Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más”, Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) Misionera de origen albanés naturalizada india

OPORTUNIDADES

En Mazatlán, los mercados municipales representan mucho más que puntos de intercambio comercial. Son espacios de convivencia, identidad barrial y sustento económico para cientos de familias. 

Sin embargo, durante años han sido tratados como infraestructura secundaria, atendida solo cuando el deterioro se vuelve evidente o el riesgo inminente. 

Las recientes declaraciones de la regidora My‑Lai Quintero Beltrán vuelven a colocar el tema en la agenda pública, no como novedad, sino como recordatorio de una deuda persistente.

El diagnóstico no es nuevo: techos dañados, instalaciones eléctricas obsoletas, filtraciones en temporada de lluvias y obras inconclusas heredadas de administraciones pasadas. 

Lo relevante es que estas carencias ya no pueden analizarse solo como fallas de mantenimiento, sino como un problema estructural que impacta directamente en la seguridad de locatarios y usuarios, así como en la viabilidad económica de estos espacios tradicionales.

El caso del mercado de la colonia López Mateos, con un techo en condiciones riesgosas, evidencia cómo la falta de intervención oportuna convierte problemas previsibles en amenazas cotidianas. 

A ello se suma el ejemplo del mercado Pino Suárez, donde una inversión parcial permitió atender canaletas, pero dejó pendientes críticos, como una subestación eléctrica inconclusa. 

La constante es clara: acciones fragmentadas, sin una estrategia integral ni continuidad administrativa.

Este panorama se vuelve más complejo cuando se considera el arraigo social de los mercados. 

Cualquier propuesta de reubicación o reorganización genera resistencia en las colonias, no por capricho, sino porque estos espacios forman parte del tejido comunitario. 

Ignorar ese factor social puede convertir una solución técnica en un conflicto político innecesario. 

Atenderlo, en cambio, exige planeación, diálogo y recursos suficientes.

El debate presupuestal es inevitable. Mazatlán enfrenta rezagos en seguridad, servicios públicos e infraestructura urbana, y cada peso tiene múltiples destinos posibles. Sin embargo, postergar la atención a los mercados bajo el argumento de prioridades mayores ha demostrado ser una falsa economía: el deterioro acumulado eleva los costos futuros y expone a la autoridad a riesgos legales, sociales y humanos.

Asignar recursos a los mercados municipales no es un gesto simbólico ni una concesión política. Es una decisión de gestión básica. Mantenerlos en condiciones seguras y funcionales protege empleos, preserva la historia urbana y fortalece economías locales que no siempre se benefician de los grandes proyectos turísticos.

La discusión planteada desde el Cabildo abre una oportunidad: pasar del reconocimiento del problema a una política pública sostenida, con diagnósticos claros, calendarios de intervención y seguimiento real. 

Si los mercados continúan siendo atendidos solo cuando la urgencia obliga, el deterioro seguirá siendo la norma. 

Si se asumen como lo que son —infraestructura económica y social estratégica—, su rescate dejará de ser una promesa recurrente para convertirse, finalmente, en una acción concreta.

CONTINUIDAD

La firma del convenio entre el Ayuntamiento de Ahome y la Procuraduría Federal del Consumidor para habilitar un módulo de atención en Los Mochis plantea un objetivo claro: acercar la defensa de los derechos del consumidor a la vida cotidiana de la ciudad. 

En un contexto donde las relaciones comerciales se intensifican —particularmente en temporadas de alta demanda—, reducir la distancia entre la queja y la institución parece, en principio, una medida lógica y necesaria.

El valor del acuerdo radica en su dimensión práctica. Permitir que consumidores y proveedores acudan a un módulo local, sin trasladarse a la capital del estado, elimina una barrera recurrente: el costo y el tiempo que suele desalentar la denuncia. En términos administrativos, es una descentralización básica; en términos ciudadanos, un mensaje de accesibilidad. 

La pregunta no es si hacía falta, sino por qué tardó tanto en concretarse.

No obstante, la instalación de un módulo no equivale automáticamente a una mejora sustantiva en la protección del consumidor. 

La experiencia indica que el impacto real depende menos del anuncio y más de la operación: personal capacitado, capacidad de conciliación efectiva y seguimiento de los casos. 

De lo contrario, el módulo corre el riesgo de convertirse en un punto de orientación sin consecuencias prácticas para quienes reclaman.

Desde la perspectiva municipal, el convenio también cumple una función política-administrativa: muestra coordinación interinstitucional y responde a una demanda social visible. 

La participación del alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez y del titular regional de ODECO, Israel Alcaraz Hernández, subraya una narrativa de colaboración que, en el discurso, busca agilizar trámites y fortalecer la conciliación. 

La clave será si esa narrativa se traduce en resoluciones oportunas y en un aumento real de la confianza ciudadana.

También hay un ángulo económico que no debe ignorarse. Un sistema de defensa del consumidor accesible contribuye a ordenar el mercado local: desincentiva prácticas abusivas y genera certidumbre para los negocios que cumplen. 

En ese sentido, el módulo no solo protege a quien compra, sino que también beneficia a quien vende de manera formal, siempre que las reglas se apliquen con equilibrio.

El reto, entonces, no está en la ubicación ni en el horario, sino en la continuidad. 

¿Habrá capacidad para absorber picos de demanda? ¿Se medirá su desempeño con indicadores claros? ¿Se garantizará que la conciliación no se quede en intentos, sino en soluciones? 

Sin estas respuestas, el convenio corre el riesgo de sumarse a la lista de buenas intenciones administrativas.

En síntesis, acercar a Profeco a Los Mochis es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente por sí solo. 

La defensa del consumidor no se consolida con módulos inaugurados, sino con resultados verificables. Si el acuerdo logra traducirse en atención eficiente y resoluciones concretas, habrá cumplido su propósito. 

Si no, quedará como otro recordatorio de que el acceso institucional, sin eficacia, es apenas una promesa a medias.

ESFUERZO

Las declaraciones de la alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar confirman que El Rosario mantiene un refuerzo de presencia militar como medida preventiva tras los hechos de alto impacto registrados en Escuinapa. La estrategia se enmarca en un enfoque de contención regional, orientado a preservar condiciones de estabilidad en el municipio.

En cuanto al desplazamiento de familias en la zona serrana, el retorno paulatino a diversas comunidades refleja una intervención institucional en proceso, coordinada principalmente por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. El hecho de que algunas familias ya hayan regresado y otras no, sugiere una evaluación diferenciada de condiciones de seguridad y atención social.

De cara a 2026, la autoridad municipal identifica la seguridad como prioridad, reconociendo que su alcance depende de la coordinación con instancias federales. El señalamiento de calma en la cabecera municipal y en comunidades como Santa María aporta un balance puntual de la situación actual, aunque sujeto a la evolución del contexto regional.

En conjunto, la información describe un escenario de vigilancia reforzada y atención gradual al desplazamiento, con énfasis en la coordinación intergubernamental como factor central para sostener la estabilidad en El Rosario.

ENCAMINADOS

Las proyecciones presentadas por la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez colocan a Mazatlán ante un cierre de año con expectativas favorables en materia turística. 

Una ocupación hotelera estimada en 80 por ciento durante el último tramo de diciembre confirma que el destino mantiene atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales, particularmente en la temporada invernal.

El flujo de vuelos procedentes de Canadá y Estados Unidos, así como la llegada constante de cruceros, refuerza la percepción de un puerto activo y con capacidad para sostener una derrama económica relevante en comercios y servicios. 

Estos indicadores son consistentes con la vocación turística de Mazatlán y con la estrategia de mantener conectividad aérea y marítima incluso en contextos regionales complejos.

En paralelo, el énfasis en el reforzamiento de los ejes carreteros y en el operativo Guadalupe-Reyes apunta a un componente clave: la seguridad como condición para que las proyecciones se materialicen. 

Garantizar traslados seguros y presencia institucional tanto en accesos como en colonias y zonas turísticas es un factor que influye directamente en la confianza del visitante.

El cierre de año, en este sentido, plantea un equilibrio entre expectativas económicas y responsabilidades operativas. 

Las cifras proyectadas son positivas, pero su impacto real dependerá de que la seguridad y los servicios se mantengan de forma constante. 

Más que un logro anticipado, el periodo decembrino representa una prueba de gestión para consolidar a Mazatlán como un destino competitivo y confiable más allá de la temporada alta.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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