Sergio Sarmiento

La Audiencia Nacional de España no hizo una consulta pública para saber si debía presentar acusaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como la que López Obrador organizó en 2021 para decidir si juzgaba o no a los expresidentes mexicanos. El gobierno de Pedro Sánchez, correligionario de Zapatero en el Partido Socialista Obrero Español, se ha resistido a las acusaciones, pero en un país en que el poder judicial es independiente la decisión no depende del gobierno.

Los problemas legales de Rodríguez Zapatero, quien gobernó España de 2004 a 2011, empezaron con una investigación sobre el rescate en marzo de 2021 de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como apoyo por las pérdidas sufridas durante la pandemia. José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, considera que Zapatero encabezó una red de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos. Según él, Plus Ultra utilizó recursos públicos para lavar dinero del contrabando de oro venezolano.

Desde 2015 Zapatero tuvo acercamientos con Venezuela. Fue mediador entre el gobierno venezolano y la oposición, pero él y miembros de su familia se involucraron también en negocios con el gobierno y empresarios venezolanos. La investigación del juez Calama no solo ha encontrado indicios de conductas ilegales de Zapatero, sino también de sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa, que tenían una empresa separada.

El juez ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que realizara un registro de la oficina de Zapatero para buscar información relacionada con Plus Ultra, pero la sorpresa fue que encontró más de un centenar de joyas. Gertrudis Álvarez, secretaria del expresidente, declaró que estas provenían de la vivienda de Zapatero y su esposa, mientras que un exasesor de Zapatero, Luis Arroyo, quien ha actuado como portavoz autorizado del expresidente, dijo que procedían “de herencia, tanto de la familia del presidente como de su esposa, y también de regalos que han recibido a lo largo de los años”. Calculó su valor entre 30 mil y 50 mil euros.

La tasación oficial de las joyas, sin embargo, alcanzó 1.3 millones de euros. En España no existe el delito de enriquecimiento ilícito que tenemos en México porque se considera -justamente– que el simple hecho de tener recursos no comprueba un ilícito. Sin embargo, el juez Calama ha señalado que la posesión de joyas por este valor, que no podrían haber sido adquiridas con los ingresos declarados por Zapatero, constituye un indicio de evasión fiscal. Por este delito, además del de tráfico de influencias, ha citado al expresidente a rendir testimonio como imputado.

Cuando solo existía la acusación por Plus Ultra, el presidente del gobierno, Sánchez, que pertenece como Zapatero al ala radical del PSOE, expresó respaldo a su compañero: “Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, dijo en el Congres. Después de que se dio a conocer el hallazgo de las joyas ya no ha hecho declaraciones, pero la prensa afirma que ha pedido a los miembros de su gobierno que mantengan el apoyo al exmandatario.

Estos dos casos, sin embargo, podrían hacer caer al gobierno español. Los socialistas están en el poder gracias a una alianza con Sumar, un partido de izquierda radical, y a pactos de investidura con nacionalistas e independentistas. Todo el edificio puede desmoronarse si se percibe que el presidente está protegiendo a un compañero corrupto.

Independencia

Zapatero sería el primer presidente español en ser procesado por corrupción desde el inicio de la democracia. La acción demuestra la independencia del poder judicial español. En México, la “fiscalía carnal” y los “jueces del acordeón” lo harían imposible.

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