Dr. José Antonio Quintero Contreras

El escenario hídrico que hoy enfrenta México, y en particular el estado de Sinaloa, es grave. Sin embargo, más preocupante que la sequía es la evidente orfandad institucional con la que se intenta enfrentarla. En pleno siglo XXI, México carece de un mecanismo robusto y operativo para atender emergencias climáticas. Esto es consecuencia directa de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), uno de los instrumentos más relevantes de la política pública mexicana para la gestión del riesgo de desastres.

Sinaloa, el estado agrícola por excelencia y principal productor nacional de maíz blanco, enfrenta una de las peores sequías de su historia. Según el informe técnico de CONAGUA con fecha del 23 de mayo de 2025, las 12 principales presas del estado, cuya capacidad de conservación total asciende a 15,840 millones de metros cúbicos (Mm³), almacenan en conjunto apenas 1,010 Mm³, lo que equivale a solo el 6.4% de su capacidad útil.

Este nivel de almacenamiento es insostenible para el ciclo agrícola primavera-verano, comprometiendo más de 500,000 hectáreas de riego. A esto se suma el desabasto progresivo para el consumo humano en zonas rurales y urbanas.

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue creado mediante decreto presidencial en 1996 como un instrumento financiero de cobertura pública para apoyar a entidades federativas y municipios ante fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, terremotos y sequías. Su operación se regía bajo reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con la colaboración de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y otras dependencias federales.

El FONDEN estaba respaldado por un fideicomiso público sin estructura (el Fideicomiso 2003), lo que le permitía operar con agilidad administrativa, movilizando recursos sin necesidad de una aprobación legislativa por evento. Esto lo convirtió en una herramienta eficaz de respuesta inmediata. Entre 2010 y 2019, el FONDEN asignó más de 115 mil millones de pesos a nivel nacional para atender más de 800 declaratorias de emergencia o desastre natural, incluyendo sequías prolongadas como la de 2011-2012 que afectó seriamente al norte del país. Tan solo en 2017, tras los sismos de septiembre, el FONDEN movilizó recursos por más de 37 mil millones de pesos.

Sus principales beneficios eran Agilidad operativa: liberación de recursos en un plazo de 3 a 10 días tras una declaratoria oficial. Coordinación interinstitucional: las acciones eran lideradas por el Comité Técnico del FONDEN, donde participaban diversas dependencias. Transparencia: los recursos eran auditados por la ASF y sujetos a revisiones por parte de la Secretaría de la Función Pública. Cobertura nacional: aseguraba atención sin discriminación política o territorial.

Sin embargo, en octubre de 2020, el Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos, incluyendo el FONDEN, bajo el argumento de eliminar posibles focos de corrupción y opacidad. Lo cierto es que desde su desaparición no se ha creado un mecanismo alternativo funcional, dejando al país en una posición extremadamente vulnerable ante fenómenos naturales.

Hoy, cuando Sinaloa enfrenta una emergencia hídrica sin precedentes, no existe un canal institucional que permita movilizar recursos federales de forma expedita. Los apoyos que en el pasado llegaban en días, hoy se tramitan en semanas o incluso meses, sujetos a aprobaciones burocráticas dentro del marco del presupuesto anual aprobado por el Congreso. La Secretaría de Hacienda ya no puede transferir recursos discrecionalmente sin incurrir en subejercicios o reetiquetaciones sujetas a reglas de operación estrictas. Los gobiernos estatales deben apelar a la buena voluntad del Ejecutivo o hacer malabares con sus propios presupuestos limitados.

Frente a este panorama, urge que el Estado mexicano recupere una herramienta como el FONDEN. No se trata de volver necesariamente al mismo fideicomiso con sus peros originales, sino de diseñar un nuevo Fondo Nacional de Emergencias y Adaptación Climática, con tres pilares fundamentales: Agilidad operativa, que permita activar recursos en menos de 5 días. Transparencia y control, con vigilancia de la ASF, órganos ciudadanos y acceso público a toda la información. Y Blindaje presupuestal, un fondo permanente dentro del Ramo 23, con reglas claras y multianuales.

La realidad climática de México exige que no sigamos improvisando. La emergencia hídrica no puede gestionarse con comunicados de prensa o visitas simbólicas. Necesitamos instituciones eficaces, financiamiento oportuno y un compromiso real con la protección de la población y los ecosistemas.

Porque si el agua es vida, entonces también lo son las políticas públicas que la defienden.

Instagram: @TonyQuinteroC