Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“No puede haber una revolución total sino una revolución permanente. Como el amor, es el goce fundamental de la vida”, Max Ernst (1891-1976) Pintor y escultor alemán.

AROMA DE MUJER

México vive un momento histórico: por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República.

La llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al poder no solo simboliza la consolidación de la paridad política en el país, sino también un cambio profundo en la forma de entender el liderazgo y la toma de decisiones.

Este nuevo contexto nacional coloca a estados como Sinaloa frente a una posibilidad inédita: que en el próxImo proceso electoral de 2027, una mujer encabece la gubernatura.

La elección de una presidenta ha roto un paradigma histórico y abre un espacio real para que los liderazgos femeninos se consoliden en todos los niveles.

En Sinaloa, el terreno político comienza a mostrar esa transformación: cada vez más mujeres dirigen instituciones, presiden municipios o encabezan agendas públicas con peso propio.

Dentro de Morena, partido dominante en el estado, se perfilan cuatro figuras que representan distintas vertientes de ese nuevo liderazgo: Estrella Palacios Domínguez, Graciela Domínguez Nava, Imelda Castro Castro y María Teresa Guerra Ochoa.

La presidencia de Sheinbaum ha demostrado que la conducción de una mujer no implica un cambio simbólico, sino una redefinición de las prioridades del poder.

Su estilo de gobierno —más técnico, dialogante y con un enfoque en la sustentabilidad, la ciencia y la justicia social— ha despertado expectativas de que otros estados sigan la misma ruta.

Sinaloa, con su compleja dinámica política y social, podría beneficiarse de ese mismo tipo de liderazgo: más empático, menos confrontativo y enfocado en la gestión de resultados tangibles.

Las mujeres han demostrado históricamente una mayor capacidad de negociación, un sentido más horizontal del poder y una inclinación natural hacia la construcción de consensos.

En una entidad que ha enfrentado grandes desafíos en materia de seguridad, desigualdad y desarrollo regional, estos atributos se vuelven estratégicos.

Estrella Palacios, hoy alcaldesa de Mazatlán, ha mostrado un estilo de gestión ordenado, enfocado en el turismo y la proyección internacional del puerto.

Su experiencia administrativa y su conexión con el sector productivo la colocan como una figura de continuidad con visión económica.

Graciela Domínguez, diputada federal y exsecretaria de Educación, representa el perfil técnico y político.

Su capacidad para navegar estructuras gubernamentales complejas y su experiencia legislativa la hacen una opción sólida para la gobernabilidad.

Imelda Castro, senadora de la República, simboliza la voz institucional y la experiencia política. Con una carrera que combina militancia, pensamiento crítico y participación nacional, encarna la madurez política que Sinaloa podría requerir para consolidar su desarrollo.

María Teresa Guerra, abogada y activista, aporta una visión profundamente social. Su trabajo en favor de los derechos humanos y la igualdad de género introduce un enfoque ético y humanista que podría renovar la relación entre gobierno y ciudadanía.

Diversos estudios y experiencias en gobiernos locales y nacionales demuestran que cuando las mujeres asumen posiciones de poder, se fortalece la transparencia, se mejora la eficiencia administrativa y se incrementa la atención a políticas públicas sensibles, como la salud, la educación, el bienestar social y la seguridad con perspectiva humana.

En Sinaloa, un gobierno encabezado por una mujer podría representar un giro hacia una política de cercanía y reconstrucción del tejido social, especialmente en un contexto donde la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen marcando la agenda pública.

Más allá de los nombres, lo que está en juego en 2027 es la posibilidad de consolidar una nueva etapa en la política sinaloense: una donde el liderazgo se mida no por la fuerza del discurso, sino por la eficacia, la empatía y la visión de largo plazo.

La presencia de una presidenta en el país y la posibilidad de una gobernadora en Sinaloa representan más que un avance de género: constituyen un reacomodo de las estructuras políticas hacia una participación verdaderamente incluyente. En una sociedad que ha sido históricamente conservadora en ciertos aspectos, la oportunidad de que una mujer encabece el gobierno estatal sería también un acto de modernización cultural.

El 2027 podría ser el año en que Sinaloa dé un paso más en la construcción de una política más equitativa, plural y humana. No se trata solo de una alternancia de género, sino de una evolución natural de la democracia sinaloense, que, por primera vez, podría ver en una mujer la oportunidad de conducir su destino con visión, sensibilidad y firmeza.

INSTALACIÓN

La confirmación del gobernador Rubén Rocha Moya sobre la próxima construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Mazatlán abre un debate interesante sobre el modelo de seguridad pública que se busca consolidar en Sinaloa.

Más allá del anuncio, el proyecto invita a reflexionar sobre el equilibrio entre infraestructura, presencia institucional y percepción ciudadana, tres elementos que definen la eficacia de cualquier estrategia de seguridad.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario estatal, la propuesta fue presentada por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y responde a la necesidad de reforzar la presencia territorial en el puerto.

La intención es instalar una base que permita a la Guardia Nacional —descrita como una policía de “proximidad” y más “amigable” con la ciudadanía— fortalecer el patrullaje y la capacidad de respuesta ante los incidentes delictivos.

El contexto en el que se anuncia esta obra no es menor. Mazatlán, principal polo turístico de Sinaloa, ha experimentado un repunte de hechos delictivos, aunque el propio gobernador ha señalado una disminución del 19 % en la percepción de inseguridad, según datos recientes.

La contradicción entre percepción y realidad ilustra la complejidad del fenómeno: mientras los indicadores pueden mejorar, la sensación de riesgo persiste si la presencia policial no se traduce en confianza ciudadana.

La construcción de un cuartel no garantiza por sí sola una mejora inmediata en la seguridad, pero sí representa un paso institucional hacia la consolidación territorial de las fuerzas federales.

Mazatlán es un punto estratégico por su puerto, su conexión logística y su actividad turística; dotarlo de infraestructura permanente puede fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, algo indispensable para prevenir delitos y responder con rapidez a emergencias.

Sin embargo, el desafío real será lograr que esta nueva base no se perciba solo como un símbolo de fuerza, sino como una instancia de cercanía y colaboración con la comunidad.

La Guardia Nacional ha enfrentado críticas por su carácter militarizado, y la apuesta de un cuartel “amigable” debe traducirse en mayor capacitación civil, protocolos de atención al ciudadano y respeto a los derechos humanos.

A la par, el proyecto anunciado para Altata, en Navolato, con la construcción de una base naval, y la posibilidad de replicar esta estrategia en Culiacán, evidencian una política de infraestructura de seguridad más amplia.

Estas acciones reflejan un esfuerzo por distribuir la capacidad operativa del Estado y asegurar presencia institucional en puntos clave de la geografía sinaloense.

Desde una perspectiva objetiva, la iniciativa tiene aspectos positivos: genera empleos temporales durante su construcción, refuerza la presencia disuasiva y podría mejorar la coordinación interinstitucional.

No obstante, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad presupuestal, el uso estratégico del espacio urbano y la evaluación de resultados, temas que deberán abordarse con transparencia.

En síntesis, el anuncio de Rocha Moya no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de modernización del aparato de seguridad en Sinaloa.

Si se gestiona con planificación, respeto a la ciudadanía y una visión integral, el cuartel de Mazatlán podría convertirse en un punto de inflexión entre la seguridad reactiva y la seguridad preventiva.

Su éxito dependerá, como en muchos otros casos, de que la infraestructura no sea el fin, sino el medio para reconstruir la confianza ciudadana.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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