VIDA PÚBLICA

Tarjeta roja… ¿o examen extraordinario?

Por: José de Victoria

Por momentos, la política mexicana parece empeñada en descubrir el agua tibia. Lo que durante décadas se resolvía con una simple pregunta en la plaza pública —”¿quién es este personaje?”— ahora requiere mesas de coordinación, inteligencia financiera, cruces de información, consultas al SAT, a la UIF, a la Fiscalía, al gabinete de seguridad y, si el expediente sobrevive, un premio mayor: una candidatura.

La nueva dirigencia de Morena, hoy encabezada por Ariadna Montiel, ha anunciado una política rigorista de “tarjeta roja” contra candidatos vinculados con la corrupción o el crimen organizado. La propuesta merece reconocimiento. En un país donde el crimen organizado se ha infiltrado en la política, lo hace tiempo que dejó de ser una sospecha, y se ha convertido en una preocupación nacional. Son necesarios los filtros para evitar que la democracia electoral, siga siendo cómo hasta ahora: un puente de abordaje para asaltar el poder.

Sin embargo, el anuncio también deja una pregunta incómoda.

Si el partido Morena presume tener una impresionante y permanente presencia territorial con doce millones de afiliados y miles de comités seccionales: ¿No debería ser justamente esa estructura la primera en conocer la trayectoria, la reputación y la conducta pública de quienes aspiran a representarla? ¿Por qué necesita que las instituciones del Estado le digan quién es confiable y quién no?

La honestidad —requisito primordial inexcusable— no debería convertirse en un trámite administrativo.

Una candidatura no debería aprobarse porque el SAT no encontró inconsistencias fiscales o porque la UIF no detectó movimientos financieros sospechosos. La ética política es mucho más amplia que un expediente limpio. Existen cacicazgos locales, oportunistas profesionales, simuladores, traficantes de influencias y mercenarios electorales que jamás han sido sujetos de una carpeta de investigación y, sin embargo, representan un enorme riesgo para cualquier proyecto político… eso está probado hasta el hartazgo.

La dirigencia de Morena habla de “tarjeta roja”. Excelente metáfora. Pero el fútbol enseña que el árbitro expulsa cuando observa la falta, no cuando el VAR lleva años y felices días revisando la jugada. También resulta alentador escuchar que la encuesta no será suficiente para otorgar una candidatura. Durante años se instaló la idea de que ganar una encuesta—medición interna— equivalía a un certificado de virtud. Hoy Morena-Montiel se ven forzados a reconocer que la popularidad no sustituye la integridad y menos al buen oficio político. Sin embargo: es un avance que vale la pena celebrar.

No obstante, la verdadera prueba llegará: cuando el aspirante cuestionado sea una figura con peso electoral, con recursos económicos o con capacidad de movilización: Ahí se sabrá si la tarjeta roja es una regla institucional o simplemente un discurso para tiempos de micrófono.

La política mexicana ha padecido demasiados casos de candidatos impecables en campaña y problemáticos en el ejercicio del poder. Por ello, el seguimiento permanente que propone Morena también merece respaldo y reconocimiento. La vigilancia no debe terminar el día de las votaciones; ahí es donde comienza el escrutinio de la confianza ciudadana depositada en las urnas.

Pero la mayor vacuna contra la corrupción no está en la UIF, ni en el SAT, ni en la Fiscalía. Está en la congruencia cotidiana de todos los partidos para impedir que el pragmatismo electoral termine imponiéndose sobre los principios.

Porque si la honestidad necesita una licencia oficial para existir, entonces la política habrá renunciado a su obligación más elemental: la de conocer a quienes pretende convertir en representantes del pueblo.

Y esa sería una derrota que ninguna tarjeta roja podría revertir.

Con los buenos candidatos, los partidos ganan poder y prestigio, y se benefician delas prerrogativas económicas; pero con los malos funcionarios pierden muy poco: ¿Cuál debería ser la sanción legal y administrativa para los partidos por proponer a políticos que abusen del poder?

¿No deberían ser los partidos aval solidario de sus candidatos?
¿Qué garantía le ofrecen a Juan Pueblo?

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