Sergio Sarmiento
Desde la oposición Andrés Manuel López Obrador descalificaba siempre al expresidente Felipe Calderón por su militarismo y por su guerra contra las drogas. Ya como presidente, el 23 de agosto de 2019, declaró con burla: “De que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el comandante Borolas: Y ahí declara la guerra”.
Las cosas, sin embargo, no fueron así. Para empezar, nadie declaró la guerra. Desde antes de que Calderón asumiera la Presidencia la violencia del narco en Michoacán se había vuelto atroz. El 6 de septiembre de 2006 un grupo de la Familia Michoacana arrojó cinco cabezas humanas a la pista de baile de un centro nocturno en Uruapan. El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien después sería coordinador de asesores del presidente López Obrador, pedía sin éxito ayuda al gobierno federal. El 10 de diciembre de 2006, 10 días después de tomar el poder, Calderón ordenó el despliegue de 6,500 militares en el Operativo Conjunto Michoacán en coordinación con la policía estatal. Lo acabó de convencer el que integrantes de la Familia Michoacana en el penal de Mil Cumbres, Morelia, habían secuestrado y degollado a sus propios abogados de oficio, estudiantes de derecho.
López Obrador confunde ese momento con otro. El 3 de enero de 2007 Calderón acudió al cuartel de la 43ª zona militar en Apatzingán. No llevaba chaleco, pero sí una camisola militar cuyas mangas, efectivamente, le quedaban largas. Si bien le habían advertido de los riesgos de ir a Apatzingán, él quiso “compartir el rancho” con 250 militares. El gobernador Cárdenas Batel le agradeció “las operaciones emprendidas contra el narcotráfico”.
La guerra no declarada fue, como sabemos, un fracaso. Los plantíos destruidos, las drogas incautadas, el dinero confiscado y los delincuentes detenidos o abatidos no redujeron ni el consumo ni el comercio de las drogas. La violencia, en cambio, se disparó. En 2006, último año de Fox, hubo 10,452 homicidios dolosos; en 2012, último de Calderón, 25,967. El propio Calderón reconoció el fracaso cuando declaró, el 26 de agosto de 2011: Si los estadounidenses “están decididos y resignados a consumir drogas, [que] busquen entonces alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales”. En 2012 pidió a la ONU cambiar el “enfoque prohibicionista en materia de drogas”.
Pese a sus posiciones anteriores, López Obrador ordenó como presidente una militarización total de la seguridad pública. El 30 de enero de 2019 declaró: “Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”. Sin embargo, el secretario de defensa, Luis Cresencio Sandoval, anuncia periódicamente detenciones y abatimientos, aseguramientos de drogas, incautaciones de laboratorios y propiedades de narcos.
Este 26 de enero el presidente declaró que lanzaría una iniciativa para “prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo, así directo”. Si bien hay razones para pensar que el fentanilo ya está prohibido para usos recreativos, la prohibición en “directo” podría llevar a la desaparición del fentanilo médico, crucial para la anestesia en enfermedades dolorosas, y generar más tráfico ilegal y mayor violencia.
Quizá el presidente del “prohibido prohibir” debería estudiar los daños que la prohibición ha causado. También podría recordar el Reglamento Federal de Toxicomanías del general Lázaro Cárdenas, para quien el consumo de drogas era un problema de salud pública y no de prohibiciones y castigos.
Indulto
“Apelando, pues, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto”. Esto lo pidió Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado en 1994. “Este ya es un asunto muy manoseado” por quienes reciclan “el tema para sacar raja política”. El indulto, a propósito, significa reconocer la culpabilidad de Aburto.
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