Sergio Sarmiento

presidente quiere más poder, todo el poder. Este 19 de enero reiteró que busca desaparecer los organismos autónomos, los cuales se “crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. Estos organismos los crearon para proteger esos intereses. Como ya cambió la política, ya no queremos ese poder fáctico, dual, paralelo. No queremos un poder formal y uno real, uno de hecho, como era antes, y otro de derecho, ya no”.

Ah, pero esos organismos serán eliminados “sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos, que obviamente están en contra de eso: van a dejar sin trabajo. No, no, no, no vamos a despedir a nadie”. Si los organismos autónomos desaparecen y los “trabajadores de base” siguen haciendo las tareas de siempre, ya no lo harán bajo jefes autónomos, sino con superiores obedientes a las instrucciones del presidente.

Las dependencias del ejecutivo se encargarán en el futuro de las funciones que hoy realizan los autónomos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como dice el presidente, se encargará de “la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios”. En lugar de que exista un árbitro independiente, el ejecutivo tomará las medidas que quiera; si algún regulado objeta, tendrá que recurrir a la misma secretaría para cuestionar la decisión. Sí, el gobierno será juez y parte.

El propio mandatario ha reconocido que con esta medida busca concentrar más el poder. Quien tendrá la primera y la última palabra será siempre el poder ejecutivo, “que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular, que el presidente”.

Tiene razón López Obrador cuando dice que la razón de ser de los organismos autónomos es defender los “derechos de los particulares”. Para eso fueron creados, para impedir que el Estado desconozca las garantías individuales y abuse de los particulares. Al contrario de lo que piensa el presidente, los gobernados tenemos derechos. Un régimen en que el gobernante tiene todas las facultades y los gobernados ningún derecho, o en que el gobernante solo respeta las garantías que quiere, no es un verdadero estado de derecho, sino una dictadura.

Los organismos autónomos son importantes para mantener las libertades en un Estado moderno, por eso existen en todos los países desarrollados. El poder judicial es quizá el más importante porque asegura que la persona pueda obtener justicia, aun frente a los designios del gobernante. Las fiscalías reemplazaron a las viejas procuradurías con el propósito de ser autónomas, aunque la Fiscalía General de la República y la de la Ciudad de México han abdicado de esa autonomía. El Instituto Nacional Electoral garantiza que haya elecciones justas, no dominadas por el gobierno como sucedía en los tiempos del partido hegemónico. El Instituto Nacional de Acceso a la Información defiende el principio de que la información del gobierno es propiedad de los gobernados y no de los políticos.

Muchos más organismos autónomos operan actualmente en México y los países democráticos. Parten de la convicción de que el Estado no es propiedad de un político por haber ganado una elección, sino de la sociedad. López Obrador se sirvió de estas instituciones autónomas para alcanzar el poder, cosa que no habría logrado en el México de la “dictadura perfecta”, pero hoy quiere negar a los particulares los derechos que él mismo aprovechó para llegar a la Presidencia de la República.

Azucena Uresti construyó una sólida reputación como periodista independiente, pero ahora dejó el noticiario estelar de Milenio TV “dadas las circunstancias actuales”. AMLO dice que él no la censuró y Milenio afirma que fue un acuerdo porque se irá a un noticiario de radio. Solo que desde hace años combinaba radio con televisión.

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