La asfixia silenciosa: El desmantelamiento de los apoyos extraordinarios a las universidades públicas estatales y el futuro incierto de la educación superior en México
Autor: Dr. José Alfredo Inzunza Valenzuela, Profesor investigador en temas de educación superior y políticas públicas.
Culiacán, Sinaloa a 04 de Septiembre de 2026.
Introducción:
Durante más de dos décadas, las universidades públicas estatales autónomas de México construyeron capacidades institucionales significativas gracias a un entramado de programas federales extraordinarios que, aunque imperfectos en su diseño y operación, representaron una inyección de recursos fundamental para actividades que el subsidio ordinario jamás pudo cubrir. El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOES), el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) y otros instrumentos similares constituyeron el andamiaje sobre el cual miles de profesores, investigadores y estudiantes pudieron acceder a experiencias formativas que transformaron sus trayectorias académicas.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en diciembre de 2018 marcó un punto de inflexión. Con una velocidad que sorprendió incluso a los críticos más severos del modelo anterior, su administración procedió a desmantelar estos programas sin que mediara una evaluación técnica rigurosa, sin consultar a las comunidades universitarias y sin presentar alternativas claras. El discurso oficial justificó la decisión apelando a la lucha contra la corrupción y a la supuesta ineficiencia de estos fondos, pero la realidad es que se trató de una decisión ideológica que castigó a las instituciones educativas sin distinción alguna.
Tras años después del fin de ese sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó al poder con la legitimidad simbólica de ser la primera mandataria surgida de las filas de la Universidad Nacional Autónoma de México, no ha revertido el daño. La comunidad académica que la vio crecer como investigadora esperaba un giro en la política educativa superior. Esa expectativa, hoy, a dos años de su mandato, se ha convertido en una profunda decepción que merece ser analizada con rigor y sin concesiones.
El contexto histórico: qué fueron y qué significaron los fondos extraordinarios
Para dimensionar la magnitud de la pérdida, es necesario comprender qué representaban estos programas en la vida cotidiana de las universidades públicas estatales. El PIFI, creado a finales de los años noventa, permitió que las instituciones desarrollaran ejercicios de planeación estratégica participativa que, más allá de sus resultados inmediatos, obligaron a las comunidades universitarias a pensar su futuro de manera estructurada. Los recursos del programa financiaron la actualización de laboratorios, la adquisición de acervos bibliográficos, la capacitación docente y la certificación de procesos administrativos.
Por su parte, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior canalizaron recursos específicos para la movilidad estudiantil y docente. Miles de jóvenes de universidades estatales pudieron cursar semestres en instituciones nacionales e internacionales de prestigio, rompiendo el aislamiento académico que históricamente había caracterizado a las universidades de provincia. Profesores de ciudades como Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez o Colima asistieron a congresos internacionales, publicaron libros con arbitraje riguroso y establecieron redes de colaboración que perduraron años después de que los recursos se agotaran.
Estos fondos operaban mediante convocatorias competitivas en las que las universidades presentaban proyectos sujetos a evaluación por pares académicos. No eran recursos discrecionales entregados sin criterio: existían comités de evaluación, indicadores de desempeño y mecanismos de seguimiento. Ciertamente, la burocracia asociada a su gestión podía resultar onerosa para instituciones pequeñas, y en algunos casos se documentaron prácticas clientelares en su asignación. Pero la respuesta a esas fallas debió ser la mejora de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no la eliminación lisa y llana de los programas.
La doble embestida: eliminación de programas y reducción real del subsidio ordinario
El desmantelamiento de los fondos extraordinarios no fue un hecho aislado. Se inscribió en una estrategia más amplia de contención presupuestaria que afectó también al financiamiento ordinario de las universidades públicas. Durante el sexenio de López Obrador, los incrementos anuales al subsidio federal ordinario se mantuvieron sistemáticamente por debajo de la inflación. En términos reales, esto equivalió a recortes acumulados que erosionaron la capacidad operativa de las instituciones.
Un ejercicio aritmético simple permite dimensionar el problema: si una universidad recibía en 2018 un subsidio de mil millones de pesos y la inflación anual promedio del periodo fue de 4.5 por ciento, un incremento del 2 por ciento anual representaba una pérdida real de 2.5 puntos porcentuales cada año. Al cabo del sexenio, el poder adquisitivo del subsidio se había reducido en aproximadamente 15 por ciento sin que mediara una sola reforma legal o una discusión parlamentaria explícita sobre las implicaciones de esa decisión.
Esta reducción silenciosa tuvo efectos devastadores en rubros clave. Las universidades dejaron de contratar profesores de tiempo completo en el número requerido, congelaron programas de jubilación anticipada que permitían la renovación generacional de las plantas académicas, pospusieron indefinidamente el mantenimiento de infraestructura física y redujeron las partidas destinadas a servicios estudiantiles como tutorías, orientación psicológica y actividades culturales y deportivas.
La prohibición de cuotas de recuperación: una medida populista con consecuencias regresivas
A la asfixia presupuestaria se sumó una medida que, presentada como un acto de justicia social, ocultaba una profunda incomprensión del funcionamiento financiero de las universidades públicas: la prohibición de cobrar cuotas de recuperación a los estudiantes. El argumento oficial era simple y efectista: la educación superior pública debe ser gratuita y ninguna barrera económica debe impedir el acceso de los jóvenes a la universidad.
El problema es que la medida partía de una premisa falsa. En la gran mayoría de las universidades públicas estatales, las cuotas de inscripción y los cobros por servicios escolares no eran, en los hechos, una barrera real de acceso. Existían mecanismos de exención para estudiantes de bajos recursos, programas de becas internas y esquemas de pago diferido. Los recursos captados por esta vía no representaban más del 3 al 5 por ciento del presupuesto total de las instituciones, pero eran recursos flexibles que los rectores podían aplicar de manera inmediata a necesidades urgentes: reparación de un laboratorio, compra de reactivos, pago de horas adicionales para profesores de asignatura.
Al prohibir estas cuotas sin establecer un mecanismo compensatorio, la federación le quitó a las universidades un instrumento de gestión financiera que les permitía responder con agilidad a contingencias operativas. La gratuidad decretada no se tradujo en más recursos federales para las instituciones, sino en menos ingresos propios. Los estudiantes no ganaron nada sustancial: quienes pagaban cuotas simbólicas de 500 o mil pesos por semestre no vieron una mejora tangible en su bienestar económico, mientras que las universidades perdieron montos que, en términos agregados, podían representar decenas de millones de pesos anuales para las instituciones más grandes.
La medida fue particularmente regresiva en un sentido distributivo: las universidades ubicadas en estados con mayores niveles de marginación eran las que dependían en mayor proporción de estos ingresos propios, precisamente porque sus gobiernos estatales aportaban menos recursos complementarios. Al eliminar las cuotas sin compensación, se castigó más a las instituciones que atendían a las poblaciones más vulnerables.
La expectativa frustrada con Claudia Sheinbaum: dos años sin rumbo claro
La elección de Claudia Sheinbaum generó una expectativa genuina en las comunidades académicas de las universidades públicas estatales. Su trayectoria como investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, su formación doctoral en el extranjero y su experiencia como profesora universitaria sugerían una sensibilidad particular hacia los problemas de la educación superior. No se trataba de un político profesional que hubiera transitado toda su vida por los pasillos del poder sin haber pisado jamás un aula universitaria: era una académica que conocía de primera mano la importancia de los fondos para investigación, la necesidad de equipamiento de laboratorios y el valor formativo de la movilidad internacional.
Esa expectativa se ha visto defraudada. A dos años de su mandato, la presidenta no ha restablecido ninguno de los programas eliminados por su antecesor ni ha creado instrumentos alternativos de apoyo extraordinario. El presupuesto de educación superior para 2026 no contempla fondos específicos para movilidad estudiantil, apoyo a publicaciones académicas o fortalecimiento institucional de las universidades estatales. La política educativa del actual gobierno se ha centrado en la creación de nuevas universidades tales como la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la Universidad de la Salud (UNISA), además de ampliar los planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en la expansión del programa de becas para estudiantes de licenciatura, pero no ha abordado el problema estructural del financiamiento de las instituciones existentes.
Algunos analistas interpretan esta inacción como una muestra de continuidad con las políticas del sexenio anterior. Otros sugieren que la presidenta ha decidido concentrar su capital político en las reformas constitucionales y en los grandes proyectos de infraestructura, dejando la educación superior en un segundo plano. Cualquiera que sea la explicación, el resultado es el mismo: las universidades públicas estatales atraviesan hoy una de las crisis financieras más severas de su historia reciente, sin que el gobierno federal muestre voluntad de enfrentar el problema.
Las consecuencias acumuladas: un deterioro silencioso que se profundiza
El deterioro de las universidades públicas estatales no siempre es visible para el observador externo. Los edificios siguen en pie, las clases se imparten, los estudiantes se gradúan. Pero bajo esa superficie de aparente normalidad se esconde un proceso de degradación acumulativa cuyas consecuencias se manifestarán plenamente en los próximos años.
La planta académica está envejeciendo sin que existan programas efectivos de renovación generacional. Muchas universidades estatales reportan que más del 40 por ciento de sus profesores de tiempo completo tienen más de 55 años y se jubilarán en la próxima década. Sin recursos para contratar nuevos académicos, las instituciones enfrentan el riesgo de perder áreas completas de conocimiento. Los jóvenes doctores formados en los programas de excelencia impulsados por lo que fue el CONACYT (ahora SECIHTI) en las décadas pasadas no encuentran espacios en las universidades públicas de sus estados de origen y se ven obligados a buscar empleo en el extranjero o en el sector privado.
La infraestructura física se deteriora sin que existan recursos para el mantenimiento preventivo, mucho menos para obras mayores. Los laboratorios de ciencias experimentales, que requieren inversiones periódicas en equipamiento, están quedando obsoletos. Los acervos bibliográficos se actualizan cada vez con menor frecuencia. Las áreas de cómputo no pueden renovar equipos que se vuelven inservibles en ciclos de tres a cuatro años.
La internacionalización, que había avanzado significativamente en las dos décadas anteriores, se ha revertido de manera dramática. Los estudiantes de universidades estatales que antes podían acceder a programas de movilidad financiados por los fondos extraordinarios hoy se encuentran sin opciones institucionales. Las redes de colaboración académica internacional construidas trabajosamente por los profesores se están desarticulando por falta de recursos para mantener contactos, organizar eventos conjuntos o financiar estancias de investigación.
Propuestas para revertir el deterioro: un nuevo pacto por la educación superior pública
La situación descrita no es irreversible, pero requiere de decisiones políticas de fondo que van más allá de los paliativos presupuestarios. A continuación se presentan propuestas concretas para enfrentar la crisis y sentar las bases de un desarrollo sostenido de la educación superior pública estatal.
Primero: restablecer un fondo federal extraordinario de fortalecimiento institucional con nuevas reglas de operación. La crítica legítima a los excesos burocráticos y a las prácticas discrecionales del pasado no invalida la necesidad de contar con recursos extraordinarios. Lo que se requiere es un nuevo instrumento que combine la flexibilidad operativa con la transparencia en el ejercicio de los recursos. Este fondo debería tener un monto inicial de al menos 15 mil millones de pesos anuales, distribuidos mediante convocatorias competitivas evaluadas por comités de pares académicos externos a las instituciones solicitantes. Las reglas de operación deberían simplificarse radicalmente para reducir la carga administrativa, permitiendo que las universidades dediquen sus esfuerzos a la ejecución de los proyectos y no a la elaboración de informes interminables.
Segundo: establecer un mecanismo de financiamiento plurianual que garantice incrementos reales al subsidio ordinario. La experiencia de los últimos años demuestra que los incrementos anuales definidos caso por caso en las negociaciones presupuestarias no protegen a las universidades de la erosión inflacionaria. Se requiere una reforma legal que establezca una fórmula de financiamiento que vincule el subsidio federal al crecimiento del Producto Interno Bruto y a la inflación, con un piso mínimo de incremento real del 1 por ciento anual. Esta fórmula debería aplicarse automáticamente, sin necesidad de negociaciones políticas anuales que favorecen a las instituciones con mayor capacidad de presión.
Tercero: crear un programa específico de apoyo a la movilidad académica y estudiantil. Los beneficios de la movilidad internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel están ampliamente documentados. Un programa federal con un presupuesto de 3 mil millones de pesos anuales podría financiar estancias de investigación para 2 mil profesores y semestres de intercambio para 10 mil estudiantes cada año, con prioridad para las universidades públicas estatales con menores capacidades de internacionalización. El programa debería operar mediante convocatorias abiertas administradas por una agencia autónoma, evitando la intermediación burocrática de las secretarías de educación estatales.
Cuarto: impulsar una reforma fiscal que fortalezca las capacidades recaudatorias de los estados para el financiamiento educativo. La asfixia financiera de las universidades públicas estatales no puede resolverse exclusivamente con recursos federales. Se requiere una revisión del pacto fiscal que permita a los estados incrementar sus ingresos propios y destinar una proporción creciente de ellos a la educación superior. Algunas entidades federativas aportan menos del 20 por ciento del presupuesto total de sus universidades autónomas, una proporción insuficiente para garantizar su viabilidad de largo plazo. La reforma debería establecer pisos mínimos de aportación estatal vinculados a la capacidad económica de cada entidad, con mecanismos de sanción para los gobiernos que incumplan.
Quinto: restablecer la autonomía financiera de las universidades para generar ingresos propios mediante actividades académicas. La prohibición de cuotas de recuperación a estudiantes de licenciatura debería revisarse para permitir a las universidades establecer esquemas flexibles de aportaciones voluntarias, con exención total para estudiantes de bajos ingresos. Adicionalmente, las instituciones deberían tener libertad plena para cobrar por servicios de educación continua, consultoría, certificación de competencias y uso de instalaciones, así como para establecer programas de posgrado con cuotas de recuperación. Los ingresos generados por estas vías deberían permanecer íntegramente en las universidades, sin que la federación los descuente de sus aportaciones ordinarias.
Conclusión: la urgencia de una decisión política
La educación superior pública en México se encuentra en una encrucijada. El deterioro acumulado durante los últimos años no se resolverá con medidas cosméticas ni con discursos que exalten la importancia de la educación sin respaldarlos con recursos. Se requiere una decisión política de fondo que reconozca la gravedad de la situación y que esté dispuesta a enfrentar los intereses que se benefician del statu quo.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de corregir el rumbo y construir un legado duradero en materia de educación superior. Como académica, conoce los problemas que enfrentan las universidades públicas estatales. Como gobernante, tiene la autoridad para impulsar las reformas necesarias. Lo que no tiene es tiempo ilimitado: cada año que pasa sin que se tomen decisiones de fondo, el deterioro se profundiza y las capacidades institucionales se erosionan de manera irreversible.
Las comunidades universitarias han mostrado una paciencia notable ante la adversidad. Los rectores de las universidades estatales han administrado la escasez con responsabilidad, evitando conflictos y buscando soluciones creativas a problemas que no crearon. Pero la paciencia tiene límites, y la legitimidad de las instituciones se construye sobre la percepción de que el Estado cumple con sus responsabilidades fundamentales.
La disyuntiva es clara: o se emprende una reconstrucción seria del financiamiento público a la educación superior, o se acepta la lenta decadencia de un sistema que durante décadas fue uno de los principales motores de movilidad social y desarrollo regional del país. La historia juzgará a los gobernantes por sus decisiones en este terreno. El tiempo para actuar es ahora.
