Columna

Sergio Sarmiento

En un momento en que el régimen promueve cada vez más la economía informal, como queda de manifiesto en la entrega al comercio informal de áreas amplias del emblemático Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, las acciones contra las empresas privadas se vuelven inquietantemente agresivas.

Un ejemplo es la persecución del Sistema de Administración Tributaria de las empresas maquiladoras que han usado el pedimento V5 para realizar movimientos virtuales de mercancías. El SAT sostiene que estas operaciones, por las que se realiza por medio de una “ficción legal” la exportación y reimportación de mercancías fabricadas en México, constituyen una evasión fiscal. No considera que la propia Secretaría de Economía creó el proceso para evitar una costosa e inútil exportación física de mercancía por unos minutos para dar vuelta en U y regresarla a México. Tampoco toma en cuenta que las operaciones virtuales son reportadas a las autoridades a través del pedimento V5, por lo que es absurdo decir que son un engaño. Lo que busca el SAT es cobrar doble IVA, en el momento de importación y en el de enajenación. La Coparmex ha señalado: “Resulta inaceptable que se pretenda gravar dos veces una misma operación. No puede sostenerse que la misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, generando una carga fiscal indebida”. El SAT está modificando el criterio aplicado durante dos décadas a las maquiladoras, pero además lo está haciendo con dolo. Exige un pago de 44 mil millones de pesos a las empresas, compuesto en buena medida de multas y recargos, cuando estas solo aplicaron un procedimiento avalado por las propias autoridades mexicanas. En vísperas de que la Suprema Corte considere el tema, la Secretaría de Economía ha suspendido la operación de tres maquiladoras en Tijuana y Aguascalientes. Esta persecución contra empresas que actuaron conforme a las reglas definidas por las propias autoridades pone en riesgo miles de empleos.

En Quintana Roo, mientras tanto, el gobierno morenista de Mara Lezama ha optado por la vía penal para tratar de despojar a la empresa Aguakan de la concesión que maneja desde hace años para el servicio de agua potable y alcantarillado de varios municipios. La fiscalía estatal ha girado órdenes de aprehensión contra los apoderados legales de la empresa por el delito de no devolver una concesión que ha operado de manera legal durante décadas. A los apoderados se les acusa de “lavado de dinero” por haber solicitado la ampliación de la concesión tras haber cumplido todos los requisitos legales. Según el gobierno de Quintana Roo, los funcionarios que otorgaron la ampliación no tenían derecho a concederla, pero en lugar de proceder contra ellos denuncian penalmente a los apoderados de Aguakan como una forma de intimidación. Estamos viendo una actitud cada vez más agresiva de los distintos órdenes de gobierno hacia empresas privadas. De nada sirve que operen bajo la ley, que generen empleos, que paguen impuestos. El gobierno piensa que ya ha logrado el cambio judicial que buscaba y que ya puede hacer lo que quiera sin importar lo que diga la ley. No sorprende que, ante estas circunstancias, muchos inversionistas prefieran retirarse. En un país sin garantías jurídicas es difícil invertir dinero. O solo lo harán las empresas que corrompan a los políticos que están tomando las decisiones.
Sin respuesta

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que el consulado general en Nueva York ha respondido en tiempo y forma a la solicitud de asistencia consular del Mayo Zambada. En redes sociales Adrián LeBarón, cuya familia fue masacrada el 4 de noviembre de 2019, nos recuerda que él ha mandado cuando menos ocho cartas de súplica a la Presidencia, pero no le han respondido ninguna.

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