Por: EL ECONOMISTA
Eduardo Ruiz-Healy
En octubre pasado, las remesas enviadas a México sumaron 5,723 millones de dólares, lo que representa una baja del 1.6% respecto al mismo mes del año anterior. Este descenso, equivalente a 92.8 millones de dólares menos, puede parecer insignificante en un país con una economía de más de 1.3 billones de dólares. Sin embargo, para los millones de familias mexicanas que dependen de estos recursos, representa una grieta en su estabilidad económica y social.
Las remesas, que en 2023 alcanzaron 63,313 millones de dólares, han sido una fuente crucial de ingresos para millones de hogares. Sin embargo, su crecimiento está desacelerándose. En 2025, se proyecta un incremento de sólo 2.7%, mucho menor al 7.8% observado en 2023. En términos reales, esto significa que México recibiría 2,461 millones de dólares menos en comparación con lo que recibió entre 2023 y 2024.
Para dimensionar el impacto de este freno, basta analizar los estados más dependientes de estos flujos: Guanajuato, Michoacán y Jalisco lideran en recepción de recursos, con más de 5,000 millones de dólares cada uno en 2023. En comunidades rurales y semiurbanas, las remesas representan entre 30 y 40% del ingreso familiar. En lugares como Zacatecas y Puebla, aunque en menor medida, también son una fuente esencial de recursos.
Este flujo de dinero no sólo ha sido clave para mejorar la calidad de vida, sino también para reducir la pobreza y financiar educación, salud y vivienda. Su caída podría revertir esos avances. Las remesas son, en muchos casos, el único sustento que permite a las familias acceder a servicios básicos que el Estado no provee adecuadamente. Es aquí donde se refleja la falta de políticas públicas efectivas que reduzcan la dependencia de estos recursos y fortalezcan la economía interna.
La la disminución de las remesas también podría intensificar la violencia. En regiones donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, la falta de oportunidades económicas incrementa el riesgo de que los jóvenes sean reclutados por grupos delictivos. Estas dinámicas subrayan cómo la inseguridad económica y social están profundamente entrelazadas. Ignorar este vínculo sería un error que podría costar caro a todo el país.
La situación también afecta la cohesión social. Las familias que dependen de estos ingresos enfrentan tensiones económicas y emocionales. La falta de dinero genera un clima propicio para conflictos internos, violencia doméstica y un deterioro del tejido social.
Las autoridades deben actuar con decisión. Se necesitan políticas públicas que fomenten la generación de empleo, el fortalecimiento de las economías locales y la creación de alternativas viables para las comunidades más vulnerables. Además, se requiere una mayor inversión en infraestructura educativa y capacitación para reducir la dependencia de las remesas.
La caída de las remesas no es sólo un número en las estadísticas. Es un llamado de atención que no puede ignorarse. Si no se toman medidas oportunas, podría generarse más problemas sociales y económicos. No se trata únicamente de pobreza o inseguridad, sino de un país que, al depender de un flujo externo tan volátil, se expone a un colapso en comunidades enteras si estas transferencias de dinero continúan desacelerándose.
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DIC 4 2024