Columna

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Marco Antonio Lizárraga
“Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”, Martin Luther King
Vargas sin fuero
ENCARGO CUMPLIDO
En sesión secreta que se extendió desde las 20:00 horas del jueves hasta las 2:30 de la madrugada del viernes, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó con 39 votos a favor el retiro del fuero al alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local Genaro García Castro, derivado de presuntas irregularidades en un contrato por 171 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas.
La solicitud de desafuero fue presentada por la Fiscalía General del Estado, cuyo titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo, expuso personalmente ante los legisladores los elementos que sustentan la probable responsabilidad de ambos funcionarios.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, confirmó que se declaró procedente el juicio político y que, con ello, se abre paso a la investigación penal correspondiente.
Según el dictamen aprobado, el contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V. para el arrendamiento de 126 patrullas fue adjudicado de manera directa, sin licitación pública como lo exige la ley, lo que provocó un presunto daño al erario de al menos 14.5 millones de pesos.
Dicho proceso se celebró durante el primer mandato de Vargas Landeros como presidente municipal y cuando García Castro se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento.
En el contrato DA-ARRENDAMIENTO-018-2021, también figuran como presuntos corresponsables: Antonio Vega Arellano, entonces tesorero municipal; Julio César Romanillo Montoya, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Dalvingh Iturrios Corrales, director de Asuntos Jurídicos; y Gerardo Iván Hervas Quindos, hoy tesorero municipal, quien fungía como director de Egresos en ese momento.
También están señalados la síndica procuradora Cecilia Hernández, el ex titular del Órgano Interno de Control Fausto Ibarra Celis, los regidores Marisol Morales y Judith Luna, entre otros integrantes del Comité de Adquisiciones.
Horas antes de la votación en el Congreso, Vargas Landeros solicitó y obtuvo licencia al cargo durante una sesión privada del Cabildo de Ahome, argumentando que deseaba atender sin restricciones los procesos legales en su contra.
En su lugar se nombró de forma provisional a la regidora Rosa Margarita Velázquez Valdez, quien sin embargo será reemplazada por el nuevo alcalde sustituto designado por el Congreso este mismo viernes a las 11:00 de la mañana, en sesión ordinaria.
En tanto, el legislador desaforado Genaro García Castro será sustituido por su suplente, Hólincer Castro Marañón.
Con este fallo, Ahome se convierte en el tercer municipio de Sinaloa donde un alcalde es desaforado por el Congreso del Estado, luego de Culiacán y Mazatlán.
Las autoridades aseguraron que se mantendrá el proceso legal conforme al marco jurídico y con respeto al debido proceso.
CONTRAPARTE
La defensa legal de Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, afirmó que el Congreso del Estado de Sinaloa incurrió en posibles violaciones al debido proceso parlamentario al filtrar anticipadamente el acuerdo de separación del cargo antes de que se le garantizara plenamente el derecho de audiencia.
Esta situación, aseguran, podría ser impugnada por diversas vías legales, entre ellas el juicio de amparo indirecto.
Según el análisis presentado por sus representantes legales, la difusión de ese documento, presuntamente preparado para dar a conocer la resolución del Congreso, representa una irregularidad que contamina el procedimiento legislativo.
La defensa sostiene que se anticipó el sentido de la resolución sin haber escuchado al señalado ni permitirle presentar pruebas, lo cual sería contrario al principio de imparcialidad y al derecho de defensa efectiva.
El documento cita como fundamento el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a un juicio conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Entre estas formalidades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado la importancia del derecho de audiencia previa, el derecho a presentar pruebas y la exigencia de un proceso imparcial.
La defensa también señala que la filtración podría configurar responsabilidades administrativas o incluso penales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal local, al considerar que se trata de documentos reservados en un procedimiento aún en curso.
Entre los argumentos jurídicos, se señala que la SCJN ha determinado que el debido proceso no solo es exigible en sede judicial, sino también en procedimientos administrativos o legislativos que puedan derivar en sanciones o afectación de derechos. Asimismo, se argumenta que este tipo de actuaciones pueden viciar de nulidad las resoluciones adoptadas.
Como parte del respaldo legal, la defensa de Vargas Landeros incluye también un criterio emitido por la SCJN respecto a auditorías estatales, donde se establece que no pueden auditar recursos federales, lo que según su interpretación, podría tener implicaciones adicionales en este caso.
Finalmente, se plantea que el procedimiento puede ser impugnado a través de un juicio de amparo, queja administrativa ante órganos de control legislativo o incluso denuncia penal, con base en las posibles irregularidades detectadas en el desarrollo del proceso de desafuero.
Ya ahora todo esto se verá en los tribunales. El acto de desafuero fue consumado.
ACUERDOS
El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, representó para la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) una oportunidad para reiterar su reconocimiento a la labor del personal docente, administrativo y de intendencia que conforma su comunidad.
Durante un encuentro con los comités del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS (SUNTUAS), el rector Jesús Madueña Molina destacó la disposición de su administración para mantener el diálogo abierto con los representantes sindicales, bajo una lógica de respeto y trabajo conjunto que ha permitido avanzar en temas clave para la base trabajadora.
En su mensaje, el rector valoró el compromiso de los trabajadores universitarios y subrayó que la estabilidad institucional se ha sostenido en gran parte gracias a esta relación de colaboración. Aseguró que la administración central mantendrá su política de escucha activa y coordinación con el sindicato, con el fin de seguir fortaleciendo las condiciones laborales.
Por parte del SUNTUAS, tanto el secretario general de la sección Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, como la secretaria general de Administrativos e Intendencia, Maricela Guadalupe Pérez Carrillo, ratificaron el compromiso de su organización con la defensa de los derechos laborales y reconocieron la disposición de las autoridades universitarias para el diálogo y la atención de sus planteamientos.
Cabe destacar que, en esta ocasión, por razones de cuidado hacia la salud e integridad de los trabajadores, el sindicato decidió no realizar la tradicional marcha del Día del Trabajo, manteniendo no obstante firme su participación en los espacios institucionales de representación.
LO QUE SIGUE
Este viernes, Michel Benítez Uruarte, líder del STASE en Sinaloa, hará oficial su intención de buscar un periodo adicional al frente del sindicato. En una reunión con los agremiados, Benítez Uruarte presentará su propuesta para extender su gestión, destacando los logros obtenidos durante su actual mandato y los planes para continuar fortaleciendo la organización.
Durante el encuentro, se espera que el dirigente aborde los retos que aún enfrenta el STASE y las estrategias para mejorar las condiciones laborales de sus miembros. Además, dejará claro su compromiso con la estabilidad del sindicato y con la representación de los trabajadores ante las autoridades estatales.
La decisión abrirá el proceso para un nuevo ciclo electoral dentro del STASE, donde se debatirá sobre la continuidad de su liderazgo, un tema que sin duda generará debate entre los integrantes del sindicato. La reelección de Benítez Uruarte dependerá del respaldo que reciba de los agremiados.