Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) detectó que productores de Sinaloa intentaron cobrar el programas de apoyo extraordinario a la comercialización de maíz de $750 pesos por tonelada usando credencial de elector (INE), facturas falsas y títulos de propiedad alterados.

“Hay casos de defunciones, hay casos de documentos falsos, dentro de los que quedaron no pagados falta definir cuántos expedientes se pueden subsanar. Hay casos donde hubo INE falsas, documentos, título de propiedad que estaban alterados, ese tipo de documentos, ocupamos ver cuales si continuaron, por ejemplo facturas que estaban canceladas. La intención de nosotros es que todo productor que sea elegible entre a pago”, informó.

Está situación retrasó la entrega de pagos a quienes sí cumplieron con los requisitos de la dependencia federal, gracias a qué se tuvieron que implementar protocolos más estrictos para dispersar el apoyo, reveló Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa.

Reveló que entre las irregularidades detectadas se encuentran identificaciones falsas, títulos de propiedad alterados e incluso facturas canceladas.

“Es importante aclarar que estos casos no representan a la mayoría de los productores, pero sí complicaron el proceso de validación de expedientes”, señaló el funcionario.

Segalmex, la instancia encargada de gestionar los pagos, tuvo que detener varios trámites para verificar la autenticidad de los documentos presentados.

Entre las situaciones detectadas, se encontraron productores que intentaron registrar terrenos que no les pertenecían, utilizando documentación alterada, y otros que presentaron INE falsas para suplantar identidades.

“El recurso público es delicado, y estas acciones afectan a quienes realmente necesitan el apoyo y cumplen con las reglas de operación”, añadió.

A pesar de estos inconvenientes, el programa ya registra un avance del 95% en los pagos a los productores de maíz. De los 23 mil inscritos, 22 mil han recibido el apoyo, dejando un pequeño porcentaje que está en proceso de revisión. Para aquellos casos que resulten solventables, el gobierno estatal está gestionando una extensión del programa ante la federación.

El secretario aseguró que se trabaja para identificar cuáles de los expedientes pendientes pueden ser corregidos y cuáles no cumplen con los requisitos legales.

El programa ha significado una derrama económica de alrededor de 2 mil millones de pesos, y los casos de irregularidades han sido canalizados para su revisión detallada.