro elemento que ocupa una parte central del litigio. Los demandantes sostienen que uno de los convenios fundamentales fue firmado mientras un empresario permanecía hospitalizado y sin condiciones adecuadas para comprender plenamente las implicaciones patrimoniales del documento. A partir de ese acuerdo se habrían formalizado otros instrumentos y transmisiones inmobiliarias cuya validez también es impugnada.

La demanda plantea además que existieron presiones para obtener la firma de determinados documentos y que algunas circunstancias descritas en los convenios no corresponderían a los hechos ocurridos durante las negociaciones. Bajo esa argumentación, se solicita la revisión judicial de toda la cadena de actos posteriores y la eventual recuperación de los bienes involucrados.
Para USG México y su director, el tema va más allá de la defensa jurídica de los convenios. El procedimiento abre la puerta a una revisión detallada de los mecanismos utilizados para documentar acuerdos patrimoniales relevantes y de las circunstancias que rodearon su firma.
Por ahora, los señalamientos forman parte exclusivamente de la versión presentada por la parte demandante y deberán acreditarse dentro del proceso judicial. La resolución dependerá de las pruebas que aporten ambas partes y de la valoración que realicen los tribunales. Lo cierto es que el litigio ya colocó bajo escrutinio operaciones inmobiliarias por casi 110 millones de pesos y una relación comercial que durante décadas vinculó a las partes involucradas.

NO PIERDA de vista a Toyota, que avanza en su transformación de fabricante de automóviles a empresa de movilidad con una estrategia enfocada en desarrollar soluciones que combinen electrificación, autonomía, sustentabilidad e inclusión. Bajo su visión de Movilidad para Todos, la compañía trabaja en proyectos como Lunar Cruiser, un vehículo presurizado y tripulado desarrollado junto con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y alimentado por celdas de combustible de hidrógeno; e-Palette, un vehículo eléctrico, autónomo y modular para servicios de movilidad; JUU, un prototipo de silla de ruedas eléctrica capaz de subir y bajar escalones de hasta 16 centímetros; y Yosh-e, un dispositivo que transforma una silla de ruedas convencional en una solución de movilidad eléctrica. La marca que preside Takaaki Kuga, busca inspirar una movilidad que abra posibilidades. Con estos desarrollos, Toyota busca ampliar su negocio hacia un ecosistema en el que el automóvil sea solo una parte de una oferta más amplia de movilidad orientada a reducir barreras y brindar mayor autonomía a las personas.

LA POLÍTICA energética del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá una inversión de 1.17 billones de pesos para fortalecer la infraestructura eléctrica y de gas natural durante el sexenio, un programa que contempla la incorporación de alrededor de 38 mil megawatts de capacidad adicional de generación. El plan asignará 794 mil millones de pesos a nuevos proyectos de generación eléctrica, mientras que transmisión, distribución y gasoductos absorberán recursos adicionales para ampliar la red energética nacional. La estrategia combina inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Emilia Calleja, esquemas mixtos con financiamiento privado y proyectos de generación privada contemplados en la legislación vigente. De acuerdo con la Mandataria, el objetivo es que para 2030 el Estado participe con 61% de la generación eléctrica del país. El programa incluye centrales de ciclo combinado alimentadas con gas natural, así como proyectos solares, eólicos y geotérmicos.

LA INFRAESTRUCTURA financiera tendrá su propio punto de encuentro el próximo 13 de octubre con Momentum by Monato, el foro organizado por la fintech mexicana que dirige Íñigo Rumayor. El evento reunirá a bancos, fintechs, neobancos y proveedores tecnológicos para discutir cómo la Inteligencia Artificial, la automatización y los pagos en tiempo real están transformando las operaciones financieras empresariales. El encuentro llega en un momento de fuerte crecimiento de los pagos digitales en México, donde las operaciones por SPEI prácticamente se duplicaron entre 2023 y 2025. Entre los participantes figuran ejecutivos de Stripe, Visa, Xepelin, Polygon, Addem Capital y Nuek. Lo recaudado será destinado a la fundación Dr. Sonrisas.

LA ADOPCIÓN de Inteligencia Artificial en México avanza, pero la ciberseguridad se mantiene como el principal desafío para escalarla. Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México, destaca que las empresas ya no buscan únicamente implementar IA, sino hacerlo con seguridad, resiliencia y resultados medibles. Según el estudio Preparación de la Empresa para la Era Moderna, las organizaciones mexicanas que operan IA a escala pasaron de 9% en 2025, a 19% en 2026. Al mismo tiempo, las preocupaciones por cumplimiento normativo y protección de datos son el principal motivo para frenar nuevos proyectos. En América Latina, aunque todas las organizaciones afirman contar con estrategias de ciberresiliencia, 59% no logró recuperarse eficazmente de su último incidente o prueba de seguridad.