Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Lo sé. Me complico la vida, me hago preguntas y me meto en líos. Digo lo que pienso y lo que siento; no tengo miedo de lo que piensen de mí. Y estoy contenta, a pesar de todo, siendo como soy”, Carmen Martín Gaite (1925-2000) Novelista española.

EL JORNAL

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no llegará a México como una ruptura, sino como un acuerdo cuidadosamente administrado. 

Esa es, quizá, la primera señal política relevante de la reforma que el Senado se dispone a aprobar esta semana: no nace del conflicto, sino del consenso, y eso dice tanto de su fortaleza como de sus límites.

El anuncio hecho por la senadora Imelda Castro Castro confirma que el proyecto cuenta con el aval de sindicatos y del sector patronal, un escenario poco común en materia laboral. 

En apariencia, todos ganan: los trabajadores ven reconocida una vieja demanda; los empleadores obtienen certidumbre mediante una implementación gradual; y el gobierno capitaliza políticamente una reforma de alto impacto social sin abrir un frente de confrontación económica.

El respaldo pleno a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es menor. La gradualidad —inicio en 2027 y conclusión hasta 2030— revela una lógica pragmática: el Estado reconoce que el modelo productivo mexicano no está preparado para un cambio abrupto. 

No se trata de una concesión ideológica, sino de una admisión estructural. México sigue dependiendo, en amplios sectores, de largas jornadas y bajos salarios como ventaja competitiva.

El punto que aún genera debate —la definición de uno o dos días de descanso obligatorio— exhibe la tensión real de la reforma. 

Dos días libres representan una mejora sustantiva en calidad de vida; concentrar las 40 horas en cinco días, en cambio, puede traducirse en jornadas más intensas, con el riesgo de trasladar el desgaste físico y emocional a menos días laborales. 

El dilema no es técnico, es cultural: reducir horas no equivale automáticamente a trabajar mejor.

La reforma al régimen de horas extra apunta, en el papel, a cerrar espacios de abuso. El límite de 12 horas semanales y el pago al 200 por ciento al rebasarlo buscan desalentar prácticas normalizadas durante décadas. 

Sin embargo, la experiencia mexicana obliga a una pregunta incómoda: ¿habrá capacidad real de supervisión y sanción, o el mercado laboral volverá a encontrar atajos entre la simulación y la informalidad?

La referencia al modelo chileno funciona como argumento comparativo, pero también como espejo. Chile entendió que reducir la jornada no basta sin políticas paralelas de productividad, fiscalización y reorganización del trabajo. 

México enfrenta el mismo reto, con una dificultad adicional: una economía informal que sigue absorbiendo a millones de trabajadores fuera de cualquier protección legal.

La reforma de las 40 horas corrige un rezago histórico y amplía derechos laborales, sí. Pero también evidencia una verdad menos cómoda: el consenso político no garantiza, por sí mismo, un cambio profundo. 

La ley se aprobará sin estridencias; la implementación, en cambio, pondrá a prueba la voluntad del Estado para hacerla cumplir.

En el fondo, la discusión no es cuántas horas se trabajará a la semana, sino si México está dispuesto a abandonar un modelo que ha sostenido su crecimiento sobre jornadas largas y derechos mínimos. La votación en el Senado será el trámite. El verdadero examen comenzará en los centros de trabajo.

DIPLOMACIA 

El mensaje difundido por el diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, no es un simple registro protocolario de agenda legislativa. 

Es, en realidad, una pieza de posicionamiento político cuidadosamente construida en un momento clave de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Al destacar su participación en el Diálogo Legislativo México–Estados Unidos, el dirigente verde busca colocarse en una conversación de alto nivel, una que trasciende lo local y se instala en el terreno de la política exterior, tradicionalmente reservado a figuras con mayor peso nacional.

 El mensaje no detalla acuerdos, temas concretos ni resultados, pero sí fija una narrativa: el Partido Verde como un actor responsable, institucional y con vocación internacional.

La insistencia en conceptos como “diálogo”, “cooperación” y “respeto a la soberanía” no es casual. 

En el contexto actual, marcado por tensiones recurrentes en materia migratoria, comercial y de seguridad, estas palabras funcionan como un equilibrio discursivo. 

Por un lado, evitan la confrontación; por otro, responden a una sensibilidad política interna donde la defensa de la soberanía sigue siendo un eje movilizador del discurso público.

Desde una lectura más fina, el mensaje también cumple una función interna. Ricardo Madrid no habla solo hacia Washington, sino hacia el tablero político sinaloense y nacional. Al vincular al Partido Verde con espacios de interlocución internacional, refuerza su imagen como aliado confiable dentro del bloque gobernante, pero con identidad propia. Es una manera de decir: estamos en la mesa, no solo acompañamos, también participamos.

Sin embargo, el contenido revela sus límites. La ausencia de referencias concretas —temas ambientales, energéticos, comerciales o de cooperación regional— deja el mensaje en el terreno de lo declarativo. 

No hay definiciones, no hay posturas, no hay compromisos visibles. El énfasis está en el gesto político más que en la sustancia legislativa.

Eso no necesariamente es un error. En política, especialmente en redes sociales, el simbolismo importa. 

Mostrar presencia en un foro binacional proyecta relevancia, aunque el impacto real se mida después, en iniciativas, posicionamientos o resultados tangibles. 

El reto para el Partido Verde será convertir este tipo de participaciones en algo más que fotografías y comunicados.

El post en redes de Ricardo Madrid Pérez es un mensaje calculado: sobrio, alineado al discurso institucional y funcional para construir perfil. No incomoda, no confronta y no define. 

Coloca al Partido Verde en la narrativa del entendimiento internacional, pero deja pendiente la pregunta central: ¿qué propone concretamente desde Sinaloa y desde el Congreso para que ese diálogo se traduzca en beneficios reales para los ciudadanos? 

Esa respuesta, más que el gesto, será la que determine el verdadero peso político de su participación.

ALIANZA

La postura expresada por el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, no es una definición electoral inmediata, sino una declaración estratégica. 

Al afirmar que el PAS mantiene “apertura total al diálogo” pero que las alianzas no son una prioridad, el partido se coloca en una posición de flexibilidad política que le permite conservar margen de maniobra rumbo a los próximos procesos electorales.

El mensaje es claro: el PAS no se cierra, pero tampoco se compromete. Esta ambigüedad no es improvisada; responde a la naturaleza regional del partido, que históricamente ha transitado entre distintos bloques sin atarse de manera permanente a ninguno. 

Haber competido en 2024 junto al PRI, PAN y PRD, y en 2021 con Morena, PT y Verde, no es una contradicción ideológica, sino una evidencia de su lógica pragmática. Desde una lectura política, la insistencia en que el PAS “va solo” hoy tiene un doble objetivo. 

Hacia afuera, busca desmontar la narrativa de subordinación a proyectos nacionales y reforzar su identidad como fuerza local enfocada en los problemas específicos de Sinaloa. 

Hacia adentro, envía un mensaje de control: ninguna negociación está cerrada y cualquier eventual coalición pasará por la dirigencia estatal.

El dirigente también intenta resignificar una crítica recurrente. Cuando reconoce que el PAS es “regional” y “volátil”, no lo hace como autocrítica, sino como virtud. 

En su discurso, la volatilidad se convierte en capacidad de adaptación; la falta de compromisos, en libertad política. Es una manera de justificar alianzas pasadas y, al mismo tiempo, abrir la puerta a acuerdos futuros sin pagar costos anticipados.

Sin embargo, esta postura también encierra riesgos. La narrativa de diálogo permanente puede interpretarse como indefinición programática si no se acompaña de un proyecto claro. Decir que las alianzas no se buscan por cargos ni votos es políticamente correcto, pero insuficiente si no se precisan las causas, agendas o líneas rojas que el PAS estaría dispuesto —o no— a negociar.

En el fondo, el partido apuesta a mantenerse como un actor bisagra. No pretende liderar bloques nacionales, pero sí conservar el valor que le da su capacidad de inclinar balanzas en escenarios cerrados. Esa posición le ha permitido sobrevivir y mantenerse vigente, aunque también lo expone a ser visto más como instrumento electoral que como proyecto ideológico.

La definición real no llegará con discursos sobre el diálogo, sino cuando el calendario electoral obligue a tomar partido. Ahí se sabrá si el PAS convierte su apertura en una propuesta política sólida o si vuelve a optar por la ruta conocida: negociar desde la coyuntura, con la mirada puesta más en la aritmética electoral que en la coherencia de largo plazo.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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