Culiacán, Sinaloa. – El precio internacional del maíz alcanzó durante agosto referencias cercanas y superiores a los 200 dólares por tonelada, una recuperación que representa una buena noticia para los productores, pero que no debe confundirse con la solución a la crisis estructural del campo, advirtió Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa.
El dirigente campesino señaló que una mayor cotización en la Bolsa de Chicago mejora las expectativas de comercialización, pero no garantiza por sí sola la rentabilidad del productor sinaloense, debido a que el ingreso final depende también del tipo de cambio, la base de comercialización, el rendimiento por hectárea, los costos de producción, el financiamiento, el seguro y las condiciones del mercado. Recordó que mientras una cosecha requiere meses de inversión, trabajo y cuidados, sus expectativas económicas pueden cambiar en cuestión de semanas por factores que México no controla, como inventarios y exportaciones de Estados Unidos, condiciones climáticas, conflictos internacionales, precios de la energía, logística y movimientos cambiarios.
“Que suba la cotización en la Bolsa de Chicago es una buena noticia, pero Chicago no es el precio que recibe el productor sinaloense”, puntualizó Espinosa Laguna, quien sostuvo que la política agrícola no puede depender exclusivamente de los movimientos del mercado internacional.
Tras la reunión sostenida en Sinaloa con la Dirección General de FIRA, el secretario general de la COUC consideró que existen instrumentos que pueden contribuir a reducir los riesgos del productor. Entre ellos destacó el programa federal Cosechando Soberanía, orientado a disminuir el costo financiero para pequeños y medianos productores, así como facilitar mecanismos de seguro agropecuario y coberturas de precios.
Explicó que también se contempla para el maíz un mecanismo de ingreso mínimo con el objetivo de preservar una relación beneficio-costo de 1.075, equivalente, bajo los parámetros utilizados por FIRA, a una rentabilidad objetivo cercana al 7.5 por ciento. A esto se suma Sustenta, estrategia que busca reducir costos mediante un uso más eficiente de fertilizantes y la incorporación de bioinsumos.
Espinoza Laguna reconoció que estos instrumentos representan un avance, particularmente porque permiten discutir la protección del productor desde antes de iniciar el ciclo agrícola y no cuando la cosecha ya se encuentra almacenada y las deudas pesan sobre el agricultor.
Sin embargo, advirtió que una rentabilidad objetivo de 7.5 por ciento puede contribuir a proteger la fuente de pago de un crédito, pero no necesariamente significa una ganancia suficiente para quien enfrenta durante todo el ciclo riesgos productivos, climáticos, financieros y comerciales. “Ya no basta preguntar a cuánto está la cotización en la Bolsa de Chicago. Ahora tenemos que preguntar cuánto le queda realmente al productor después de pagar todos sus costos”, planteó.
El dirigente de la COUC propuso construir una arquitectura de rentabilidad antes de sembrar, que permita conocer con anticipación el agrocosto, el monto financiable, la tasa de interés, el seguro, el precio protegido y el ingreso mínimo esperado.
Para ello, pidió integrar financiamiento, seguro, cobertura de precio, comercialización y protección del ingreso dentro de una sola estrategia; lograr que la reducción del riesgo para bancos y financieras se traduzca en mejores condiciones para los productores, y evitar que las decisiones comerciales se tomen cuando la cosecha ya está levantada.
También propuso evaluar los programas a partir de resultados concretos: cuánto disminuyó el costo por hectárea, cuánto paga el productor por intereses, cuánto protege la cobertura y, finalmente, cuánto dinero queda en el bolsillo del agricultor.
Como quinto punto, Espinoza Laguna planteó que Sinaloa se convierta en un modelo piloto nacional mediante una mesa de trabajo en la que participen productores, Gobierno del Estado, FIRA, Secretaría de Agricultura, instituciones financieras, parafinancieras, industria y comercializadores.
La propuesta consiste en elaborar antes de cada ciclo agrícola una corrida económica integral del maíz que incluya costo por hectárea, rendimiento esperado, financiamiento, tasa efectiva, seguro, cobertura, precios de equilibrio, ingreso protegido y rentabilidad esperada. “Así podremos responder una pregunta elemental antes de pedirle al productor que se endeude: ¿es negocio sembrar esta hectárea?”, cuestionó.
Espinoza Laguna sostuvo que el repunte del maíz por encima de los 200 dólares por tonelada debe aprovecharse como una oportunidad para modificar la forma en que se planean los ciclos agrícolas, pero insistió en que el objetivo no debe limitarse a financiar más superficie, sino a evitar que los productores terminen financiando pérdidas. “El verdadero reto no es solamente financiar más hectáreas, es evitar financiar pérdidas”, afirmó.
El secretario general de la COUC Sinaloa concluyó que la soberanía alimentaria no consiste únicamente en sembrar maíz, sino en garantizar que quienes producen los alimentos tengan condiciones económicas suficientes para volver a sembrar el siguiente año, incluso cuando las cotizaciones internacionales vuelvan a disminuir.