Sergio Sarmiento

El 22 de diciembre de 2023, ya con los festejos de Navidad encima, el Congreso de Quintana Roo aprobó una iniciativa que abrogaba un decreto que había extendido la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la empresa Aguakan en varios municipios del norte del estado. Pero resulta que esta concesión se extendió en 2014. Nueve años después los legisladores se dieron cuenta de que no se había hecho de manera adecuada. Hicieron también una “consulta pública”, de esas que acostumbra la 4t. Solo que una concesión no puede cancelarse por una consulta. Tampoco el congreso tiene facultades para cancelar una concesión.
En realidad, se trata de un intento del gobierno de Quintana Roo de apropiarse de una concesión que ha venido operando con buenos resultados desde 1993. Los sistemas de agua manejados por Aguakan pasaron de dar servicio a una población de 36 mil a 463 mil en la actualidad. Todo sistema masivo de servicio al público tendrá inevitablemente fallas y cuestionamientos, pero a pesar de que en 2023 Aguakan tuvo que hacer trabajos importantes de infraestructura por la construcción del Tren Maya, la cual provocó también fallas en el servicio eléctrico, de enero a noviembre del año pasado solo se registraron en la Profeco 73 quejas por su servicio. Es un número notablemente bajo.
Los políticos que han impulsado este intento de confiscación afirman que las tarifas son muy altas en comparación, por ejemplo, con Mérida. Pero no solo están en la media nacional, sino que las fija el propio gobierno. Mérida, por otra parte, solo proporciona el servicio de agua, pero no da tratamiento al líquido, a pesar de que esto lo exige la NOM-001-Semarnat. Mantener tarifas demasiado bajas, por otra parte, descapitaliza los sistemas, sacrifica la disponibilidad futura de agua y hace imposible la construcción de plantas de saneamiento.
Este intento de confiscación forma parte de los esfuerzos de algunos políticos por tomar control de servicios públicos para apoderarse de su flujo de efectivo. Piensan que no importa pasar por encima de los derechos de las empresas. En este caso, sin embargo, afectarían también a los trabajadores que tienen recursos en Afores. Varios fondos de pensiones detentan más del 50 por ciento de las acciones de Aguakan. Y sí es una confiscación, porque no se cumplen los requisitos ni se contempla la indemnización multimillonaria que habría que hacer para una cancelación legal.
Las empresas privadas suelen hacer un mejor trabajo en el manejo de los servicios públicos, como el agua, que los políticos. Y hay razones para ello. Una empresa privada cuidará siempre su viabilidad financiera. Esto es muy importante en el caso del agua porque deben hacerse inversiones de muy largo plazo. Los políticos, si no se roban el recurso o lo desvían a gastos electorales, establecen tarifas que no permiten la recuperación de costos y capitalización. Lo que a un político le interesa es el siguiente puesto público, pero esos puestos no se ganan con tarifas realistas. Ningún sistema es perfecto, pero el mejor es uno en el que la operadora es privada mientras que el gobierno regula y supervisa. El gobierno no debe vigilarse a sí mismo. Como parte de las regulaciones debe incluirse la obligación de dar tratamiento a las aguas residuales.
Supongo que, como cualquier empresa, Aguakan puede mejorar, pero confiscar su operación tras haber invertido miles de millones de pesos es el tipo de medidas que ahuyentan la inversión y provocan pérdidas a toda la sociedad. Afortunadamente un tribunal federal ha otorgado a Aguakan una suspensión definitiva contra el despojo inmediato, pero el proceso de fondo continúa.
Conspiración
Tiene razón AMLO cuando dice que gente de su propio gobierno conspiró para liberar a los homicidas de los normalistas de Ayotzinapa para luego convertirlos en testigos colaboradores. Fue su propio fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien del GIEI saltó a la FGR.
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