Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“En política, el poder no siempre lo define quien va adelante, sino las reglas del juego.”

En la mira

EQUIDAD Y PODER

La carrera interna de Morena rumbo a la gubernatura de Sinaloa en 2027 comienza a dibujar algo más complejo que una simple competencia de nombres. Lo que está en juego no es solo quién encabeza las encuestas, sino bajo qué condiciones se tomará la decisión final.

Los números, en apariencia, son claros: Juan de Dios Gámez Mendívil aparece al frente con el 25.5 por ciento, seguido muy de cerca por Enrique Inzunza con el 23.3 por ciento. En una lectura tradicional, la contienda estaría centrada entre ambos perfiles masculinos, con una ligera ventaja para el alcalde de Culiacán.

Pero la política —y particularmente la de Morena— rara vez se define únicamente por la lógica aritmética.

Ahí es donde entra el verdadero factor disruptivo del proceso: la equidad de género.

Imelda Castro, con el 16.9 por ciento, no solo se posiciona como la mujer mejor ubicada, sino como la carta que puede alterar por completo la ecuación interna. No está en primer lugar, pero tampoco está fuera de competencia. Está en una zona estratégica: lo suficientemente cerca para competir, lo suficientemente distinta para representar otra ruta.

Tere Guerra, con el 14.1 por ciento, refuerza esa lectura. No es una figura aislada, sino parte de un bloque femenino que, sumado, adquiere peso político dentro del partido.

Y aquí es donde el análisis se vuelve más interesante.

Morena no solo elige candidatos; también administra equilibrios. La paridad de género no es un accesorio, es una regla estructural que puede reconfigurar cualquier escenario. Si el partido determina que Sinaloa debe ser encabezado por una mujer en 2027, la contienda cambia por completo, sin importar quién encabece hoy las preferencias.

En ese contexto, la ventaja de Gámez o la cercanía de Inzunza dejan de ser definitivas. Se vuelven relativas.

Porque el proceso no se resolverá únicamente en las encuestas, sino en la interpretación política de los resultados.

A esto se suma un dato que, aunque suele pasar desapercibido, es clave: más del 14 por ciento del electorado se mantiene indeciso o no responde. Ese segmento no solo es amplio, es decisivo. En escenarios cerrados, no gana quien tiene más, sino quien logra convencer a quienes aún no han decidido.

Y ahí, la narrativa pesa tanto como la estructura.

Gámez representa el gobierno y el territorio. Inzunza, la operación política y el perfil jurídico-legislativo. Imelda Castro, la conexión con el proyecto nacional y la posibilidad de cumplir con la paridad. Tere Guerra, una figura que crece desde el ámbito legislativo con discurso propio.

Cuatro rutas. Un mismo destino.

Lo que hoy parece una competencia numérica, en realidad es una disputa de condiciones. Morena tiene el control del tablero en Sinaloa, pero dentro de ese control existe una competencia real, con variables que van más allá de la popularidad.

La decisión no será simple, porque no solo se elegirá a un candidato, sino el perfil que mejor encaje en la estrategia nacional del partido.

Y en esa lógica, la equidad de género no es un detalle… es una posibilidad latente de reconfiguración total.

Rumbo a 2027, la pregunta ya no es quién va arriba.

La pregunta es: ¿bajo qué reglas se va a decidir?

EL PRECIO DE LA JUSTICIA

En México, el acceso a la justicia ha sido, durante años, una promesa constitucional que en la práctica se diluye entre trámites, tiempos… y costos. Porque sí, aunque la ley diga que la justicia es gratuita, la realidad cotidiana demuestra otra cosa: defender un derecho también tiene precio.

Y es ahí donde la iniciativa del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez adquiere relevancia, no solo en lo jurídico, sino en lo político. Porque identificar el problema es una cosa… pero plantear una ruta para corregirlo implica lectura, visión y oportunidad.

No es menor haber puesto sobre la mesa un tema que durante años se normalizó: el costo oculto de la justicia.

El caso de los edictos es apenas la punta del iceberg. Publicaciones obligatorias en medios impresos que, lejos de garantizar difusión efectiva, se han convertido en un requisito oneroso que muchas personas simplemente no pueden cubrir. Y ahí, sin decirlo abiertamente, el sistema empieza a excluir.

La propuesta de Inzunza —migrar estos mecanismos a plataformas digitales oficiales— no solo tiene lógica técnica, tiene sentido social. Es reconocer que el acceso a la justicia no puede depender de la capacidad económica de quien la busca.

Y en ese punto hay que decirlo con claridad: no todos los actores políticos logran ver estas grietas estructurales.

Inzunza lo hace desde su formación jurídica, pero también desde una lectura política del momento. Entiende que la justicia no puede seguir siendo un trámite condicionado, sino un derecho garantizado en los hechos.

Ahora bien, el planteamiento abre un debate necesario.

Digitalizar no es solo modernizar. Es también asumir responsabilidades: garantizar acceso real, evitar nuevas formas de exclusión y construir confianza en los mecanismos electrónicos. Porque si el sistema no funciona para todos, el problema solo cambia de forma.

Sin embargo, el fondo del planteamiento es sólido.

La justicia gratuita no puede seguir siendo una declaración simbólica. Tiene que convertirse en una condición real, tangible, medible. Y en ese terreno, propuestas como la de Inzunza marcan una diferencia.

No resuelven todo, pero sí abren la puerta.

Y en política, muchas veces eso es lo más importante: entender dónde está el problema… y atreverse a tocarlo.

Porque al final, más allá de reformas y códigos, la discusión es más profunda.

Se trata de definir si en México la justicia será un derecho efectivo para todos… o seguirá siendo, en los hechos, un privilegio para quienes pueden pagarla.

RUTA

El llamado del dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, a construir una gran alianza no es casual ni aislado. Es, en realidad, el reconocimiento de una realidad incómoda: la oposición en México sigue fragmentada y, en esa fragmentación, pierde fuerza.

Hay que decirlo con claridad: el PRI no está planteando solo una suma de partidos, sino una estrategia de sobrevivencia política.

Gerardo Lugo acierta en el diagnóstico. La división debilita, dispersa votos y facilita la concentración del poder. Pero entre el discurso y la construcción real de una alianza hay un tramo complejo, lleno de intereses, desconfianzas y liderazgos que no siempre coinciden.

El anuncio de estructuras como “Defensores de México” y la apertura a candidaturas ciudadanas apunta en la dirección correcta, pero también evidencia que el PRI entiende que no puede competir solo.

Ahí está el fondo del mensaje.

La oposición necesita más que llamados: requiere proyecto, narrativa y credibilidad. Y eso no se construye únicamente con estructuras, sino con propuestas que conecten con una ciudadanía cada vez más exigente.

El PRI, a través de Gerardo Lugo, da un paso en reconocerlo.

Ahora falta lo más difícil: que esa unidad deje de ser discurso… y se convierta en realidad política.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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MAR 20 2026