Columna

Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Podemos ayudarlo mejor a evitar la guerra no repitiendo sus palabras y siguiendo sus métodos, sino encontrando palabras nuevas y creando nuevos métodos”, Virginia Woolf
Tiempos traen tiempos
NI VERGÜENZA HAY
La reciente postura de la alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, frente a la denuncia anónima por nepotismo y contratación indebida en su gobierno, revela más de lo que aparenta.
Si bien se pronuncia “abierta” a cualquier investigación y celebra que la ciudadanía se involucre, lo cierto es que sus declaraciones están cargadas de evasivas, insinuaciones políticas y una peligrosa normalización de lo irregular.
Decir que “está bien que la ciudadanía esté atenta” es lo mínimo esperable de cualquier funcionaria pública.
No es un favor, es una obligación constitucional. Pero deslizar, como lo hizo, que estas denuncias probablemente son parte de una campaña política es una estrategia gastada: desviar la atención de los hechos concretos culpando a “la grilla”.
La denuncia anónima que reveló la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, no es poca cosa. Involucra señalamientos de nepotismo, una de las prácticas más nocivas dentro del servicio público.
¿Qué confianza puede tener la población en un gobierno municipal que privilegia vínculos familiares por encima del mérito y la legalidad?
La alcaldesa asegura que el Órgano Interno de Control y la Sindicatura de Procuración ya realizaron investigaciones, y que una ya concluyó.
Sin embargo, no hay detalles, no hay resultados públicos, y se remite a que los ciudadanos “le pregunten al síndico procurador”. Este tipo de respuestas no sólo son insuficientes, sino insultantes. La transparencia no se concede, se ejerce.
Respecto al gasto en flores por el Día de la Mujer —otro caso bajo investigación—, simplemente se limita a decir que el proceso sigue.
Es decir, nada concluyente, y mientras tanto, los recursos públicos siguen siendo usados sin una explicación clara.
Finalmente, minimizar la auditoría del 2025 como un simple trámite obligatorio revela otra capa de despreocupación.
No se trata de que “no les asuste” ser auditados, sino de garantizar que, cuando lo sean, no se encuentren irregularidades. Esa es la verdadera rendición de cuentas.
En un municipio como Guasave, con tantas carencias reales y urgencias ciudadanas, es inaceptable que se tolere el uso político del aparato gubernamental para fines personales o de grupo.
La ciudadanía no sólo debe estar atenta, como dice la alcaldesa, sino exigir con firmeza que se aclaren estas denuncias y que no se escondan detrás del discurso cómodo de la “apertura” sin consecuencias.
El combate al nepotismo no se resuelve con declaraciones tibias. Se enfrenta con hechos, con transparencia y con sanciones ejemplares. Todo lo demás es cinismo disfrazado de institucionalidad, aunque la alcaldesa opte por llamarlo “apertura”.
ENCUENTRO
En un contexto de alta demanda social por mayor seguridad y justicia, el Congreso del Estado de Sinaloa, a través del grupo parlamentario de Morena, sostuvo una reunión de trabajo con la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo, en la que refrendaron el compromiso de avanzar en reformas legales que fortalezcan el sistema de procuración de justicia.
La reunión fue encabezada por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien destacó que la 65 Legislatura ha trabajado activamente para actualizar y perfeccionar el marco jurídico estatal en áreas clave como seguridad pública, justicia penal y derechos humanos.
Subrayó que las reformas impulsadas por el Congreso tienen como base las facultades constitucionales y buscan responder a las necesidades reales de la sociedad sinaloense.
Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la propuesta para tipificar como delito el uso de “ponchallantas” en la vía pública, el endurecimiento de penas por el delito de “halconeo”, la creación de la Unidad de Policía Cibernética e Inteligencia, y la reforma al Código Penal para aumentar las penas por homicidios agravados cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Estos cambios no solo reflejan un diagnóstico preciso de los retos en materia de seguridad, sino que buscan tener un impacto real en la reducción de la impunidad y la mejora de las capacidades institucionales para enfrentar la criminalidad.
Durante el encuentro, las legisladoras hicieron énfasis en la importancia de mantener una colaboración constante entre el Poder Legislativo y las instituciones encargadas de impartir justicia. Coincidieron en que la coordinación entre ambos poderes es indispensable para asegurar que las leyes no solo se aprueben, sino que también se apliquen de manera efectiva.
La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo reconoció el papel fundamental del Congreso en el fortalecimiento institucional mediante reformas legales. Afirmó que estos cambios son necesarios para dotar de herramientas más eficaces a las corporaciones y organismos que enfrentan todos los días la exigencia ciudadana de vivir en un entorno seguro.
El diálogo entre ambas instancias refleja un ejercicio democrático que prioriza la construcción de acuerdos en beneficio de la sociedad sinaloense. En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es un reto permanente, esta apertura para el trabajo conjunto envía un mensaje claro: los poderes públicos pueden y deben caminar en la misma dirección para garantizar justicia, seguridad y paz.
Así, la 65 Legislatura reafirma su responsabilidad institucional y su compromiso con los sinaloenses de continuar legislando con visión, sensibilidad social y eficacia.
REELECCIÓN
La Universidad Autónoma de Sinaloa concluyó este 9 de abril un ejercicio clave de su vida institucional: la jornada electoral para renovar la Rectoría para el periodo 2025-2029.
Con una participación estimada de 150 mil universitarios, el proceso representa un acto fundamental dentro del marco democrático universitario.
Según cifras preliminares, Jesús Madueña Molina encabeza la contienda con 68 mil 787 votos, seguido por Denise Díaz, con 8 mil 446 sufragios. Aunque el conteo aún no finaliza, la tendencia apunta a una eventual reelección de Madueña.

Sin embargo, el resultado oficial se dará a conocer este viernes 11 de abril en sesión del Consejo Universitario, cumpliendo con los tiempos y protocolos establecidos.
Este ejercicio electoral reafirma el compromiso de la comunidad universitaria con la participación activa y la institucionalidad.
La transparencia del proceso, conducido por el Comité de Elecciones, y el seguimiento a cada etapa, abonan a la credibilidad de la UAS como una institución que defiende su autonomía con hechos.
Más allá del resultado, lo destacable es que la Universidad ha demostrado que su estructura democrática está viva, y que el voto, como herramienta de decisión colectiva, sigue siendo el pilar que sostiene la legitimidad de sus autoridades.
EN LA MESA
La confirmación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre una denuncia contra el Ayuntamiento de Ahome por el arrendamiento injustificado de patrullas por más de 100 millones de pesos pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en los gobiernos municipales.
El hecho de que la ASE haya concluido su proceso y turnado el caso a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la posible comisión del delito de ejercicio indebido de la función pública, demuestra que el sistema de control institucional está funcionando, al menos en su etapa inicial.
No obstante, el verdadero reto ahora está en la actuación de la FGE y del Tribunal de Justicia Administrativa para que, de comprobarse las irregularidades, haya sanciones efectivas.
Que esto haya ocurrido durante la gestión de Gerardo Vargas, quien encabezaba el Ayuntamiento en 2021, no es menor.
Habla de decisiones públicas que deben estar debidamente justificadas y sustentadas, especialmente cuando involucran montos millonarios y servicios esenciales como la seguridad pública.
Este caso debe ser una advertencia para todos los entes públicos: no basta con cumplir formalmente con los procesos, sino que se debe garantizar transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La ciudadanía exige resultados, pero también claridad en cómo se ejerce el poder.