Columna

Sergio Sarmiento

México sufre un grave problema de vivienda. El “rezago habitacional”, según Edna Elena Vega Rangel, titular de Sedatu, asciende a 8.9 millones de unidades, aunque el concepto “se refiere básicamente a las condiciones de los materiales, de los servicios con los que cuenta la vivienda”, más que a la falta de unidades. Se entiende que el gobierno quiera impulsar la vivienda, pero el camino elegido tiene muchos problemas.

El Programa de Vivienda que presentó el 14 de octubre la presidenta Sheinbaum promete la construcción de un millón de unidades en el sexenio, 500 mil por el Infonavit y 500 mil por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con una inversión de 600 mil millones de pesos. “Durante el período principalmente de Fox y Calderón -dijo–, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos, que muchas de ellas están abandonadas, se habla incluso de 600 mil viviendas abandonadas, o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales.”.
Es cierto que Vicente Fox pecó de ingenuidad al lanzar un costoso programa para construir 750 mil viviendas al año hasta completar 4.5 millones, de las cuales la mitad estarían a cargo del Infonavit y la otra mitad de desarrolladores privados. Ni se construyó ese número de casas ni se habitaron las que se levantaron. Como en tantos casos en que los políticos lanzan grandes proyectos sin atender las realidades del mercado, cientos de miles de casas han sido abandonadas porque se edificaron en lugares sin servicios ni transporte.
Las cosas no funcionaron mejor con López Obrador. El 4 de junio de 2021 el entonces titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, lanzó un Programa Nacional de Vivienda 2021-2024 que ponía “énfasis en los grupos más vulnerables” y establecía “el acceso a la vivienda adecuada como derecho”. Según la actual secretaria, Vega Rangel, el rezago habitacional bajó en 1.5 millones de unidades con López Obrador.
Pero yo tengo otros datos. El Registro Único de Vivienda señala que en cinco años y medio de AMLO se construyeron 735,435 viviendas, 48 por ciento menos que en el mismo período de Peña Nieto, cuando se edificaron 1,415,566. En la vivienda de interés social, con valor máximo de 158,200 UMAs o 660,160 pesos, el desplome fue de 60 por ciento. Alberto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), declaró que el programa tenía una bolsa de 2,300 millones de pesos para reducir en 2.2 millones el rezago habitacional, que en 2021 era de 9.4 millones; pero añadió que la Sedatu decía que el dinero era “para apoyar la autoconstrucción de la población de bajos recursos”. La verdad es que no sabemos qué pasó con el presupuesto. El gobierno prometió bajar el costo de los trámites en cuando menos 25 por ciento para promover un crecimiento de la vivienda de 11 por ciento entre 2021 y 2024, pero todo quedó en promesas (Reforma, 5.08.2024).

Preocupa hoy del Infonavit constructor que esa estrategia ya se aplicó y resultó en pérdidas y corrupción para la asignación de viviendas. Por otra parte, la cartera vencida del instituto ha subido de 7.58 por ciento en 2018 a 18.64 por ciento en agosto de 2024, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la institución. ¡Qué bueno que Sheinbaum quiera impulsar la vivienda! Pero hacerlo con una empresa gubernamental de construcción, con financiamientos de tasa 0 y con burócratas que decidirán dónde edificar es no entender la realidad del mercado.
El fallo

La liberación de Vanessa Ballar, acusada del doble homicidio de Plaza Artz de la Ciudad de México, fue un “sabadazo”, dijo Sheinbaum: “Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial”. Pero el fallo no fue de la justicia federal, sino de una juez de Morelos que determinó que la fiscalía estatal no probó la culpabilidad. ¿Dictará ahora la presidenta todos los fallos del país?
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