Columna

Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Lo que llamamos destino no nos llega del exterior, sino que emerge de nosotros”, Rainer María Rilke
Marcar el paso…
ASPIRACIONES
La candidatura de Yasmín Esquivel Mossa a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pasa desapercibida, no solo por su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público y 25 años en la impartición de justicia, sino por el contexto inédito en que se desarrolla: una elección ciudadana para definir el rumbo del Poder Judicial.
Frente a este escenario, Esquivel Mossa plantea una propuesta que apela tanto a la experiencia como a la transformación.
Durante su visita a Mazatlán, en un ejercicio poco común para una figura del Poder Judicial, la candidata sostuvo un diálogo abierto en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí insistió en una visión que busca desmarcarse de la élite judicial tradicional: justicia cercana, accesible y libre de corrupción.
Sin embargo, esta narrativa se enfrenta a un reto mayúsculo: convencer a un electorado escéptico de que el cambio real puede venir desde dentro de un sistema que por años ha sido percibido como opaco y alejado de la ciudadanía.
Esquivel Mossa habla con claridad sobre la necesidad de una “justicia de puertas abiertas”, una frase potente pero que aún requiere traducirse en mecanismos tangibles. ¿Cómo se abrirán esas puertas? ¿Con qué herramientas enfrentará la corrupción estructural? ¿Cuál será el equilibrio entre independencia judicial y voluntad de transformación? Son preguntas que, hasta ahora, se responden más con trayectoria que con propuestas concretas.
Lo cierto es que su candidatura se presenta en un momento clave. Las reformas al Poder Judicial han dejado de ser un asunto técnico y se han convertido en parte central del debate político nacional.
La ciudadanía, por primera vez en la historia, podrá votar para elegir a quienes integren la Suprema Corte, un hecho que transforma por completo la relación entre el pueblo y la justicia.
En este nuevo tablero, la transparencia y la pedagogía pública serán fundamentales. Esquivel Mossa parece entenderlo al promover el uso del código QR de la credencial del INE como vía para conocer propuestas y ubicar casillas.
Es un gesto que reconoce que, en una democracia, el acceso a la información es el primer peldaño hacia la participación consciente.
Pero el pasado también pesa. La trayectoria es una credencial valiosa, sí, pero no basta por sí sola. El reto para Esquivel Mossa —y para todos los aspirantes a ministros electos por voto popular— es demostrar que no se trata solo de administrar justicia, sino de reformarla sin destruirla, de abrirla sin politizarla, y de modernizarla sin perder su esencia constitucional.
A pocas semanas de la jornada electoral del 1 de junio, la figura de Yasmín Esquivel Mossa se perfila como una de las más visibles. Lo que está en juego no es únicamente un cargo en la Suprema Corte, sino el futuro de la relación entre el Poder Judicial y los ciudadanos.
Y esa sí que es una elección histórica.
URGENCIA
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta el arranque de 2025 con una realidad presupuestal que no puede pasarse por alto: un déficit de 800 millones de pesos, producto de préstamos solicitados para cerrar el ejercicio anterior y mantener su operación básica.
Según explicó el rector Jesús Madueña Molina, tan solo en diciembre de 2024 se solicitaron 480 millones de pesos para cubrir nóminas, y al iniciar este año se requirió otro financiamiento para atender pendientes con instituciones como el SAT, Infonavit y el IMSS.
Más allá de los números, lo preocupante es que este panorama limita de forma directa la capacidad de crecimiento y mantenimiento de la institución.
Aunque existen planes en materia de infraestructura, el propio rector reconoció que “lo que no hay son recursos”, una afirmación que revela el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra una universidad pública de este tamaño y relevancia.
Este tipo de endeudamiento para solventar obligaciones básicas no es nuevo, pero sí evidencia un modelo insostenible a largo plazo. Una institución educativa no puede depender cada año de créditos para pagar sueldos ni cubrir sus servicios operativos. El riesgo es que, de seguir por esta ruta, se comprometa la calidad académica, la oferta de servicios y el prestigio institucional.
Si bien las universidades públicas han enfrentado históricamente restricciones presupuestales, la magnitud del adeudo en la UAS obliga a revisar con seriedad tanto la política de financiamiento estatal como la administración interna.
La autonomía universitaria, pilar fundamental de estas instituciones, debe ir de la mano con una rendición de cuentas clara y con estrategias sostenibles para asegurar su viabilidad.
Iniciar el año con un boquete financiero de esta dimensión no es una cuestión menor. La Universidad Autónoma de Sinaloa necesita, más que parches temporales, una estrategia de fondo que le permita planificar con certidumbre y cumplir su función educativa sin estar sujeta, año con año, a la urgencia de la deuda.
EN LA LUCHA
Durante su gira por Estados Unidos, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, adoptó una postura firme y necesaria frente a las amenazas arancelarias al jitomate mexicano y la suspensión de exportaciones de ganado. Es alentador ver a un funcionario del gabinete federal hablar con claridad: México tiene lista su respuesta si se imponen barreras comerciales injustificadas.
Lo preocupante, sin embargo, es que Estados Unidos insiste en condicionar la reapertura de sus fronteras al ganado mexicano a cambio de colaboración en el combate del gusano barrenador. México ha cooperado históricamente en materia sanitaria, pero no puede permitir que se use una emergencia zoosanitaria como ficha de negociación comercial.
La relación con el principal socio comercial debe basarse en el respeto mutuo y en acuerdos que beneficien a productores de ambos países, como bien lo señaló el propio Berdegué Sacristán. Pero para eso, se necesita firmeza, transparencia y reciprocidad.